LEY DEL SÓLO SÍ ES SÍ

El Estado garantizará las ayudas a las madres de los menores asesinados en crímenes vicarios

La ley de garantía integral de la libertad sexual, que el Congreso prevé aprobar en próximos días, blindará la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género

La ONU condenó a España por el daño causado a Ángela González Carreño: a pesar de haber denunciado a su expareja hasta en 30 ocasiones y de haber solicitado que el régimen de visitas con su hija Andrea fuera vigilado, el hombre asesinó a la pequeña.

La ONU condenó a España por el daño causado a Ángela González Carreño: a pesar de haber denunciado a su expareja hasta en 30 ocasiones y de haber solicitado que el régimen de visitas con su hija Andrea fuera vigilado, el hombre asesinó a la pequeña. / Archivo

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Las madres de menores asesinados en crímenes vicarios serán al fin reconocidas como víctimas directas y tendrán garantizado el acceso a las ayudas estatales a víctimas de delitos violentos. La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí, incluirá este reconocimiento y también asegurará la financiación económica del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Son dos de las novedades más importantes introducidas por los grupos parlamentarios del Congreso al dictamen del texto legal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Violencia vicaria

Aunque desde 2021 la violencia vicaria está incluida en la ley contra la violencia de género, gracias a una reforma de la ley de protección a la infancia y la adolescencia, las madres de los menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres con el objetivo de dañar o causar perjuicio a estas mujeres aún no son consideradas víctimas directas de este delito.

Esto ha permitido que se hayan dado casos en los que la Administración Pública ha desestimado las ayudas solicitadas por estas mujeres, exigiendo que existiera una situación de dependencia con respecto del hijo o la hija para concederlas.

Ahora, la Cámara Baja quiere poner fin a esta situación y ha incluido en el dictamen de la ley del sólo sí es sí una enmienda -una iniciativa del Ministerio de Igualdad- que reconoce a las víctimas de violencia vicaria como víctimas directas y blinda su acceso a las ayudas estatales, a través de una disposición final mediante la que reforma de la ley de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

El texto garantiza las ayudas tanto a las víctimas directas de la violencia de género que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del delito y también a las víctimas de violencia vicaria "cuando su familiar o allegado menor de edad fallezca como consecuencia de un delito".

"Justicia"

La psicóloga Sonia Vaccaro, que acuñó hace una década el término de violencia vicaria, celebra este avance legal que demandaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y supone "justicia para estas madres que lamentablemente no tenían el estatus de víctima".

Vaccaro subraya, en declaraciones a este periódico, que esto permitirá que el acceso a las ayudas no dependa de "la buena voluntad" de quien interpreta cada caso y es muy importante no sólo por una cuestión económica, sino para cuestiones tan relevantes como poder acceder a la ayuda psicológica gratuita o para solicitar un traslado laboral a otra ciudad para alejarse del lugar donde su hijo o hija fue asesinado.

La experta en violencia de género lamenta que este cambio legal llegue tarde para muchas, si bien espera que "no llegue temprano para ninguna otra".

Desde 2013, 47 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres.

La segunda novedad relevante incluida en el dictamen del texto legal es la inclusión de la obligación del Gobierno de dotar económicamente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya financiación en la actualidad depende exclusivamente de la voluntad política. La ley del sólo sí es sí garantizará su "estabilidad financiera" a través de ayudas directas y finalistas para los ministerios, las comunidades autónomas y las entidades locales para poner en marcha las medidas recogidas en ese Pacto.

Sin consenso sobre explotación sexual

El apartado que ha suscitado mayor disenso de la ley, las medidas relativas a la explotación sexual y la tercería locativa, no ha recibido ninguna modificación en el dictamen elaborado por los grupos: las enmiendas presentadas a este respecto se mantienen vivas y se debatirán en la Comisión de Igualdad que tendrá que decidir el texto legal final que enviará al Pleno.

Las distintas posturas de Unidas Podemos y el PSOE en el enfoque legal para combatir el proxenetismo y la tercería locativa se mantienen y los grupos aún no han logrado llegar a un acuerdo. Muchos socios parlamentarios -algunos regulacionistas en relación con la prostitución- se han mostrado partidarios de eliminar estas medidas de la ley de garantía integral de la libertad sexual.

Previsiblemente, el próximo miércoles 18 la Comisión de Igualdad votará el dictamen y tendrá que dar la forma definitiva al texto, así que el tiempo para negociar es ya limitado. El proyecto del Gobierno entró en el Congreso en septiembre y las diferencias eran tales que llevaron a los grupos a pedir comparecencias de expertos para tratar de ordenar el debate y aclarar posiciones. Pero hasta la fecha no se ha conseguido.

El Ministerio de Igualdad espera que la ley pueda ser aprobada por un consenso tan amplio como el Pacto de Estado y que ese acuerdo también se dé en torno a las medidas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de explotación sexual y para luchar contra la industria proxeneta.

Fuentes parlamentarias precisan a este diario que en este momento esta cuestión está "totalmente abierta" después de que en la fase de ponencia no se haya sido capaz de llegar a una postura común.

Reforzar la atención y protección de las víctimas

El dictamen de la ley del sí es sí ha introducido diversas enmiendas encaminadas a mejorar la atención y protección de las víctimas de violencia sexual.

Por ejemplo, que las mujeres en situación administrativa irregular que hayan sido víctimas tengan derecho a permiso de residencia y trabajo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado brinden protección efectiva ante represalias o amenazas, incluso tras un sobreseimiento provisional y que desarrollen protocolos específicos de intervención y asistencia a otras mujeres.

La ley, según el dictamen, tendrá "un enfoque victimocéntrico" dirigido a "respetar y promover la autonomía de las víctimas".

Entre las medidas de protección, se recoge que se puedan instalar dispositivos telemáticos de geolocalización para controlar el cumplimiento de penas o medidas de alejamiento de agresores sexuales, una petición históricamente demandada.

El texto establece que la atención a estas víctimas sea integral e inmediata y que los servicios socioasistenciales puedan acreditar una situación de violencia sexual, al igual que ya se hace en la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Además, los servicios de atención a las víctimas serán esenciales.

En cuanto al contexto sanitario, contempla el derecho a una atención especializada en los centros sanitarios, y exige que los servicios de salud mental que se presten a las mujeres víctimas de violencias sexuales se diseñen con perspectiva de género y derechos humanos y garanticen el consentimiento libre e informado a la mujer para cualquier tratamiento médico.

Asimismo, otra novedad es que se evite la reiteración de reconocimientos a las víctimas en la práctica forense, para evitar una victimización secundaria, salvo en aquellos casos en que resulten indispensables para la investigación.

El dictamen también ha introducido medidas relativas al ámbito empresarial: las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio e integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios de trabajo para que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras.

Los centros penitenciarios, de detención o internamiento voluntario tendrán que contar con protocolos de detección de violencias sexuales y articular procedimientos de investigación de los casos detectados, garantizando el acompañamiento y la protección de las víctimas, así como la tramitación de denuncias.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010Todos los recursos contra la violencia de género.

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