PAÍSES EN GUERRA

Más allá de Ucrania: los principales conflictos armados activos en el mundo

Mozambique, Yemen, Siria, Etiopía... Repaso por algunos de los países cuya población vive bajo el temor de un ataque armado

Las Naciones Unidas han estimado que más de cuatro millones de yemeníes han sido desplazados internamente.

Las Naciones Unidas han estimado que más de cuatro millones de yemeníes han sido desplazados internamente. / EFE/ Yahya Arhab

Ángeles Castellano

Ángeles Castellano

La invasión de Ucrania por las tropas rusas es la primera guerra en territorio europeo desde la que desmembró Yugoslavia en los años 90. El número de desplazados y personas que han abandonado el país no suele ser habitual en tan corto margen de tiempo, tres millones y medios de ciudadanos en apenas unas semanas. Sin embargo, no es el único conflicto armado vigente en la actualidad. Algunas guerras, como la de Siria -ahora que algunos analistas apuntan a este conflicto como un modelo para el ataque de Putin en Ucrania- llevan activas muchos años (diez, en el caso de Siria). Este es un repaso por algunos de los países con conflictos armados activos.

Mozambique

En el norte del país, en la provincia de Cabo Delgado, el grupo yihadista Al Shabab, vinculado al estado islámico de África Central, siembra el terror en la población desde 2017. La zona es rica en recursos naturales (la compañía francesa Total tiene una mega explotación para extraer gas natural en uno de los distritos costeros del norte), y en ella se encuentra gas natural, rubíes, grafito y madera. Sin embargo, la provincia tiene los índices de pobreza más altos del país. En 2019, el nivel de violencia contra las poblaciones se elevó, con decapitaciones o desmembrando a los habitantes que no quieren unirse al grupo yihadista, y secuestrando niños para utilizarlos como soldados. Les combate el ejército mozambiqueño, al que se han unido tropas de Ruanda, de Botsuana, Lesoto y los mercenarios del Dyck Advisory Group, una empresa sudafricana muy violenta. Tanto, que Amnistía Internacional denunciaba en 2021 que todas las partes que intervienen en el conflicto están cometiendo crímenes de guerra contra la población. Hasta ahora, el conflicto ha dejado alrededor de 3.800 víctimas mortales directas, sin contar con las víctimas generadas por el desplazamiento de los habitantes de a zona.

El número total de población desplazada como consecuencia del conflicto asciende a 740.000 personas, de un total de 2.300.000, de acuerdo a un censo de 2017 (que probablemente en la actualidad sea superior). Se desplazan a zonas más seguras, donde se instalan en campos de refugiados. "Las poblaciones, ante la más mínima amenaza salen desplazadas, porque tienen mucho miedo, por la brutalidad de las acciones de este grupo", explica Luis Montiel, coordinador de Emergencias de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mozambique. "Por ponerte un ejemplo, Palma, que es la población en la que está instalada Total, es una zona securizada y la población ha vuelto, pero dos distritos más al oeste tienes a un total de 70.000 desplazados en seis semanas, hay un flujo importante de gente".

Las condiciones climáticas son bastante extremas, lo que tampoco ayuda. En la provincia las temperaturas son altas, y la humedad, en torno al 80%. La temporada de ciclones es entre octubre y abril, y en este tiempo son relativamente frecuentes las tormentas tropicales y ciclones, que arrasan con los cultivos e impiden faenar a los pescadores de las zonas costeras, lo que amplía las necesidades de la población de la zona, cuya economía es muy débil.

Médicos Sin Fronteras está presente en la provincia desde 1984, apoyando al sistema de salud mozambiqueño, pero desde 2020 ofrece una ayuda más específica para el conflicto facilitando el acceso a la salud de los desplazados, también a la salud mental, y ofreciendo refugio seguro, acceso al agua, alimento para los recién llegados, higiene y para los desplazados que se instalan en los nuevos lugares, también herramientas de labranza, para que puedan subsistir. "El conflicto sigue activo, sigue generando desplazados aunque en otras zonas, ya seguras, hay población retornando a sus lugares de origen, son dinámicas complejas", explica Montiel. "Es un desafío".

Campo de refugiados Salat Zagrous en Siria, en enero de este año.

Campo de refugiados Salat Zagrous en Siria, en enero de este año. / EFE/EPA/YAHYA NEMAH

Siria

La guerra en Siria comenzó en 2011, a raíz de que miles de ciudadanos tomaran las calles en protesta contra la corrupción y la falta de libertad y reclamando la dimisión del presidente, Bachar el Asad, tras la publicación masiva de documentos diplomáticos de EEUU por Wikileaks. Posteriormente entró en combate el yihadismo del ISIS y las facciones fueron apoyadas por países extranjeros.

Diez años después, pese a que el gobierno ha avanzado en el control de numerosas zonas, la guerra continúa. Aunque Bachar el Asad trata de transmitir lo contrario a la comunidad internacional, el conflicto sigue activo y los combates siguen teniendo lugar en algunas zonas como el noroeste del país.

Desde hace dos años, la ONU está actuando como mediadora en unas conversaciones que pretenden culminar en el desarrollo de una nueva constitución para el país. Están participando el gobierno sirio, la oposición y la sociedad civil en un órgano denominado Comité Constitucional, compuesto por 150 miembros -50 representantes del gobierno sirio, 50 de la oposición y 50 de la sociedad civil-. Además, 15 miembros de cada uno de los bloques conforman el órgano de redacción, que esta semana se han reunido en Ginebra para tratar de avanzar en la posibilidad de redactar un texto.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos estima que más de medio millón de personas han muerto como consecuencia directa de la guerra. Además, ACNUR calcula que hay alrededor de 6,7 millones de personas desplazadas dentro del país, mientras que son 6,6 millones los sirios que han huido del país, fundamentalmente a países vecinos -Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto-. De ellos, el 80% vive en una situación de extrema pobreza.

Yemen

Más de 10.200 niños han muerto o resultado heridos a causa de la guerra desatada en Yemen en marzo de 2015, de acuerdo a las cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Igual que ocurrió en Siria, en 2011 se iniciaron una serie de revueltas populares en el país que ya contaba con un conflicto prolongado con un grupo armado en el norte del país -huzíes, apoyados por Irán- , que obligaron a renunciar al poder al entonces presidente Alí Abdalá Salé, que llevaba 33 años gobernando. Le sucedió su vicepresidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, que no fue capaz de contener el conflicto. En 2015, los huzíes, que aprovecharon las revueltas para ampliar sus posiciones, tomaron Saná y el gobierno se vio obligado a huir del país.

Desde entonces, la situación ha empeorado hasta vivir una guerra abierta. Al presidente exiliado le apoya una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, mientras los rebeldes huzíes son apoyados por Irán. Los rebeldes controlan, además de la capital, otras zonas del norte y el oeste del país.

Este sábado, los huzíes han anunciado un alto el fuego de tres días que ofrecen que sea permanente, además de pedir un intercambio de todos los prisioneros de guerra a Arabia Saudí. El ofrecimiento se ha producido en pleno recrudecimiento de las hostilidades con Arabia Saudí después de que los rebeldes lanzaran el viernes al menos 16 drones y misiles contra varios objetivos en aquel país y los saudíes respondieran bombardeando distintas ciudades bajo el control huzí.

Unicef ha denunciado recientemente que "solo en los dos primeros meses de este año, se ha informado de la muerte o mutilación de 47 niños y niñas en varios lugares de todo Yemen". Muchos niños son utilizados como soldados por las partes en conflicto. Otra agencia de la ONU, ACNUR, lleva tiempo advirtiendo de la amenaza de una hambruna a gran escala, dado que más de 20 millones de personas en el país requieren de ayuda humanitaria. Según Naciones Unidas, siete millones de personas, una cuarta parte de la población, está al borde de la hambruna.

La guerra ha provocado que haya más de cuatro millones de desplazados. Otras organizaciones humanitarias que trabajan en la zona, como Médicos Sin Fronteras, han denunciado que los civiles, atrapados entre los dos bandos, sufren ataques indiscriminados y bombardeos.

Etiopía

En Etiopía, el conflicto está localizado en una zona del país, la región de Tigray, y enfrenta al gobierno federal del país y el Frente de Liberación Popular de Tigray (FPLT). La guerra estalló tras las elecciones regionales en noviembre de 2020, ganadas por el FPLT pero cuyo resultado no es reconocido por el gobierno central. En la zona, además, hay 96.000 personas refugiadas provenientes del vecino Eritrea, que viven en campamentos y que dependen por completo de la asistencia humanitaria, según los datos de ACNUR. La organización de la ONU considera que antes de que estallase este conflicto ya había 100.000 desplazados internos en la región.

Prácticamente desde el inicio del conflicto armado ha habido diferentes negociaciones para lograr la paz en la región. En diciembre de 2021, las partes aceptaron un acuerdo: el FPLT anunció su retirada de otras zonas vecinas mientras el gobierno federal detuvo el avance de sus tropas. Sin embargo, la guerra se mantiene abierta.

Se estima que hay en torno a 1,6 millones de personas desplazadas internas debido a este conflicto, y alrededor de 720.000 son niños y niñas.

Un grupo de refugiados birmanos cruzando hacia la frontera con Tailandia.

Un grupo de refugiados birmanos cruzando hacia la frontera con Tailandia. / REUTERS/Stringer

Birmania

El ejército del país dio un golpe de Estado en febrero de 2021 y tomó el poder, en desacuerdo con la contundente victoria de Aung San Suu Kyi en las elecciones celebradas unos meses antes. Desde entonces, aunque no hay una guerra formalmente declarada, la represión violenta contra los opositores ha provocado cientos de muertos. Los legisladores depuestos han comenzado a armarse y llaman a la población a levantarse contra el régimen. Además, hay numerosos grupos étnicos armados, algunos con decenas de miles de combatientes. Algunos apoyan al Gobierno depuesto, que les intenta atraer ofreciéndoles un sistema federal si regresan al poder, mientras que otros prefieren mantenerse al margen de este conflicto.

El coste humanitario está siendo muy alto. La ONU estima que hay más de 300.000 desplazados por la violencia, casi 1.500 civiles muertos y 11.000 arrestados. El ejército ha disparado a matar en las manifestaciones urbanas de población que protesta contra el encarcelamiento de Aung San Suu Kyi y el golpe de estado. También se le acusa de cometer ataques en las zonas rurales de gran violencia. En uno de ellos, asesinaron a 35 civiles y dejaron sus cadáveres quemados a la vista de todos. Entre las víctimas había cuatro niños y dos trabajadores de la ONG Save The Children.

De acuerdo a un informe de la organización International Crisis Group, la tasa de pobreza se ha duplicado desde 2019 y los sistemas de salud y educación están colapsados.

Desde el golpe de Estado, ACNUR calcula que hay en torno a 60.000 personas desplazadas dentro del país y otros 10.000 refugiados en países vecinos.

Los ataques al personal y centros médicos han sido constantes desde el golpe de Estado, según la ONU.

Afganistán: la crisis humanitaria después de la guerra

La toma del poder por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 acabó con una guerra que había iniciado 20 años antes. La paz se ha generalizado, aunque ahora la amenaza es el yihadismo, que el gobierno talibán trata de combatir en diferentes zonas del país. La población tiene menos problemas de seguridad y puede moverse con mayor libertad, pero la situación no sólo no ha mejorado, sino que está empeorando. Hay una crisis económica sin precedentes, provocada fundamentalmente por la retirada de la ayuda humanitaria exterior, que incluye la financiación del Banco Mundial o la Organización Mundial de la Salud -el 75% del presupuesto del gobierno anterior procedía de ella- y por la imposibilidad de acceder a los fondos del Ejecutivo anterior. Los activos del banco central afgano están congelados, lo que impide que la población pueda acceder a sus ahorros. Además, la situación de sequía está provocando grandes desplazamientos de una población que no tiene acceso a los alimentos más básicos.

Más de medio millón de personas se vieron obligadas a desplazarse dentro de Afganistán tan sólo en 2021, con la toma de Kabul por parte de los talibán, de acuerdo a las cifras de la Agencia para los Refugiados de la ONU (ACNUR). Los afganos son uno de los pueblos con mayor número de refugiados en el mundo. Irán y Pakistán acogen a alrededor del 90% de las personas afganas refugiadas, en torno a 2,2 millones de personas.

La principal consecuencia de la situación es actual del país es el aumento de los casos de desnutrición severa infantil, en un país en el que, según ACNUR, alrededor del 65% de la población son niños. "Nuestros proyectos están absolutamente desbordados" explica Tom Casey, responsable de Comunicación de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Afganistán. "Hay cientos de miles de personas que han perdido su trabajo, la inflación ha crecido, así que hay demasiada gente que está luchando por conseguir alimento suficiente para ellos y sus familias. Esta es una de las principales razones por las que estamos viendo tantos niños con desnutrición severa en nuestros proyectos".

MSF cuenta con cinco proyectos de atención médica y nutrición en diferentes lugares del país. En Herat (oeste del país), uno de los lugares donde trabajan, la organización denuncia que las instalaciones de salud están cerrando o reduciendo sus actividades y se han visto obligados a abrir una nueva unidad especializada en alimentación terapéutica para pacientes hospitalizados. "Todavía hay decenas de miles de familias desplazadas en Herat y esta es la gente más vulnerable", explica Casey. "Algunos están ahí desde hace años, y son los que más dificultades tienen para acceder a alimentos para sobrevivir. No tienen muchas opciones de regresar".