ANTONI CAÑETE, PRESIDENTE DE PMCM Y DE PIMEC

“Si no se sanciona a los morosos, aparecen los ‘morrosos’, los que tienen morro”

  • La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad exige crear un régimen sancionador para empresas que retrasan sus pagos, contemplado ya en una proposición de ley bloqueada desde hace dos años en el Congreso.

  • La organización, que agrupa a cerca de un millón de pymes y autónomos, alerta del riesgo de un repunte de la morosidad por la inflación, el aumento de los costes y la subida de tipos de interés. 

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y de Pimec.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y de Pimec. / Sergi Alcázar

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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) dice que lo suyo no es una guerra, pero sí “una cruzada”. Una que arrancó en 2008 cuando se constituyó la organización, que hoy agrupa a cerca de un millón de pymes y autónomos, y que tiene como objetivo impulsar cambios legales para combatir uno de los problemas que ahoga a millones de pequeñas empresas: el del retraso en los pagos de los compradores a sus proveedores. Una práctica generalizada que pone en riesgo a las compañías, los puestos de sus trabajadores, y que pone en jaque al conjunto de la economía.

“La morosidad normalmente se interpreta como un problema de las empresas. Pero es un problema que trasciende a las compañías y que afecta a toda la economía. Que los plazos de pago de las empresas sean largos es una muestra de que se trata de una economía poco competitiva. Que no haya morosidad es vertebral para la economía de un país”, sentencia Antoni Cañete, presidente de PmcM y también de la patronal de las pymes catalanas Pimec. “Si se rompe la cadena de pagos, se altera toda la economía, todo cae como un castillo de naipes”.

La ley ya marca claramente cuáles son los plazos máximos de pago a los proveedores (siempre que no haya un acuerdo explícito entre las partes para ampliarlos): se trata de 30 días en el caso de que el pagador sea una administración pública y 60 días cuando se trata de una empresa. Pero los plazos reales en los que se efectúan de verdad los pagos son mucho mayores: en 2021 fueron de 61 días de media en el caso de las administraciones y de 72 días las empresas privadas.

“Hay morosos que no pagan por dificultades de liquidez o de tesorería. Pero los morosos que pueden pagar y no pagan han de tener sanción. Éstos no son morosos: son morrosos, que tienen morro”, subraya Cañete. “Éste es un país de morrosos, de gente que se aprovecha de la situación. Los que tienen más liquidez son los que pagan más tarde”.

Y es que, según un estudio de la propia plataforma basándose en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondientes a las cuentas anuales de 2020, las empresas del Ibex 35 tardaban en pagar a sus proveedores 193 días de media y el resto de empresas del Mercado Continúo lo hacían en 200 días. Sin embargo, las compañías cotizadas tardaban en cobrar sólo 61 días. “Hay que hacer las leyes pensando en los pequeños para que nos podamos hacer grandes”.

“Hay que hacer las leyes pensando en los pequeños para que nos podamos hacer grandes”.

En los últimos años se han ido dando pasos legislativos con el objetivo de proteger a las empresas del impacto de la morosidad, pero no suficientes y, sobre todo, no se ha dado el gran paso que la Plataforma considera crucial. “La ley ya establece que hay obligación de pagar en unos plazos concretos. Hay obligación, pero no control de si se hace o no. Reivindicamos un régimen sancionador para los que no cumplen los plazos. Si no se aplican sanciones a los morosos, aparecen los morrosos. Sin sanciones se da vida y se les da la oportunidad de seguir haciéndolo a los que no pagan pudiendo pagar”.

Una ley que sale, otra ley bloqueada

Tras un largo proceso de tramitación parlamentaria y una dura negociación de enmiendas, el Congreso aprobó a principios de este mes la denominada Ley Crea y Crece para su remisión al Senado. En la norma se han incluido varias medidas que la PMcM considera avances históricos para reducir la morosidad.

Cuando la ley entre en vigor, las grandes empresas tendrán que certificar estar a corriente de pago con sus proveedores para recibir ayudas públicas y subvenciones, en un momento clave por el reparto de los fondos europeos del Plan de Recuperación; y, además, los grandes adjudicatarios de contratos públicos tendrán también que demostrar no incumplir los plazos de pago a sus subcontratas antes de cobrar por sus trabajos de la Administración.

La norma aún en tramitación también establece que el futuro Observatorio Estatal de la Morosidad -en el que se integrarán los agentes sociales y también la propia PMcM- deberá publicar cada año una suerte de lista negra de grandes empresas morosas que arrastren facturas impagadas o fuera de plazo por más 600.000 euros o hayan pagado a tiempo menos del 90% de sus facturas.

Las compañías que aparezcan en el listado sufrirán una suerte de pena de telediario, al vincularse públicamente su marca con la morosidad. Una medida insuficiente para la PMcM que aspiraba a incluir en la Ley Crea y Crece un régimen sancionador específico para multar a las empresas morosas. Pero no hubo acuerdo de los grupos y se quedó fuera.

En el Congreso ya hay una iniciativa legal para poner en marcha un sistema de sanciones a las empresas morosas. Se trata de una proposición de ley presentada por Junts per Catalunya, cuya toma en consideración respaldaron en 2020 el resto de grupos parlamentarios por unanimidad, y que lleva más de dos años abandonada y sin avances en su tramitación. La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado hasta 72 ampliaciones del plazo de enmiendas (esto es, que se ha ido aplazando una vez tras otra su tramitación) y sigue guardada en un cajón una proposición de ley que contempla multas de entre 3.000 y un millón de euros en función de las cantidades adeudadas y la reincidencia de la empresa morosa.

Viene una ola de morosidad

“Cuando la economía funciona y crece, el equilibrio no se rompe y se va sustentando aunque el plazo de los pagos se vaya alargando. Pero si hay crisis y problemas económicos, la morosidad va golpeándolo todo”. Y ahora toca crisis. Una temida ralentización económica que se espera para los próximos, con la inflación desbocada y un escenario de subida de tipos de interés encareciendo la financiación: una tormenta perfecta para que se dispare la morosidad en los próximos meses y quizá años.

“Tomemos medidas ya para evitar que cuando venga la crisis no sea la morosidad la que cierre empresas y destruya puestos de trabajo”

“Vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos”, alerta el presidente de la PMCM, que anticipa que algunas grandes empresas decidirán retrasar el pago a sus proveedores para, en la práctica, aprovechar que el valor real de su deuda disminuye cuanto más se tarde en pagar (por la devaluación del precio del dinero que conlleva la alta inflación) y para financiarse gratis en un contexto de tipos de interés al alza.

“Tomemos medidas ya para evitar que cuando venga la crisis no sea la morosidad la que cierre empresas y destruya puestos de trabajo”, advierte Antoni Cañete. “O ponemos remedio a la morrosidad o la economía española va a sufrir más que otras economías”. 

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