HUELGA DE PROFESORES

La ministra de Educación (y los Juegos Olímpicos), contra las cuerdas en Francia

Amélie Oudéa-Castéra ha arrancado con muy mal pie debido a sus comentarios sobre la educación pública y ha estado en el centro de las críticas en una huelga de profesores

Amélie Oudéa-Castéra gestiona Deportes y Educación.

Amélie Oudéa-Castéra gestiona Deportes y Educación. / EFE

La ministra encargada de gestionar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París está contra las cuerdas en Francia. Amélie Oudéa-Castéra, al frente de la cartera de Deportes y Educación, ha protagonizado una sucesión de polémicas tras su designación el pasado 11 de enero al frente de este importante ministerio. Hasta el punto de que su figura se encontró en el centro de todas las miradas y críticas este jueves en una concurrida huelga del profesorado francés. Y eso aumentó la presión para que dimita a menos de seis meses de la cita olímpica.

Cuando se benefició de un importante ascenso con la composición del nuevo Gobierno francés, Oudéa-Castéra, de 44 años, difícilmente podía imaginarse la tormenta política en que quedaría atrapada. Desde mayo de 2022, había ejercido como ministra de Deportes y no había estado en el centro de los focos mediáticos más allá de episodios puntuales, como el pulso que mantuvo con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, quien dimitió en febrero del año pasado. Pero con la designación al frente de un "macroministerio" de la Educación, Juventud, Deportes y los Juegos Olímpicos, su perfil personal ha resultado un pozo de polémicas. Y lo ha agrandado la torpeza comunicativa de esta dirigente, con poca experiencia política.

Cuando le concedieron la cartera de Educación —sustituyendo al actual primer ministro, Gabriel Attal—, la idoneidad de su perfil se vio rápidamente cuestionada por un artículo de 'Mediapart'. El prestigioso digital de izquierdas reveló que los tres hijos de la ministra estudian en la escuela e instituto Stanislas, un colegio católico y elitista de París. La administración educativa investiga este centro subvencionado por difundir en sus clases de catequesis ideas "machistas" y homófobas, así como promover las terapias de conversión para las personas homosexuales. Según un informe hecho el año pasado por cuatro inspectores educativos, y revelado recientemente en la prensa, en una de las clases de religión se enseña que el aborto "significa matar voluntariamente a una persona humana inocente".

Torpes declaraciones

Oudéa-Castéra puso más leña al fuego con sus argumentos para justificar que sus tres hijos fueran al polémico centro. Explicó que su hijo mayor había ido a una escuela pública en el acomodado distrito VI de París, pero que decidieron cambiarlo "debido al montón de horas (de maestros ausentes) que no eran reemplazadas de manera seria". Esas declaraciones, sin embargo, se vieron contradichas por la maestra que había tenido a su hijo durante seis meses en esa escuela cuando tenía 3 años. Ella dijo que "nunca había estado de baja" y que en realidad lo llevaron a la privada porque en la pública no quisieron adelantarlo de curso.

A la sensación de que la ministra mintió, se le sumaron otras informaciones controvertidas. Por un lado, el hecho de que uno de sus hijos se había beneficiado de un mecanismo —contrario a la ley según la inspección educativa— del instituto Stanislas para esquivar Parcoursup, el polémico sistema en Francia que sirve para decidir qué estudios universitarios o clases preparatorias pueden hacer los alumnos que aprueban el Bachillerato. Por el otro, que sus tres hijos se han educado en clases únicamente masculinas, a pesar de que en ese colegio también hay clases mixtas. 

Esta acumulación de polémicas —especialmente en un país en que la educación pública es considerada como uno de los pilares de los valores republicanos— ha indignado a buena parte de la comunidad educativa. "Sus comentarios fueron una vergüenza. Siempre se nos acusa de estar de baja y eso que el porcentaje de absentismo en la educación pública resulta inferior que en la privada y otras profesiones", aseguró en declaraciones a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, Marjorie Tison, de 30 años, una profesora de secundaria de historia, presente en la manifestación París y que llevaba una pancarta que decía "Adiós AOC, adiós Stanislas".

"No ha parado de cometer errores"

"No veo cómo se puede dedicar a gestionar los Juegos Olímpicos, al mismo tiempo que tiene una tarea enorme al frente de la Educación", afirmaba Nicolas, de 36 años, otro docente de secundaria presente en el cortejo que transcurrió por las calles de la rive gauche parisina. "No ha parado de cometer errores en muy poco tiempo", añadía Laurence, otra profesora que no está "afiliada en ningún sindicato" y decía "hacer huelga por segunda vez en veinte años de carrera educativa".

Más del 60% de las escuelas de primaria en París cerraron debido a la huelga. Con un seguimiento de entre el 47% de los profesores (sindicatos) y más del 20% (ministerio), fue la huelga educativa más concurrida desde enero de 2022. Las organizaciones sindicales han convocado otro paro laboral para el martes que viene. Pese a esta presión, la ministra ha defendido que "no dimitirá". "Mis inicios no han sido buenos", reconoció el viernes en declaraciones a la cadena TF1. A principios de semana, ya había denunciado "un engranaje (…) que quiere convertirme en el símbolo de una casta de privilegiados que se debe combatir". 

Además de la controversia por la escolaridad de sus hijos en una polémica escuela católica, el feuilleton de esta ministra ha hecho correr ríos de tinta sobre la trayectoria personal de esta exjugadora profesional de tenis que compartió clase en la Escuela Nacional de Administración —incubadora de las élites francesas— con Emmanuel Macron, ejerció altos cargos en Carrefour o Axa y está casada con el exnúmero dos del banco Société Générale y actual presidente de la farmacéutica Sanofi. Incluso en una comisión parlamentaria se quejó de que "estaba mal pagada" cuando ganaba 500.000 euros anuales como presidenta de la Federación de Tenis.

El caso de Oudéa-Castéra, de hecho, ha reactivado la imagen de Macron como "el presidente de los ricos". Un estigma que el dirigente centrista arrastra desde el inicio de su presidencia en 2017 y del que no ha logrado desembarazarse.