CRISIS ENERGÉTICA

Los recortes del Gobierno obligan a las eléctricas a devolver más de 360 millones de ingresos extraordinarios

  • El Ejecutivo puso en marcha hace un año un sistema de control de los beneficios extra y marcó un tope de precio de venta de su electricidad procedente de nucleares, renovables e hidroeléctrica.

  • Las compañías deben entregar al sistema eléctrico los ingresos por encima de ese límite. El Gobierno sostiene que el mecanismo está evitando subidas mayores de los precios. 

Una torre eléctrica de alta tensión

Una torre eléctrica de alta tensión / Europa Press/Eduardo Parra

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El Gobierno puso en marcha hace un año un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan la espiral de subidas de precios provocada por la crisis energética -entonces casi recién estrenada- para disparar sus ingresos de forma abusiva. El objetivo era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados del mercado mayorista, que se disparaba por el precio del gas natural y de los derechos de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan.

El mecanismo activado por el Gobierno, que ha acabado siendo revisado y modificado en varias ocasiones desde entonces, obliga a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extraordinarios obtenidos con los contratos firmados por encima de un precio máximo marcado de 67 euros por megavatio hora (MWh) que, según los cálculos del Gobierno, era la barrera entre aprovecharse de manera injustificada de la crisis y no hacerlo.

Desde que se activara este sistema de recortes, las compañías eléctricas han tenido que devolver un total de 366,2 millones de euros por tener contratos firmados por encima del precio máximo de la electricidad fijado por el Gobierno, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA correspondientes a los ajustes de ingresos realizados desde septiembre de 2021 y hasta julio de 2022.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), encargada de hacer las liquidaciones de costes y gastos del sector, desveló que entre septiembre y diciembre del año pasado las minoraciones de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones de euros, pero desde entonces no ha hecho público el impacto de los recortes para los grupos energéticos. Este año las compañías han seguido devolviendo ingresos extra al sistema eléctrico hasta alcanzar los 234,4 millones entre enero y julio, según la documentación oficial consultada por este diario y que el organismo supervisor no ha publicado.

El Gobierno activó el pasado septiembre el sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios. Posteriormente, el Ejecutivo aprovechó el macrodecreto de marzo de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania para revisar el sistema de minoración de los ingresos extra y ampliarlo a todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por MWh). Y también creó un sistema de vigilancia especial para las grandes eléctricas para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) a lo largo de la cadena de contratos entre empresas del mismo grupo para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.

Las eléctricas niegan beneficios extra

Las compañías eléctricas niegan la existencia de esos beneficios extra y subrayan que tienen toda su producción vendida en contratos bilaterales a precios muy inferiores a los del mercado mayorista. Desde el sector eléctrico se subraya que precisamente la devolución de sólo 366 millones de euros durante el último año demuestra que las compañías no se benefician de los precios del mercado mayorista, dado que la primera previsión del Gobierno era recaudar con este mecanismo 2.600 millones de euros en seis meses (una estimación que se estableció con el primer sistema de recortes, y que el Gobierno no actualizó con los cambios regulatorios posteriores).

Desde el Gobierno se contrapone que el sistema de minoración de los ingresos está sirviendo para que las compañías contengan sus precios, ya que está permitiendo que las eléctricas firmen todos sus nuevos contratos y sus actualizaciones como máximo por esos 67 euros por MWh para evitar la devolución de los ingresos extra.

En paralelo, el Ejecutivo ha puesto en marcha o prepara otras medidas para evitar los beneficios extra y reducir el precio de la luz. Por un lado, activó en junio la excepción ibérica, el mecanismo que establece un tope al precio del gas que se utiliza para producir el gas para rebajar la cotización del mercado mayorista eléctrico al evitar que el precio del resto de tecnologías se vean contaminados por el encarecimiento del gas. Por otro, el Ejecutivo ha diseñado un impuesto específico para las grandes eléctricas para que aporten un parte de sus ingresos (un 1,2% de su facturación) para financiar las medidas de apoyo a familias y empresas, aunque el Gobierno modificará el diseño del futuro tributo para adaptarlo al gravamen que pacten los estados miembro de la Unión Europea.  

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