Así inunda Montenegro con basura tóxica una comarca de Huelva

La llegada masiva de residuos tóxicos desde la República de Montenegro al vertedero de Nerva (Huelva) ha levantado una oleada de protestas. Todos los partidos políticos y todos los municipios aledaños a esta localidad han expresado su rechazo a que Nerva se convierta en “el retrete tóxico de Europa”. Sin embargo, las protestas contra este vertedero vienen de muchos años atrás, que arrastra un largo historial de incidentes ambientales y de peticiones de clausura.

Los hechos comenzaron con la llegada, días pasados, al puerto de Sevilla de dos barcos cargados con 14.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes del desmantelamiento del astillero de Bijela, en la citada república montenegrina. Este material debe quedar almacenado en este controvertido recinto, que ya atesora una gran cantidad de residuos tóxicos de toda índole.

Ecologistas en Acción ha denunciado que, procedentes de ese mismo astillero, ya fueron enterradas en Nerva durante 2019 "cerca de 40.000 toneladas de residuos clasificados como aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos, sustancia peligrosa con código de la Lista Europea de Residuos LER” y contienen antimonio, berilio, cadmio, plomo, selenio y teluro".

La entidad añade que el Gobierno español "no autorizó inicialmente" la importación de las 70.000 toneladas restantes, pero, con "el consentimiento de la Junta de Andalucía, acabó autorizando en la primavera de 2021 que se traigan y entierren en el vertedero que está situado a 800 metros del pueblo onubense de Nerva: 30.000 nuevas toneladas de las mismas características a las ya enterradas en 2019, y otras 40.000 toneladas de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas (código LER 17 05 03*), a las que en el Convenio de Basilea les corresponde el código A3180, es decir, sustancias contaminadas con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB)".

Rechazo de los alcaldes

Los alcaldes de la Cuenca Minera de Huelva se han unido bajo el lema «la unión hace la fuerza», según un comunicado conjunto en el que se informa de que estos regidores se posicionan en contra de lo que consideran un trato «vejatorio y vergonzoso» por parte de las autoridades competentes (en este caso, la Junta de Andalucía, quien ostenta las competencias en materia de residuos industriales, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable a nivel estatal) hacia su salud y calidad de vida.

Los pueblos de esta comarca son Nerva, Minas de Riotinto, Berrocal, Campofrío, El Campillo, La Granada de Río-Tinto y Zalamea la Real.

Los siete consistorios mineros han recalcado que participarán en las acciones pertinentes para dejar patente el rechazo y la disconformidad más absoluta hacia la llegada masiva de estos residuos.

«No vamos a permitir que se siga castigando y maltratando» a la comarca, han recalcado, un territorio en cuyos últimos años «ha prosperado el sector industrial y el turismo se encuentra en auge», añade el comunicado.

El futuro de la comarca, han señalado los representantes onubenses, «depende de todos y todas» y «no vamos a claudicar ante injusticias de tal calibre, por eso, instamos a las instituciones competentes a actuar con celeridad».

El Ayuntamiento de Nerva ha manifestado que únicamente tiene competencias en materias urbanísticas, pero no medioambientales, y ha señalado que “el órgano sustantivo del que depende la instalación es la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible” y “después, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, dado que es “quien autoriza la llegada de los residuos extracomunitarios, con un informe previo favorable de la Junta de Andalucía”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que el vertedero de Nerva “debe ir clausurándose de manera progresiva, aunque buscando un alternativa, porque el propio municipio lo sigue necesitando”.

Proyecto de ampliación

Estas afirmaciones contrastan con los proyectos de ampliación de este vertedero de residuos tóxicos emprendidos por la Junta de Andalucía. De hecho, hace solo dos años más de veinte colectivos de la provincia se manifestaron en contra de la ampliación que tramitaba la Junta, en pleno periodo de confinamiento por la pandemia.

El gobierno autónomo sacó a información pública esta ampliación para permitir aumentar la superficie de áreas del vertedero ya colmatadas, lo que despertó una avalancha de críticas.

Los colectivos que protestaron ya entonces contra ese proyecto exigieron a las administraciones competentes "la clausura del vertedero tras 25 años arrastrando una larga trayectoria de accidentes, incendios y vertidos ilegales", e instaron a la Junta a no autorizar su ampliación.