Europa alerta del impacto de la violencia psicológica: riesgo de suicidio, depresión, abuso de sustancias...

Cuatro de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia psicológica por parte de una pareja o expareja en la Unión Europea. Esta violencia de género es de las menos identificadas, denunciadas, perseguidas y castigadas, a pesar de su enorme impacto en la vida de las víctimas: el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) alerta de que aumenta el riesgo de suicidio y la incidencia de la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

Sólo en 2017, al menos 1.136 mujeres víctimas de violencia psicológica se quitaron la vida en la Unión Europea. Se trata de una violencia que afectaba en 2014 a al menos el 43 % de la población femenina mayor de 15 años de la UE, datos recogidos en un informe que acaba de publicar el EIGE con el objetivo de aumentar la concienciación sobre la gravedad, magnitud e invisibilidad de este tipo de violencia machista.

Los efectos nocivos de este maltrato psicológico por parte de una pareja perjudican a las víctimas a corto y largo plazo, y sus consecuencias se intensifican en aquellas mujeres que sufren distintos tipos de violencia de forma simultánea (física, sexual, económica...).

La destrucción de la autoestima, la sensación de miedo constante, la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático y el aumento del riesgo de suicidio son algunas de esas consecuencias. Además, el instituto de la UE subraya que la violencia puede mermar la capacidad de las víctimas de acudir a los servicios sanitarios, lo que termina deteriorando su salud física.

La violencia psicológica también está relacionada con mayor incidencia del alcoholismo, el consumo de drogas, el dolor crónico, la fatiga permanente y los desórdenes del sueño.

En el ámbito social, los agresores aíslan a las víctimas y provocan que corten sus lazos familiares y amistosos, por lo que estas que terminan siendo muy dependientes de sus maltratadores, lo que dificulta que puedan pedir ayuda para salir de la espiral de la violencia en la que están atrapadas.

Coacción y amenazas

El Convenio de Estambul define la violencia psicológica como una forma común de violencia de género que abarca "cualquier conducta que perjudique gravemente la integridad psíquica de otra persona a través de coacción o amenazas". El maltrato emocional, el control, el acecho, el acoso y las conductas coercitivas entran en esta categoría, en la que las nuevas tecnologías pueden tener un papel relevantísimo de amplificación y facilitación de la violencia.

En el documento del EIGE se incide en que la violencia psicológica "afecta de manera desproporcionada a las mujeres que tienen una relación de pareja" y explica que las mujeres jóvenes (menores de 30 años), las mujeres con discapacidad, las que tienen hijos menores o dependientes y las migrantes o refugiadas tienen un mayor riesgo de ser víctimas de esta forma de maltrato machista.

La violencia psicológica engloba distintas conductas. Por ejemplo, el insulto; el trato degradante; la luz de gas; las amenazas del agresor de hacer daño a la víctima; a sus hijos o a sí mismo; el acecho o contacto indeseado y reiterado; el envío de mensajes no deseados; seguir a una víctima o aparecer sin permiso en su casa; el control, el aislamiento y la intimidación; limitar el contacto de la mujer con otras personas o que salga de casa; exigirle acceder a su móvil o a su ordenador o controlar su actividad en redes sociales; difamar a la mujer; publicar contenido personal sin consentimiento o incumplir una orden de alejamiento o comunicación.

Más de 6,5 millones de víctimas en España

En España, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, el 31,9% de las ciudadanas mayores de 16 años ha sufrido violencia psicológica por parte de una pareja o expareja a lo largo de su vida. Ese porcentaje equivale a más de 6,5 millones de mujeres.

Según el EIGE, sólo cinco países de la UE cuentan con leyes específicas contra la violencia psicológica, entre ellos España. Recuerda el instituto que los estados que han ratificado el Convenio de Estambul (todos menos Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia) están obligados a evitar y combatir esta violencia en sus legislaciones.

Todos los estados miembros castigan la violencia psicológica y de control, sin embargo no todas las leyes la nombran y algunas no contemplan los delitos cometidos en el ámbito de la pareja.

Es habitual que se penen conductas como las amenazas, pero más difícil que se persigan otras como la luz de gas y en varios estados miembros las leyes no sancionan las violencias que se perpetran en línea.

Reconoce el instituto que la recogida de "datos" sobre este problema es "un reto" porque, para empezar, no hay unanimidad a la hora de definir la violencia psicológica. Y, matiza, hay algunos territorios que ni siquiera reconocen la dimensión de género de esta violencia.

Hay otras barreras que dificultan la recopilación de esos datos: el nivel de infradenuncia de las víctimas es elevado tanto por el miedo a sufrir represalias del agresor como por que muchas ni siquiera son conscientes de que están sufriendo violencia. Las instituciones, continúa el instituto, también falla a la hora de reconocer esta violencia, y existe una ausencia generalizada de concienciación y comprensión de lo que constituye este problema y su dimensión de género.

Ante esta situación, el EIGE pide que tanto la Unión Europea como los estados miembros adopten medidas que contribuyen a reforzar la lucha contra esta violencia de género tan silenciada.

A nivel de la UE, precisa, deberían implementarse los estándares legales del Convenio de Estambul, se tendría que adoptar una directiva que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, que mejorar la recogida de datos y asegurar las mismas medidas de prevención y protección para todos los territorios.

En cuanto a lo que cada país puede hacer, el EIGE sostiene que se han de impulsar medidas de prevención que señalen la desigualdad de género como la raíz de la violencia contra las mujeres, así como legislaciones que castiguen la violencia psicológica, protejan a las víctimas y aseguren que los agresores responden ante la justicia por sus actos.

Especial hincapié hace el instituto en la necesidad de recoger datos comparables sobre la magnitud de esta violencia machista, de hacer encuestas a la población de forma periódica.