Madrid empieza a controlar los menús de las residencias privadas de mayores con dos auditorías al año

Tras repetidas polémicas en la pasada legislatura por la mala calidad de la alimentación que reciben los mayores en algunas residencias de la Comunidad de Madrid, caducada o con moho en algunos casos, el Gobierno regional ha decidido que las auditorías son una solución para no tener que enfrentarse de nuevo a denuncias similares. Y van a empezar a hacerlo en los centros de gestión privada de la región, donde hasta ahora no existían estas inspecciones por los menús que se sirven a los residentes.

De esta forma, las auditorías se extienden a las cerca de 500 residencias que existen en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, explican en la Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales, estos controles alimentarios se realizaban "hasta tres veces al año en los 25 centros de gestión directa", donde explican que ya aplicaban su propio sistema. El contrato de 10,1 millones de euros autorizado en el Consejo de Gobierno de esta semana indica que la empresa adjudicataria debe realizar 1.000 auditorías al año, es decir, hasta dos controles anuales en cada uno de los centros de la Comunidad. De esta forma, explican en la consejería responsable, se realizarán hasta cinco inspecciones anuales en los centros de gestión directa cuando se sumen estas dos "adicionales" y dos en los privados y concertados.

La previsión es que comiencen a partir de este verano y de momento el contrato se extiende hasta 2027. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha explicado que los trabajos incluirán un análisis del "equilibrio dietético de la alimentación" de los mayores, atendiendo las necesidades de cada uno de ellos. El contrato también incluye el control higiénico-sanitario de las instalaciones, la forma en la que se preparan las comidas y que, por último, se añadirán encuestas de satisfacción para completar la auditoría. La empresa adjudicataria también tendrá que definir un procedimiento de comunicación de alertas para cuando se detecten casos de carácter grave.

La oposición sigue alerta

Los grupos de la oposición han criticado duramente ante los medios y en la Asamblea de Madrid cada uno de los casos de residencias que han servido comida caducada o en malas condiciones. Tanto Más Madrid como PSOE han denunciado durante toda la legislatura que la inversión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los servicios de alimentación de estos centros era insuficiente, censurando que apenas 5 euros al día por persona para la suma de todas las comidas de la jornada solo podía tener como resultado un "pésimo" resultado".

"Bienvenidos sean estos 10 millones para mejorar la calidad de la alimentación en las residencias" aplaude la diputada de Más Madrid Alodia Pérez, que a su vez reprocha que "este movimiento" de la Comunidad deja en "evidencia" la necesidad que había de un mayor control de la alimentación de los centros "a pesar de las múltiples veces que el Gobierno lo ha negado". "Era evidente que menos de 5 euros por residente y día era una miseria", señala, y advierte de que su formación seguirá controlando la calidad de los menús "a través de los usuarios" y que volverán a denunciar cada "episodio de comida en mal estado" que detecten.

Algo similar dicen en el PSOE. El portavoz adjunto, Jesús Celada, celebra que el Gobierno regional haya decidido dar este paso, pero lo considera insuficiente y lamenta la forma de hacerlo. Precisamente este jueves los socialistas llevan al Pleno una moción para pedir y proponer medidas para la mejora del servicio general de las residencias, en cuyo texto se reclama que esto se haga "en coordinación" con los ayuntamientos para que sean estos los que "inspeccionen con una periodicidad trimestral" la calidad de los alimentos y del agua. "Apoyamos todo lo que sea mejorar los controles", afirma, pero cree que "sería mejor sumar esos diez millones a los 26 que se gastan en alimentación".

Según ha explicado García, los resultados de las auditorías servirán para elaborar los planes y acciones de corrección correspondientes. Esta medida se suma al nuevo contrato aprobado recientemente por la Comunidad para incrementar un 25% el precio del menú en los centros de gestión pública que dependen de la Agencia Madrileña de Atención Social. Aquí es donde se invierten los 26 millones a los que hace referencia el PSOE y que le siguen pareciendo insuficientes.

Este contrato ha sido igualmente polémico porque Femar, empresa sancionada por servir comida en malas condiciones en distintas residencias, interpuso un recurso que le permite volver a ser adjudicataria del servicio.