Igualdad se moviliza para agilizar el IMV y el acceso a una vivienda a mujeres en "riesgo alto" de maltrato

El Ministerio de Igualdad quiere que las víctimas de violencia machista que se encuentren en un "alto riesgo" y estén en riesgo de exclusión social tengan un acceso inmediato al ingreso mínimo vital y urgente a una vivienda.

La vulnerabilidad y la precariedad son la cara oculta de algunos de los crímenes machistas perpetrados en las últimas semanas: en algunos casos, las mujeres que fueron asesinadas tenían que vivir con sus maltratadores por no tener recursos para acceder a una vivienda.

"La pobreza también mata. (...) La vulnerabilidad económica y la situación de precariedad de algunas mujeres las obligaba a tener convivencia con sus maltratadores por no poder disponer de una vivienda alternativa que les hubiera permitido tener una puerta de salida a la situación de violencia", ha resumido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la celebración del comité de crisis que ha analizado el repunte de feminicidios en enero y también los últimos tres asesinatos de diciembre.

La "precariedad muy grave" supone un "factor determinante que debe ser tenido en cuenta por las instituciones", ha aseverado Rodríguez.

Igualdad propondrá a las comunidades autónomas en la próxima conferencia sectorial la "posibilidad" de que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y servicios sociales entren en contacto de manera automática en los casos en los que las víctimas se encuentran en un riesgo alto de ser agredidas y además estén en riesgo de exclusión social y así agilizar su acceso tanto al ingreso mínimo vital como a la renta básica de inserción y también a una vivienda.

Rodríguez ha explicado que las víctimas de violencia de género se encuentran en los colectivos que deben beneficiarse de estas ayudas, pero no se está consiguiendo con "la rapidez necesaria".

Igualdad pretende que las mujeres puedan tener un acceso inmediato a ellas y que sean las administraciones públicas las que lo promuevan de forma proactiva, sin que las víctimas deban enfrentarse a complejos trámites.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que el sistema debe llegar a tiempo a todas las víctimas sin necesidad de que atraviesen "largos trámites burocráticos" ni de que se topen con laberintos para acceder a sus derechos.

En el comité de crisis celebrado este viernes han participado los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, todas las comunidades autónomas y la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer. En lo que va de enero, seis mujeres y una niña de 8 años han sido asesinadas en crímenes machistas.

Montero ha precisado que el Estado dispone de servicios cada vez más especializados y "más capaces de salvar vidas", si bien aún no se ha conseguido llegar a todas las mujeres que sufren violencias machistas. Por ello, considera que se debe mejorar la eficacia de la derivación de las víctimas a los servicios que necesiten (sanitarios, sociales, etcétera), con especial énfasis aquellas que presentan distintas vulnerabilidades.

Vulnerabilidades que pueden responder a precariedad económica, problemas de salud mental o drogodependencia, edades elevadas, situación de dependencia, habitar en pequeñas localidades rurales...

Igualdad reconoce que las víctimas que viven en pequeños núcleos de población del ámbito rural se encuentran con más obstáculos para poder salir de la violencia. Para allanar ese camino, Igualdad propondrá a las comunidades autónomas y a las entidades locales que se habiliten puntos de información y derivación en lugares como los centros de salud o centros sociales. Además, ha pedido a las autonomías que incluyan sus servicios sociales en VioGén como acaba de hacer Canarias.

Otra propuesta que el departamento dirigido por Montero ha puesto encima de la mesa para prestar una mejor atención a las mujeres es que el Sistema Nacional de Salud ofrezca un servicio especializado de atención psicológica a las víctimas de violencias machistas. Servicio que debería ser a largo plazo para poder evitar, por ejemplo, que las mujeres sufran maltrato de más de un agresor a lo largo de su vida.