La "detección de material radiactivo" reactiva la polémica en torno a la fundición Corrugados de Getafe

El pasado 13 de septiembre, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibió una notificación de la fundición metalúrgica Corrugados, ubicada en Getafe, tras detectar el día anterior la "fusión accidental de una fuente radiactiva de Cesio-137" en uno de los hornos de la acería. Inmediatamente, el CSN activó sus protocolos de vigilancia radiológica y se personó en la planta para revisar las instalaciones, comprobando que "solo estaba afectado el sistema de depuración de polvo de humo, no estando contaminado ni el acero producido ni el resto de la instalación, ni ninguna zona exterior de la misma".

No obstante, algunas partes del interior de la instalación sí se vieron afectadas, "en concreto el sistema de depuración de polvo de humo", por lo que el CSN decretó la paralización de la producción de la planta. El 4 de octubre, el Pleno del organismo regulador aprobó el plan de limpieza y descontaminación presentado por la compañía y le permitió comenzar "con la gestión del material contaminado radiológicamente". Asimismo, el CSN notificó al Ministerio de Transición Ecológica, a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y a Protección Civil de la Comunidad de Madrid sobre las "acciones urgentes" que debía llevar a cabo Corrugados para proteger a los trabajadores, a los residentes y al medio ambiente. Entre dichas medidas, se incluía la obligación de "realizar un análisis radiológico a aquellos trabajadores que han estado en las zonas contaminadas de la instalación".

Dos semanas después, el pasado jueves, el Consejo autorizó a Corrugados a realizar pruebas con 40 coladas bajo la vigilancia de sus técnicos. Una vez finalice el proceso de limpieza, y si se ratifica la "ausencia de contaminación", la empresa deberá solicitar una nueva autorización para reactivar la producción industrial. El 20 de septiembre, la fundición presentó un ERTE "por fuerza mayor" a la Comunidad que está previsto que finalice el próximo 29 de octubre. Durante este tempo, la acería ha mantenido su actividad en tres de las cuatro secciones de la fábrica (entrada de chatarra, laminación y expediciones), "al no haber ningún riesgo para la salud del personal", según explica Corrugados en un comunicado.

Tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como los responsables de Corrugados aseguran que el suceso no ha tenido ninguna repercusión sobre el medioambiente ni sobre la salud de los trabajadores ni de los residentes cercanos. De acuerdo con la compañía, "el buen funcionamiento de los sistemas y controles" permitió detectar el material radiactivo antes de que saliera de las instalaciones. Sin embargo, el incidente ha reactivado la preocupación del Ayuntamiento de Getafe y de los vecinos de la zona, que llevan años denunciando problemas de ruidos, olores y emisiones contaminantes provenientes de la fundición, y reclamando a la Comunidad de Madrid una regulación más restrictiva. De hecho, la Plataforma de Afectados por Corrugados Getafe, que aúna a varias asociaciones vecinales y otras entidades, había convocado una manifestación el pasado jueves para reclamar explicaciones que tuvo que ser suspendida por las intensas lluvias.

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Años de incidentes y polémicas

La detección de material radiactivo es el segundo incidente grave en los últimos meses vinculado con Corrugados. En septiembre, el Ayuntamiento de Getafe alertó de que la fundición podría estar realizando vertidos de agua al saneamiento con "niveles superiores" a los límites permitidos que marca la Autorización Ambiental Integral (AAI). A tenor de estos dos hechos, el Gobierno municipal ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente "más información al respecto", además de reclamar "las sanciones que la Comunidad de Madrid piensa aplicar y las soluciones inmediatas para evitar este perjuicio a la ciudadanía y la biodiversidad de la ciudad". 

Más allá de estos dos sucesos recientes, el Ayuntamiento lleva desde 2015 protestando contra los "incumplimientos" de la fundición. "Tenemos problemas con Corrugados de emisiones a la atmósfera, inmisiones, ruidos y olores desde hace años; en septiembre denunciamos también vertidos al saneamiento y ahora lo de la radiación", señalan fuentes del Consistorio, que afirman que se enteraron de esto último a través de la plataforma vecinal y reclaman a la Comunidad una autorización ambiental más restrictiva para que la actividad de la planta no afecte a la población.

La Autorización Ambiental Integrada (AAI), que es la regulación que permite operar a la planta, lleva en proceso de revisión desde junio, cuando el Gobierno regional decidió atender las quejas vecinales. El Ayuntamiento getafense ha presentado alegaciones en dos ocasiones distintas, proponiendo una serie de medidas para reducir el ruido y los olores, y mejorar la gestión de residuos; así como un estudio del impacto de las emisiones sobre la población, entre otras cuestiones. En la nota publicada entonces, el Consistorio afirmó incluso que "denunciará a la Comunidad de Madrid en caso de que continúe la indefensión vecinal y los incumplimientos".

Desde la Consejería de Medioambiente, por su parte, afirman que la Comunidad de Madrid "cumple estrictamente sus competencias en materia de evaluación, seguimiento y disciplina ambiental". Fuentes del área explican que el Gobierno regional abrió un expediente a Corrugados en septiembre tras recibir la denuncia del Área de Control Integrado de la Contaminación (ACIC) por los vertidos al saneamiento. Previamente, el 20 de abril de este año, el departamento realizó una inspección a la planta en que la que se detectaron " emisiones no canalizadas" (columna de humo denso de color amarillo), por lo que iniciaron otro expediente "que va a proponer una sanción económica". Asimismo, aseguran que les consta que "se producen superaciones en sólidos en suspensión y en hierro" y que "anteriormente se habían producido sanciones ante incumplimientos constatados por ruido, emisiones y superación de valores límite de vertidos".

Décadas de lucha vecinal

En medio de este cruce entre la administración municipal y regional, los vecinos de Getafe prosiguen con su lucha de décadas contra la planta. La Plataforma de Afectados por Corrugados Getafe reúne a varias asociaciones vecinales, entre ellas la de Juan de la Cierva y Los Molinos, los barrios más cercanos a la fábrica; al AMPA del CEIP Miguel de Cervantes, también próximo a las instalaciones, y a Ecologistas en Acción. Según ellos, fueron los primeros en alertar públicamente del incidente radiactivo después de que una empresa externa, la encargada de la recogida de residuos, "lo hubiera detectado en los silos de las escorias blancas" y les hubiera puesto sobre aviso. Para los representantes vecinales, se trata de la "gota que colma el vaso" tras años de polémicas.

La fundición de Corrugados se remonta a los años 40. A lo largo de las décadas, las zonas residenciales se han ido expandiendo a su alrededor y la fábrica ha ido cambiando de manos. Desde 2020 pertenece a C.L. Grupo Industrial, un conglomerado de empresas de origen extremeño que opera a nivel nacional e internacional. Fuentes de la nueva propiedad afirman que la planta cumple con la AAI desde 2017, cuando la Comunidad le dio un plazo de tres años para regularizar su situación. De acuerdo con la compañía, Corrugados "ha pasado todas las auditorías externas realizadas" y se "ajusta a todas las regulaciones". Comprenden las protestas vecinales, pero consideran que ellos "están haciendo su parte". En 2021 llevaron a cabo un "plan de minimización de ruidos" en el que invirtieron un millón de euros y el 13 de octubre de 2022, una inspección de olores de la Comunidad "descartó que se superasen los niveles". Su intención, subrayan, es "hacerlo lo mejor posible para todos", "adaptarse a la normativa" y "garantizar la seguridad y la calidad de vida de todos". No obstante, sobre los dos expedientes abiertos por la Consejería de Medio Ambiente este año prefieren no hacer declaraciones.

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Según Miguel Martín, uno de los portavoces de la plataforma vecinal, la realidad es otra. Afirma que la planta "está obsoleta" y arrastra un largo historial de polémicas e incumplimientos. En su opinión, Corrugados no ha ejecutado el plan de minimización de ruidos y "el ruido supera los 70 decibelios, especialmente por la noche" (cuando el límite es de 50 en el caso menos restrictivo). También que es un foco continuo de "malos olores", que "caen partículas metálicas" en los alrededores y que se "acumulan residuos" en las instalaciones, entre otros hechos que "pueden suponer un riesgo para la salud" de los residentes y de los propios trabajadores.

El representante asegura que no quieren el cierre de la planta, sino que se "cumpla con la normativa y se garantice la seguridad". En este sentido, critica que la Comunidad no responda a los requerimientos de la plataforma para recrudecer la regulación en la nueva AAI y que rechaze reunirse con ellos. Asimismo, lamenta que el Ayuntamiento de Getafe "no se posicione más claramente" con los vecinos y que unos y otros "se pasen la pelota", cuando "ambos tienen competencias" en el asunto. Por todo ello, tras la obligada cancelación de la convocatoria del pasado jueves, los afectados por la fundición volverán a manifestarse en "aproximadamente 15 días", cuando obtengan los permisos necesarios.