¿Hay que reformar la ley contra la violencia de género?

El Ministerio de Igualdad quiere reformar la ley contra la violencia de género y convertirla en una norma marco que abarque todos los tipos de violencias sobre las mujeres, así como garantizar en ella la financiación y permanencia del Pacto de Estado. Pero el camino no va a ser sencillo: sus socios, los socialistas, no quieren tocar la ley 1/2004 y el movimiento asociativo rechaza ampliar su alcance, pues considera que son necesarias leyes integrales específicas para combatir las distintas violencias machistas.

Cuando se acerca el ecuador de la legislatura, el departamento de Irene Montero ha acelerado su actividad legislativa y marca paso propio más allá del acuerdo de la coalición de gobierno. Su propuesta de reforma de la ley contra la violencia de género, que el lunes inició su consulta pública previa, ha tomado por sorpresa al PSOE y también a las asociaciones que forman parte del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que no comparten el planteamiento de Igualdad. El Ministerio de Justicia, por su parte, ha aclarado que en la actualidad no está implicado en esta reforma, informa Cristina Gallardo.

El PSOE se desmarca de las reformas del aborto y de la ley de violencia de género planteadas por Igualdad

El objetivo de Igualdad

¿Por qué quiere el Ministerio modificar esta legislación? El objetivo es doble: blindar la financiación y la Permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género dentro de esa ley y ampliar su objeto a todos los tipos de violencias machistas, acabar con la limitación que la circunscribe a la que produce en el seno de la pareja o la expareja, para adecuar la legislación española al Convenio de Estambul.

Fuentes de Igualdad aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género será "muy puntual y específica", no integral, y justifican la iniciativa en la pertinencia de no tener que renovar de forma periódica el Pacto de Estado, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Unidas Podemos en 2017 y cuya vigencia y compromiso presupuestario concluyen en 2022. Es la vía elegida por el Ministerio para consolidar que la lucha contra la violencia machista sea una política de Estado, un camino con el que se desmarca de la trayectoria socialista.

Y el PSOE no se ha alineado con este planteamiento. Desde el partido de Pedro Sánchez han reiterado en las últimas semanas que el camino es el desarrollo completo del Pacto, pues aún quedan medidas pendientes, y su renovación en las Cortes como un acuerdo político e institucional.

La última en advertir a Igualdad de esta postura ha sido la diputada socialista Lidia Guinart, que este martes se dirigió en el Congreso de los Diputados a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para pedirle que se respeten los acuerdos consensuados en el Parlamento y no se opte por vías alternativas.

"Tenemos que abordar la renovación del acuerdo político en sede parlamentaria, que es donde se fraguó por consenso. Por consenso se incluyeron todas las medidas que tasan todas las reformas legales que debemos emprender. (...) El desarrollo legislativo pendiente debe estar, en todo caso, circunscrito a la literalidad del Pacto para respetar el acuerdo, también en los referente a la ley 1/2004", sostuvo en la Comisión de Igualdad.

Compromiso lejos de colores políticos

El Ministerio incide en que la inclusión del Pacto en la ley contra la violencia de género permitiría que la financiación estuviera asegurada con independencia del color político del Gobierno que esté en cada momento en la Moncloa y destacan que la composición del arco parlamentario dificultaría alcanzar un consenso similar al que culminó con la aprobación del Pacto en 2017.

"Las dificultades para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género por la vía parlamentaria, dadas las posiciones de Vox y el PP, son más que evidentes. No obstante, ambas cámaras tendrán que votar el proyecto legislativo de la reforma", aseveran las fuentes del departamento de Montero.

El segundo objetivo de la reforma planteada, actualizar la norma para "hacerla coherente con el Convenio de Estambul" y convertir la 1/2004 en ley marco contra todos los tipos de violencias que padecen las mujeres por el mero hecho de serlo, no ha gustado a las asociaciones especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Disconformidad de las asociaciones feministas

Las responsables de la Fundación Mujeres, de la Federación de Mujeres Progresistas, de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, sorprendidas con los términos planteados por Igualdad, han manifestado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA su disconformidad con el propósito de ampliar el objeto de la ley más allá de la violencia en el seno de la pareja. Las distintas violencias requieren de diferentes leyes, a su juicio.

Desde Themis, su presidenta, María Ángeles Jaime, subraya que en el Pacto se descartó reformar y ampliar el objeto de la ley 1/2004, por lo que no entiende muy bien esta iniciativa cuando además hay un proyecto de ley de garantía de la libertad sexual en las Cortes. "Analizaremos los términos de la consulta pública previa, pero a mí personalmente me ha sorprendido porque la reforma planteada no estaba entre las medidas aprobadas dentro del Pacto".

"Violencias que nada tienen que ver"

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, indica que España necesita ampliar su legislación en materia de violencia contra las mujeres, pero matiza que una única ley sería insuficiente, pues la violencia de género en la pareja tiene especificidades que la diferencian de otras violencias como la sexual o la trata con fines de explotación sexual, que requieren de leyes integrales: "No se resuelven de la misma manera los derechos de las mujeres víctimas de trata, víctimas de la violación de un desconocido o víctimas de violencias dentro de la pareja".

"Nos sorprende este planteamiento inicial. (...) El camino adecuado es el de articular leyes que sean específicas de distintas situaciones", afirma Soleto, que precisa que la violencia en la pareja es la más numerosa y significativa y representa, según la Organización Mundial de la Salud, el 70 % de la violencia contra las mujeres.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, reconoce que España debe abordar la renovación del Pacto y reforzar la coordinación entre administraciones en la lucha contra la violencia de género, pero rechaza que se haga consiga cambiando esta ley. "Es un instrumento potente y eficaz", defiende, y teme que su ampliación la desdibuje, diluya su eficacia y la comprensión de su alcance. "Incluir otras violencias puede ser contraproducente", añade.

Muy crítica con Igualdad se ha mostrado Susana Camarero, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado cuando se aprobó el Pacto de Estado en 2017, siendo senadora del PP.

"El Pacto se aprobó en 2017 y lleva años paralizado, no se están cumpliendo sus propuestas. Utilizan la excusa de blindar el Pacto para ampliar el objeto de la ley. (...) Lo que se decide en el Pacto de Estado y que llevó muchas horas de discusión es no tocar el objeto de la ley y establecer leyes específicas para las distintas violencias: la sexual, la ley de trata", afirma la exsenadora popular.

Camarero es partidaria de blindar el Pacto y el presupuesto, pero mediante acuerdo político, y rechaza mezclar en una única norma las distintas violencias porque añade complejidad a la legislación: "Son violencias que no tienen nada que ver".

A su juicio, el equipo de Irene Montero pretende "imponer su voluntad y su forma de entender el feminismo" a través de esta modificación legal.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha solicitado que el Ministerio convoque a los organismos implicados en la lucha contra la violencia machista y a las organizaciones que llevan décadas trabajando para explicarles la propuesta y ha solicitado que la ley no se convierta en un "tótum revolútum".