Archivada una querella contra Marchena porque su actuación "en modo alguno puede tildarse de prevaricadora"

El Tribunal Supremo ha archivado la querella que presentó el exjuez Fernando Presencia, en la actualidad en prisión, contra el presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, y otros trece magistrados, según especifica un auto del pasado 7 de julio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Presencia acusaba a la cúpula judicial española de prevaricación judicial y otros delitos por inadmitir mediante una providencia de 21 de noviembre de 2022 el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo que le condenaba a dos años y diez meses de prisión por los delitos de denuncia falsa y de calumnias con publicidad y contra la autoridad.

Sin embargo, la Sala Especial del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que es la competente para la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de Sala o los magistrados, ha concluido, tras analizar la querella y los hechos denunciados, que la providencia de 21 de noviembre de 2022, por la que se inadmitió el recurso de casación, "se acomodó plenamente a la regulación legal del recurso de casación penal, por lo que, en modo alguno, puede tildarse de prevaricadora".

"Tampoco concurre el delito de prevaricación imputado al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena", prosigue el auto del Tribunal Supremo, "por haber dictado por sí solo la providencia de 23 de diciembre de 2022, ya que la misma se acomoda a las previsiones legales contempladas en el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)".

Varios delitos

El exjuez Presencia, que fue detenido el pasado 28 de junio tras negarse a declarar en la Audiencia Nacional, había interpuesto el 28 de febrero una querella contra Manuel Marchena, pero también contra otros trece magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quienes acusaba de prevaricación, injurias, delito fiscal y blanqueo de capitales.

El exjuez también incluyó en sus denuncias a dos letrados de la Administración de Justicia del alto tribunal (delito de falsedad), a una fiscal del Supremo, al fiscal de sala jefe de lo Penal del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa Villa; a un magistrado de la Audiencia Nacional; al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; y a la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo.

La querella, que se presentó en nombre de Presencia y de la Asociación contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública (Acodap), acusaba a Marchena de ser el responsable de un comunicado que fue emitido por el Tribunal Supremo el 9 de junio de 2022 en el que se alertaba de la preocupación de los magistrados de la Sala de lo Penal por la publicación de una serie de noticias en las que se les imputaba "falsamente, al menos a nueve de ellos, la titularidad de dinero oculto en paraísos fiscales".

Expulsado de la carrera judicial

Presencia se presentaba como juez -a pesar de haber sido expulsado de la carrera judicial- y realizaba las denuncias desde la asociación Acodap, sobre la que el comunicado del Tribunal Supremo apuntaba que "podría estar el servicio de una estrategia generadora de información falsa que pudiera ser utilizada para denigrar a las personas o instituciones".

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que envió de forma preventiva a prisión a Presencia, sostiene que la asociación fue creada por el exjuez para "ganar dinero mediante aportaciones de personas que eran engañadas". En concreto, el magistrado Joaquín Gadea concluyó que tras perder en 2016 su condición de magistrado, "malogró su principal fuente de ingresos", por lo que "ideó una estructura criminal con la que obtener los fondos para sus gastos".

Por su parte, el exjuez expulsado considera que la nota de prensa que atribuye a Marchena impulsó la apertura de la causa contra él en el Juzgado Central de Instrucción número 6 por los delitos de injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado, estafa, organización criminal y blanquero de capitales.