Abogados de la causa del Prestige ven un "incierto futuro" al pleito que España mantiene con la aseguradora del buque

Varios abogados implicados en la causa del Prestige -la catástrofe medioambiental ocurrida hace 20 años por el hundimiento de un petrolero y el vertido de fuel frente a las costas gallegas-, confían en que se haya aprendido algo de este procedimiento judicial y del siniestro, pero expresan dudas sobre la posibilidad de que llegue a buen término el pleito que España mantiene con la aseguradora del buque, una reclamación que asciende a 855 millones de euros.

Estos letrados defienden las actuaciones judiciales llevadas a cabo hasta ahora, saldadas con una primera sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y un posterior fallo del Tribunal Supremo revocando la absolución del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, al que condenó por delito contra el medio ambiente.

Esta resolución abrió la puerta a que los daños de la marea negra los asumiese la armadora y la aseguradora. Sin embargo, advierten que el proceso judicial se juega ahora "en campo británico", lo que, a su juicio, dificulta las posibilidades de un fallo favorable. Por ello, ven un "incierto futuro" o, en todo caso, "impredecible" al citado pleito.

Vía penal

El abogado Ramón Sabín, que representó a diversas cofradías gallegas y del norte de España, defiende que la vía penal, que fue la elegida, era la adecuada. "No se hubiera podido iniciar una reclamación civil sin depurar responsabilidades penales previamente", apunta. Asimismo, recuerda que "en la acción penal va incluida la reclamación de daños, por lo que en un único procedimiento se han depurado las responsabilidades penales y han reclamado las civiles aquellos que no han llegado a una solución al margen del proceso penal".

Este jurista también defiende que fuera el juzgado de Corcubión el elegido para llevar a cabo la instrucción a pesar del volumen de la causa, ya que era el competente. En su opinión, de haberse tramitado en la Audiencia Nacional, es probable "que se hubieran dilatado aún más las actuaciones". Aunque advierte: "Ante un desastre de esta naturaleza, el juzgado de Corcubión debió haber sido reforzado de forma considerable, incluyendo funcionarios y juez de refuerzo".

Respecto a las lecciones que dejó aquel terrible accidente, Sabín cree que "no se ha aprendido mucho". Y añade: "Seguimos en manos de los clubs ingleses y del Fondo para la Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac) con sus cláusulas limitadoras de la responsabilidad. A un buque se le debe obligar a navegar con un seguro que cubra los daños que pueda generar. No es así. Por eso es tan difícil depurar responsabilidades y percibir las indemnizaciones". En su opinión, la experiencia del siniestro del buque Mar Egeo no fue tenida en cuenta.

Peleas judiciales

"Sabíamos que lo mejor era llegar a los acuerdos indemnizatorios que ofreció el Gobierno de España en aquel momento, ya que las peleas judiciales con el Fidac y los clubs se harían interminables, y así fue. Han pasado veinte años y los que no se han acogido a estos acuerdos transaccionales siguen sin cobrar", señala este abogado, que no se atreve a pronosticar la viabilidad de la reclamación ante Reino Unido que mantiene la Abogacía del Estado con la aseguradora del barco.

Según el pronóstico de Cipriano Castreje, que fue el primer letrado que presentó una denuncia tras la catástrofe medioambiental, el desenlace de este pleito es "es impredecible e imprevisible". Se basa en el "problema de la legislación" con Reino Unido lo que, a su juicio, dificulta la resolución a buen término para España. "Lo veo complicado, pero no imposible", apostilla.

Coincide con Sabín en que el juzgado de Corcubión era el competente, pero incide en que tenía que habérsele dotado de medios. "Espero que hayamos aprendido la lección", dice en relación a las medidas que se deben adoptar para evitar siniestros de este tipo, y destaca la llegada de voluntarios para limpiar las playas.

Delito ambiental

Pedro Trepat, letrado de 'Nunca Máis', el movimiento que surgió poco después del hundimiento del barco, coincide con sus compañeros de profesión en que la vía penal y no la civil fue la más adecuada. "Había un delito ambiental clarísimo. Otra cosa son los medios", señala en alusión a la falta de los mismos para una causa de estas características en Corcubión.

Ahora, 20 años después, y sobre el proceso que enfrenta al estado español con la aseguradora, afirma que es "bastante complejo". "Es un procedimiento muy largo y con un incierto futuro", apostilla. Por otra parte, destaca las cantidades que en su momento fijó el Tribunal Supremo en relación a esta catástrofe.

A su vez, Manuel Meiriño, abogado de la asociación ecologista Arco Iris, que estuvo también personada, sostiene que el juicio del Prestige marcó un "antes y un después". "Es la primera vez que se le dio la vuelta a una sentencia con implicación de seguros británicos que no reconocían el fuero de estos tribunales".

Este letrado destaca que el Tribunal Supremo condenó a los seguros, reconoció los daños medioambientales, confirmó la responsabilidad civil derivada de la catástrofe y fijó indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros, a repartir entre el Estado español --como principal perjudicado--, el francés, la Xunta de Galicia y otros afectados, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.