TRATA DE SERES HUMANOS

Llop deja en el aire la ley contra la trata del Ministerio de Igualdad

Justicia anuncia el comienzo de los trabajos para un texto integral contra la trata sin mencionar el proyecto del departamento de Irene Montero

La ministra de Justicia, Pilar Llop, atiende a los medios de comunicación.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, atiende a los medios de comunicación. / EFE/J.L. Cereijido

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Nueva fricción en el Gobierno de coalición, esta vez por la futura legislación contra la trata. El Ministerio de Justicia ha anunciado este martes que pone en marcha la elaboración de una ley integral contra todos los tipos de trata, a pesar de que Igualdad cuenta desde diciembre con un borrador. La ministra Pilar Llop ha encargado a la Comisión de Codificación una ley integral contra todos los tipos de trata que podría dejar en el aire el texto de Igualdad, centrado en la explotación sexual.

"Hoy damos un paso más para contar una ley integral contra la trata de seres humanos. Será una ley con perspectiva de derechos humanos y de género, que tendrá en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores", ha adelantado Llop. Ese paso al que se refiere la titular de Justicia es la aprobación de una orden ministerial para la constitución de una sección especial en la Comisión General de Codificación que elaborará una propuesta de ley integral antes del 30 de mayo.

Justicia ha comunicado que la ley tendrá un "alcance general" y atenderá a las víctimas de todo tipo de trata desde una "perspectiva de derechos humanos y de género". Sorprende que la comunicación del departamento dirigido por Llop no haga ninguna mención al trabajo de Igualdad, que dispone de un borrador desde diciembre y llevó a cabo una consulta pública previa a la redacción de ese texto.

El Ministerio de Justicia tan solo precisa que al margen de la ley podrá haber "medidas concretas que se adopten para hacer frente a la trata con fines de explotación sexual, que es la trata más frecuente y además tiene un claro componente de género".

Fuentes de Igualdad indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que este ministerio "tiene preparado el borrador de la Ley Integral contra la Trata con fines de explotación sexual desde el mes de enero de este año, momento en que fue entregado al Ministerio de Justicia para su negociación".

"El Ministerio de Igualdad trabaja en estrecha coordinación con los demás ministerios competentes para desplegar un amplio paquete de medidas que permitan luchar de forma eficaz contra la industria proxeneta y garantizar los derechos de las mujeres. Asimismo, considera muy urgente la tramitación de una ley que permita perseguir de forma efectiva la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual y sobre todo, proteger los derechos de las mujeres", reiteran desde el departamento de Irene Montero.

Este diario ha preguntado a Justicia si existirán dos leyes contra la trata, una de ellas con fines de explotación sexual de la que se encargue Igualdad, y fuentes del citado ministerio han aseverado que será la Comisión General de Codificación la que determine el alcance y los detalles de la legislación, que ahora se encuentran en "una fase incipiente". Desde Justicia no han contestado a la pregunta de si esta iniciativa de Justicia aplaza o anula el proyecto impulsado por Igualdad, aunque sí han precisado que tendrá que haber una "coordinación" entre distintos ministerios.

Caminos que divergen

En un primer momento, Unidas Podemos y el PSOE acordaron ir de la mano en esta materia y registrar conjuntamente en el Congreso de los Diputados una proposición de ley contra la trata con fines de explotación sexual. Su plan era tener listo en enero un texto en el que garantizaran que la situación administrativa irregular de las víctimas de trata y de explotación sexual no fuera un impedimento para acceder a sus derechos e incluyeran un plan de inserción sociolaboral para mujeres explotadas sexualmente y aquellas que se encuentran en contextos de prostitución.

Sin embargo, esta intención de los grupos parlamentarios se frustró y la elaboración de la norma se trasladó al Ejecutivo. Queda menos de media legislatura y aún no se sabe quién ni en qué término se elaborará la ley (o leyes, si finalmente prosperan las iniciativas tanto de Justicia como de Igualdad).

Hace unas semanas, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, subrayaba en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la intención de Igualdad es "aprobar una ley contra la trata cuanto antes, es urgentísimo hacerlo" porque España va "tardísimo": "Más allá de las conversaciones que tenga que haber, este ministerio quiere aprobar una ley contra la trata cuanto antes. Nos da igual la vía, que sea por el Gobierno o por el Parlamento. Hay que actuar, hay muchísimas mujeres que están esperando que sus derechos sean garantizados, da igual cómo, hay un borrador, trabajemos", dijo antes del 8M.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, también se refería a este asunto en una entrevista a este diario. Decía que la ley de trata es "muy compleja" porque esta "problemática estructural es muy difícil de abordar tanto desde el punto vista político, ideológico, técnico y jurídico": "Es un trabajo que se va a hacer con mucha rigurosidad y al que se va a dedicar el tiempo que sea necesario. Pero se está trabajando muy duramente y de forma prioritaria, particularmente por parte del Ministerio de Justicia", avanzaba. Preguntada acerca de si se formularán dos leyes distintas o una sola, precisaba que "todavía no está claro cómo se va a articular" y que "la fórmula final tampoco es relevante".

La propuesta de Justicia

La sección específica de la Comisión General de Codificación llamada a elaborar una propuesta legal contra la trata contará también con titulares de áreas de departamentos implicados, entre los que se cita a Igualdad, Interior, Asuntos Económicos, Trabajo y Derechos Sociales.

Justicia quiere que la ley tenga tres ámbitos de actuación: prevención, protección y persecución. Su objetivo será "identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata" e incorporará una perspectiva de derechos humanos y de género que tenga en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores. Asegura Justicia que dará prioridad a los derechos humanos de las víctimas y respetará su voluntad, participación y confidencialidad. La integridad, la no criminalización, la no revictimización y la gratuidad de las medidas de apoyo y asistenciales también integrarán la norma.

"El proceso se orientará hacia la detección e identificación, atención, protección y reintegración social de las víctimas", subrayan desde Justicia. Tanto Llop como el PSOE han indicado en distintas ocasiones que la ley contra la trata debería tener un enfoque abolicionista de la prostitución, si bien en el comunicado hecho público este martes por el Ministerio no se hace ninguna referencia a este asunto.

El borrador de Igualdad

El enfoque de Igualdad difiere. Fuentes del Ministerio precisan que ese texto ha sido trabajado durante todo el año 2021 por el equipo técnico del ministerio y por expertas en la materia e inciden que es "una transposición de la Recomendación General Nº38 del Comité CEDAW en la materia así como las recomendaciones de la Estrategia Europea contra la Trata y el Convenio de Varsovia".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, detallaba el pasado febrero algunas de las medidas más relevantes del borrador de ley contra la trata con fines de explotación sexual, entre la que destaca que no exigirá a las víctimas que colaboren con la policía para acceder al sistema de protección y que modificará el modelo de detección e identificación, pues el existente ha demostrado ser "un fracaso".

El borrador da prioridad a la detección, atención y reparación de las víctimas y sigue un patrón similar al marco de protección de la violencia de género: las personas afectadas no sólo tendrán una puerta policial y penal para salir de su situación, también dispondrán de "otras puertas de salida" que acrediten la condición de víctima y permitan el acceso a recursos especializados para su restablecimiento.

Entre las medidas que baraja Igualdad para esta norma está incluir el principio de no devolución -la mayoría de las víctimas son extranjeras en situación administrativa irregular-, el derecho a un retorno seguro y asistido a su país de origen y a la reagrupación familiar.

La futura ley aspira a ofrecer una asistencia integral especializada, garantizará la asistencia jurídica de las víctimas y desarrollará el derecho a una reparación económica, personal, física, social y simbólica.

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