PRIMERO DE MAYO

El sindicalismo es la esperanza

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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (2i), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (2d), durante la manifestación de 2021 con motivo del Día del Trabajador en Madrid.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (2i), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (2d), durante la manifestación de 2021 con motivo del Día del Trabajador en Madrid. / Europa Press

Asistimos a este primero de mayo cerrando un ciclo, el de la pandemia nacida del Covid-19. La pandemia ha arrasado con la vida y la salud de muchas, demasiadas, personas, pero también nos ha situado ante un escenario diferente. Los valores que propiciaron la respuesta a la anterior crisis financiera estaban basados en la insolidaridad y la desigualdad. La salida de la crisis se cimentó sobre la depauperación salarial y el debilitamiento de los derechos de las personas trabajadoras.

Frente a la situación anterior, las organizaciones sindicales impulsaron ante la crisis pandémica una respuesta distinta basada en la protección de las personas y de sus empleos, así como en el sostenimiento de las empresas. El resultado está a la vista. Recuperación de los empleos hibernados con los ERTES, mantenimiento de un circulo de protección social, sin duda no como queríamos, pero sí digno. Y todo ello, desde el consenso. Frente al unilateralismo ultraliberal que dominó la anterior crisis, el diálogo, sin abdicar de una concepción social.

Hemos modificado una parte importante de la reforma laboral, volviendo al equilibrio perdido en la negociación colectiva, propiciando por primera vez en décadas crecimientos importantes de la contratación indefinida. Hemos construido una legislación moderna en ámbitos como el teletrabajo y hemos protegido la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadores mediante incrementos nunca vistos del SMI. Hemos utilizado el derecho del trabajo como instrumento de protección de los más débiles en la ley de riders. Y aseguramos los derechos de los pensionistas presentes y futuro al derribar la regulación de la reforma del 2013. Pero también afrontamos los límites de un Estado Social en parte desmantelado por los artífices de la salida de la crisis financiera del 2010. Salud y Enseñanza se convierten, junto a otros imprescindibles servicios públicos, en necesidades insoslayables en una sociedad avanzada.

Ahora se alumbra una nueva fase. La pandemia ha sido sucedida por una guerra brutal iniciada por Rusia invadiendo Ucrania. Las repercusiones de todo tipo son evidentes. Una inflación desbocada que ya se esbozaba con la recuperación de la crisis pandémica se incrementa y parece más perdurable. De nuevo, los derechos de los más débiles se ven amenazados. Porque estas situaciones a quien más afectan son a las personas con menor poder adquisitivo y a aquellos que dependen en exclusiva de un sueldo para asegurar su existencia.

Nuestra respuesta está clara. No vamos a permitir que la crisis actual se utilice como una herramienta de empobrecimiento de las personas trabajadoras. Los salarios deberán adecuarse de una forma u otra a la situación inflacionaria para no convertir a la clase trabajadora en la eterna perdedora. Y aparecen otras muchas claves, algunas de extraordinaria complejidad que requieren una respuesta, pero siempre desde una perspectiva social.

"La salida de la pandemia no puede justificar la vuelta al abandono y la desidia"

Los servicios públicos deben ser el eje de la construcción de nuestro Estado. La salida de la pandemia no puede justificar la vuelta al abandono y la desidia. Ya hemos visto quien sufre las carencias en aquellos y quién no.

La economía española se asienta sobre cimientos en gran parte débiles. La reindustrialización estratégica del país a través de los fondos europeos es una exigencia básica que nos fortalece como nación y como sociedad con la creación de puestos estables y de calidad. Nuestro nivel de exigencia en este ámbito va ser máximo tanto en transparencia como en eficacia, como también en la necesaria dispersión territorial sobre la base de un principio claro: que nadie quede atrás.

La legislación destinada a quebrar la brecha salarial entre mujer y hombre no se puede quedar en un bonito escaparate, tiene que cumplirse y tener efectos reales.

La regulación del 2012 permanece vigente en aspectos que deterioran el día a día de las personas trabajadoras. Algunos ejemplos: la actual regulación del despido colectivo convierte a éste en un método más de ajuste a pesar de las gravísimas consecuencias que produce. Los derechos de los representantes de los trabajadores y trabajadoras no están asegurados. Aún es posible el despido de aquellos que se atreven a defender los derechos de sus compañeros, presentándose como candidatos en elecciones sindicales. Centenares de miles de personas trabajadoras son atracadas en sus derechos al obligarlas a ser falsos autónomos o estar escondidas bajo ese esperpento que es en demasiadas ocasiones la figura del estudiante en prácticas.

Y, desde luego, la normativa laboral no debe ser un mero espejismo. Debe aplicarse y para ello requiere de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social eficiente, dotada de todo tipo de recursos.

Todo eso y mucho más son nuestros próximos objetivos. La sociedad española, los trabajadores y trabajadoras de este país siempre han necesitado de las organizaciones sindicales. Y sinceramente creo que esta etapa nuestro trabajo se ha hecho más evidente para todos. Por eso, las amenazas verbales de la ultraderecha cada vez son más radicales. Porque saben que las organizaciones sindicales de clase, como la UGT, somos el bastión y la fuerza de la clase trabajadora, de las personas más desfavorecidas.

Por todo lo que falta, por todo lo que se ha hecho, os hago un llamamiento a llenar las calles este primero de mayo, porque es importante seguir luchando por los derechos de las personas trabajadoras.

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