PGE 2022: necesitamos recursos suficientes y políticas valientes

Celebramos que para el ejercicio 2022, los Presupuestos Generales del Estado lleguen con el tiempo necesario para poderlos trabajar. Esto en sí, es ya una buena noticia. En líneas generales como sindicato que quiere mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores y trabajadores, viniendo de un gobierno de coalición progresista, en una etapa de previsiones de crecimiento económico muy importante, en unos presupuestos de expansión y con la inclusión de los fondos europeos, pensamos que estamos delante un escenario de muchas oportunidades. Por esto, queremos estar atentos para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sean garantes de una buena distribución de la riqueza, que el crecimiento llegue a todas y todos y, especialmente, a los que más lo necesitan. Para crecer bien, se debe distribuir bien. Y hay dos grandes formas de reasignación igualitaria del crecimiento económico: los salarios –en este caso los del sector público, las pensiones y otras prestaciones de acuerdo con el aumento del coste de la vida- y la fiscalidad justa, no solo a las rentas del trabajo, sino también y sobre todo a las rentas del capital.

Los PGE son absolutamente medulares para consolidar el desarrollo futuro de nuestro país. Las previsiones apuntan a que España será el país desarrollado que más crecerá el próximo año (6,4% según el FMI, 7% según el Gobierno), impulsado por la exitosa campaña de vacunación realizada. Esto no es nuevo. Nuestro país suele salir rápido de las crisis, del mismo modo que se hunde también de manera muy intensa cuando se producen, con el demoledor efecto que ello tiene sobre el empleo, las rentas y, en definitiva, la calidad de vida de las personas. Por ello, las políticas que se apliquen en los próximos años deben dirigirse no solo a reconstruir el país económica y socialmente del dramático impacto de la pandemia, sino a cambiar las pautas de ese crecimiento para hacerlo más resistente, estable, sostenible e integrador. Este es el reto que debe comenzar con estas cuentas públicas y las políticas que contienen, que vienen determinadas por dos circunstancias.

De un lado, la inclusión de un total de 27.633 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation EU (un 3,8% más que en 2021), que constituyen una oportunidad única que nuestro país no puede desaprovechar. Esta cifra supone el 6% del total del presupuesto de gasto (458.970 millones), y una inyección extraordinaria de liquidez que, unida al mantenimiento de la moratoria de las reglas fiscales europeas un año más, resulta decisiva para que crezcan la mayoría de las partidas presupuestarias, conformando un escenario expansivo acorde con los requerimientos de la situación actual.

De otro lado, la existencia de un gobierno de signo progresista constituye también un factor clave para que se realicen políticas que redunden en una mejora del bienestar colectivo, focalizando sobre las personas más desfavorecidas. Desde el inicio de la pandemia, este Ejecutivo, con la contribución esencial de los interlocutores sociales a través del diálogo social, ya demostró que se podía gobernar de otra forma radicalmente opuesta a la que representaron las nefastas políticas de austeridad extrema de 2010 a 2013, más eficaz y justa. En 2022 toca ratificar este cambio de signo de las políticas aplicadas, manteniendo la máxima de no dejar a nadie a atrás.

Ambas cuestiones tienen especial reflejo en las partidas de gasto social, que crecen un 3,6%, alcanzando 248.391 millones de euros (incluyendo los fondos europeos), el 54,1% del gasto total. Aumentan notablemente los fondos para vivienda (46,3%), sanidad (11%, sin incluir vacunas), dependencia (23,3%) o pensiones (4,8%), que recogen, por fin, su revalorización anual con el IPC, y un aumento del 3% para las mínimas y no contributivas. Ello permitirá que los y las pensionistas no pierdan poder de compra año tras año, como sucedía con la reforma del PP, felizmente derogada de facto ahora gracias a la insistencia sindical, que ha llevado a un acuerdo social en esta materia.

La expansión del gasto se refleja también en otras partidas muy relevantes, como en las políticas de igualdad de género (14%, superando por primera vez los 500 millones de euros), cultura (38,4%) e I+D+i y digitalización (7,6%). En otras áreas, el incremento global es más reducido, a pesar de su carácter esencial para la recuperación, como en fomento del empleo (3%) o en industria y energía (1,2%).

No obstante, no basta con presupuestar fondos adecuados; es preciso ejecutarlos de manera efectiva, y, sobre todo, poner en marcha las políticas públicas y las reformas adecuadas, que den solución a los problemas de la ciudadanía, de las empresas y del conjunto de la economía. En este sentido, algunas de las actuaciones recogidas en el Proyecto de Presupuestos yerran en su diseño y deberán ser corregidas en el trámite parlamentario.

El bono para la ayuda al alquiler de vivienda de los jóvenes es un instrumento bienintencionado pero ineficaz que, en ausencia de un control de los precios máximos de los alquileres, redundará en un aumento simultáneo de su precio que anulará su potencial efecto beneficioso. La revalorización del Ingreso Mínimo Vital (3%) tendrá sentido sólo si se acometen las modificaciones en su regulación para que llegue a más personas, acercándolo a una prestación de ingresos mínimos efectiva como la que propusimos los sindicatos. El notable aumento de recursos para servicios sociales (18,3%) resultará poco útil si no se eleva más el IPREM (2,5%), impidiendo el acceso a prestaciones y ayudas a miles de personas que lo necesitan. O, en materia de ingresos, una medida en principio positiva, como es la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, resultará inocua al aplicarse sobre la base imponible, en lugar de hacerlo sobre los beneficios, como venimos reclamando desde UGT.

Por todo ello, los PGE de 2022 deben ir de la mano de las reformas y actuaciones precisas, que caminen decididamente hacia el nuevo contrato social y medioambiental que necesitamos, coherente con una senda de progreso duradera y más justa. En este sentido, 2022 debe ser el año en el que se derogue por fin la reforma laboral de 2012, verdadero escollo para la creación de empleo de calidad; se deberá concretar la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones, consolidando su sostenibilidad financiera sin merma de la calidad de vida de las personas mayores; se debe aprobar una Ley Estatal de Vivienda que vaya más allá de la planteada hasta ahora por el Ejecutivo, y que garantice efectivamente el Derecho a la Vivienda, sobre todo para las personas jóvenes; será preciso reformar la regulación del sistema eléctrico, configurando un nuevo sistema de formación de precios racional, que no infle los beneficios de las grandes empresas del oligopolio del sector; será el momento de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional hasta al menos 1.000 euros, el 1 de enero del 2022, acercándolo al 60% del salario medio, 1060€ para el 2023; y, por fin, habrá que implementar una reforma fiscal integral, que permita recaudar más y de manera más justa, ayudando a cerrar la brecha de 76.000 millones anuales de recaudación que nos separa de la media de la eurozona.

Todas estas medidas y reformas no están explícitamente en los Presupuestos para el próximo año, pero son las piedras angulares del nuevo edificio económico y social que queremos construir, asentado sobre un sostenido impulso económico generador de empleo de calidad, la modernización del tejido productivo y el fortalecimiento del estado de bienestar, con atención especial a las personas más vulnerables. En suma, las bases de un país más próspero, cohesionado y equitativo.