Ganaderos gallegos llevan ya a los tribunales al cártel de la leche a la espera del fallo de la Audiencia

Notas manuscritas, correos, informes y citas para analizar la situación del mercado y repartirse a los ganaderos fueron detectadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante la investigación que concluyó la existencia de un pacto continuado de los precios de compra a los ganaderos, sobre todo en Galicia y Cataluña, y que dictaminó en 2015 un beneficio “ilícito” por parte de las industrias de 815 millones.

Se autodenominaban el G-5 del sector lácteo, a imagen de las cumbres de las principales potencias económicas del mundo. Hasta el momento más de 7.000 productores gallegos ya han presentado reclamaciones al cártel de la leche, sancionado por la CNMC en julio de 2019 con una multa de 80 millones de euros por estas prácticas anticompetitivas durante el periodo 2000-2013. Las reclamación de afectados gallegos son por valor de unos 800 millones.

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Las primeras demandas de ganaderos gallegos ya están en los tribunales, tal y como han confirmado los responsables de Unións Agrarias, acompañados por representantes del bufete Eskariam. Estas demandas se adelantan a la resolución de la Audiencia Nacional, que acumula un acusado retraso, para “avanzar en los plazos” y “ganar tiempo al tiempo”. Cada productor afectado por el pacto de precios de las industrias entre 2000 y 2013 aspira a 200.000 euros más intereses.

Eskariam, la empresa de servicios jurídicos especializada en demandas masivas y grandes litigios, ya presentó a finales de 2022 un total de siete demandas -—entre las que hay ganaderos gallegos— en diferentes juzgados de España, tales como Granada o Barcelona, que representan el global de casuísticas de los perjudicados, según explica el consejero delegado de este despacho, David Fernández. A ello se suma una nueva demanda en representación de cuatro productores de Unións Agrarias, que reclaman sobre un millón de euros. Fernández resaltaba que se trata de unas pocas demandas “muy estudiadas” y “bien trabajadas” a modo de estrategia legal para “no colapsar lo juzgados”.