La Audiencia Nacional envía a prisión al exjuez Presencia al apreciar riesgo de fuga

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha ordenado el ingreso en prisión del exjuez Fernando Presencia por dirigir presuntamente una organización encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de sus colaboradores más cercanos mediante la difusión de noticias falsas. El magistrado aprecia riesgos de fuga y de reiteración delictiva en la actuación del exjuez.

En un auto, Gadea sitúa a Presencia en el vértice de dicha organización y explica que al perder en 2016 su condición de magistrado este también malogró su principal fuente de ingresos. Y esta coyuntura movió al investigado, prosigue la resolución, a idear una estructura criminal con la que obtener los fondos para sus gastos.

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Gadea recuerda que el investigado no compareció este miércoles al llamamiento judicial “evidenciando su intención de obstaculizar la labor judicial”. El magistrado también hace constar que, después de escuchar al exjuez en su declaración tras ser detenido por la Policía, Presencia "sigue creyendo que es magistrado en activo".

"Un halo de impunidad"

“Resulta llamativo contemplar el aplomo en el que se sostiene esta posición, pese a las dos sentencias condenatorias que ya han recaído, sin que se sienta mínimamente vinculado al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dice lo contrario. Lo más llamativo es que une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una asociación que pretende luchar contra la corrupción”, completa Gadea.

Como afirmaba el Ministerio Público en su comparecencia, prosigue Gadea, Presencia "se cobija" en la condición de magistrado para buscar "una inmunidad, que no ostenta ni el Jefe del Estado, y pretende eludir cualquier clase de responsabilidad cubriéndose con el manto de su condición de magistrado".

Petición fiscal

La Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión sin fianza del exjuez Presencia, que ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional tras ser arrestado por la Policía por no presentarse el miércoles a su cita con el juez Gadea. Se le imputan hasta ocho graves delitos, entre los que se incluyen el de integrar una organización criminal, estafa o contra altas instituciones del Estado.

El que fuera juez decano en Talavera de la Reina (Toledo), que tras ser expulsado de la carrera montó la Asociación contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública (ACODAP), está acusado de presentar denuncias falsas contra magistrados del Tribunal Supremo y otras autoridades. También se le acusa de utilizar la citada asociación para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creían que luchaban contra la corrupción.

La Fiscalía le atribuye indiciariamente todo un rosario de delitos: contra el honor,  contra las altas instituciones del Estado, de organización criminal, estafa agravada o apropiación indebida, falsedad, asociación ilícita, blanqueo de capitales y frustración de ejecución. Interesa su ingreso en prisión por riesgo de fuga, ocultación de fuentes de prueba y riesgo de comisión de nuevos hechos delicitivos.

Prisiones

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 le investiga junto a otras personas vinculadas con la misma organización. Este miércoles acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza tres de ellos que sí habían comparecido tras ser citados, al igual que Presencia, en calidad de envestigados --Alberto y Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa--. En su caso, se apunta a posibles delitos de estafa, apropiación indebida, asociación ilícita y organización o grupo criminal.

Según Gadea, la investigación permite afirmar que se está ante "una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas".

Según el instructor, y bajo la cobertura Acodap, los Presencia, Alberto Royuela y su hijo Santiago Royuela tendrían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Después, éstos, junto a Juan Martínez, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga --que tampoco comparecieron al requerimiento de la justicia-- se encargarían de poner denuncias ante distintas autoridades, ocupando Lidia Reina --también ausente -- un papel clave en su distribución en Internet y otros canales.

La asociacion, "sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno, y que la pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas", señala la resolución dictada por el magistrado para justificar las prisiones.

En el marco de este engaño, continúa, las denuncias mendaces contra las altas instituciones del Estado, autoridades, políticos y otros representantes públicos serían el componente necesario para seguir con la lucrativa actividad que tan altos rendimientos les estaría dando, publicitando su actuación a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación. Precisamente, la difusión de las denuncias era un paso indispensable en la amplificación del engaño.

Gadea comenzó a investigar en junio de 2022, a raíz de una denuncia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su presidente y el del entonces Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Poco antes, el Supremo había denunciado a Presencia ante el Poder Judicial por difundir "imputaciones radicalmente falsas" y "calumniosas" que no guardan relación alguna con la "verdad" sobre la situación patrimonial de los magistrados del tribunal.