Madrid cambia el Plan Reviva para impulsar la recuperación de vivienda vacía para alquiler asequible

De los 21 distritos que conforman Madrid, solo uno tiene el alquiler por debajo de los 1.000 euros: Villa de Vallecas, donde el precio medio se sitúa en 926 euros. En todos los demás, el coste de alquilar supera la barrera del millar - en algunos, por mucho- y los precios han subido hasta un 44% en los últimos tres años. La situación del alquiler en la capital es cada vez más complicada, especialmente para los más jóvenes y otros colectivos vulnerables. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido modificar e impulsar el Plan Reviva para hacerlo "más atractivo para propietarios y arrendatarios".

El objetivo de la medida es recuperar la vivienda vacía que existe en la capital y ponerla en circulación como alquiler asequible, con unas condiciones que benefician tanto al propietario como al inquilino, tal y como explica el Consistorio en una nota. De esta forma, el Gobierno presidido por José Luis Martínez-Almeida mantiene su apuesta por buscar alternativas a la regulación de los precios del alquiler. Recordemos que la Comunidad de Madrid se ha negado a aplicar los mecanismo de la Ley de Vivienda estatal que permiten declarar zonas tensionadas a determinados municipios y limitar los precios.

El cambio más importante aprobado es la eliminación del requisito que obligaba a las viviendas a estar desocupadas al menos nueve meses antes de incorporarse al programa. Los inquilinos, por su parte, podrán beneficiarse de precios entre un 15 y un 20 por ciento por debajo del mercado, y nunca pagarán más del 30% de su salario. Junto con estas modificaciones, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de promoción con el eslogan: ‘¿Alquilas tu vivienda? El Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo’.

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Adelanto de las reformas y gestión del alquiler

Con esta idea en mente, el Ayuntamiento ha mejorado las condiciones del Plan Reviva, de manera que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) pase a realizar una gestión integral del alquiler. Gestión que engloba todos los trámites administrativos y jurídicos y permite que el propietario se despreocupe totalmente de todo desde el momento que firma la cesión.

Así, la empresa municipal se hace cargo de los gastos de la comunidad de propietarios, del seguro de hogar, las reparaciones ordinarias y del IBI. Además, todos los gastos relativos a la cesión, tanto la Plusvalía como la inscripción en el Registro de la Propiedad, son a cargo de la empresa municipal. 

Asimismo, si el piso necesita obras, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid adelanta el coste de las obras hasta 45.000 euros al 0% de interés, y se hace cargo del IVA de las mismas. Este anticipo se irá descontando poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario. La cantidad a descontar se establece teniendo en cuenta la duración del contrato de usufructo: mínimo 5 años hasta un máximo de 10 años.

Hasta la fecha, destaca el Consistorio, todas las viviendas incorporadas al plan han hecho reformas: más del 50% ha realizado obras por hasta 8.000 euros; mientras que el 32% ha realizado una integral, de hasta 45.000 euros.

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Mejora en las condiciones para propietarios e inquilinos

La EMVS ha aprobado una seria de modificaciones en las bases regulatorias del programa. De cara a los propietarios, el cambio más significativo es la eliminación del requisito que obligaba a las viviendas a estar desocupadas al menos nueve meses antes de incorporarse al programa. Además, se eleva a cinco el mínimo de años que la vivienda debe cederse en usufructo y se limita a cinco el número de viviendas que puede ofrecer cada interesado, si bien este límite no aplica si las viviendas que se aportan son las denominadas viviendas de uso turístico. 

Por lo que respecta a los inquilinos, deberán tener unos ingresos ponderados entre 3 y 5,5 veces el IPREM, se beneficiarán de precios entre un 15 y un 20 por ciento por debajo del mercado, y nunca pagarán más del 30% de su salario. Asimismo, la empresa municipal otorgará una ayuda económica, con un importe máximo de 900 euros, a los menores de 35 años, mayores de 65 y otros colectivos vulnerables, como las personas dependientes o las familias monoparentales.