ALUVIÓN DE SOLICITUDES

La avalancha de nuevas renovables triplica ya los objetivos del Gobierno para 2030 y colapsa la Administración

  • El Gobierno amplió in extremis los plazos de los permisos para evitar que los retrasos tumbaran cientos de proyectos verdes y admite su “frustración” por que las CCAA no destinen recursos suficientes para atender las solicitudes.

  • El Ministerio para la Transición Ecológica maniobra para lanzar las primeras subastas de los puntos de acceso a la red eléctrica antes del verano. 

Parque eólico.

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España se prepara para un auténtico boom de instalación de nuevas plantas de energías renovables durante la próxima década. La hoja de ruta del Gobierno para impulsar la descarbonización del sector energético contempla la puesta en funcionamiento de unos 60.000 megavatios (MW) de nuevas renovables hasta 2030, prácticamente triplicando las energías verdes a lo largo de una década.

Sin embargo, el sector sigue desbordando todas las previsiones y actualmente las solicitudes para conectar a la red eléctrica nuevas instalaciones renovables casi triplican toda la nueva potencia verde prevista por el Gobierno hasta 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y de esas peticiones presentadas, las que ya ha conseguido el permiso de acceso a la red más que duplica los objetivos de la senda oficial de expansión de las energías limpias.

Los promotores de plantas renovables han cursado solicitudes para conectarse a la red para una potencia de más de 176.000 MW, según el registro de Red Eléctrica de España (REE) con datos hasta el 31 de diciembre de 2021. De todo ese aluvión de solicitudes, 147.100 MW ya cuentan con permiso de acceso aprobado REE, encargada de conceder una de las licencias para enchufar las plantas a la red. Y otros 29.000 MW han presentado su solicitud pero aún está en estudio.

Administración desbordada

El gran problema es que una parte sustancial de las solicitudes no cuentan con un proyecto real para construir una planta energética y durante los últimos años se ha ido alimentando una burbuja especulativa de reventa de permisos de acceso a la red. El Gobierno ha ido adoptando medidas para tratar de pinchar esa burbuja e ir expulsando las solicitudes sin proyectos detrás.

Pero la avalancha de proyectos renovables sigue siendo tal que ha acabado por colapsar las Administraciones encargadas de conceder los permisos y provocando enormes retrasos en la tramitación (el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de grandes proyectos de más de 50 MW y las comunidades autónomas para las plantas de menor potencia). Unos retrasos que amenazaban con expulsar proyectos que sí contaban con un plan de construcción real por incumplir los plazos legales de obtención de autorizaciones intermedias.

A finales de diciembre, el Gobierno aprobó in extremis una ampliación de nueve meses de los plazos para que los promotores renovables obtengan algunos de los permisos intermedios (la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa), evitando que cientos de proyectos decayeran por el retraso de las administraciones, y que los promotores pudieran perder los avales presentados para obtener las licencias y los permisos de acceso a la red conseguidos.

Con el objetivo de de impulsar proyectos renovables realmente viables y expulsar los meramente especulativos, el Gobierno impuso a los promotores la obligación de ir cumpliendo hitos intermedios e ir consiguiendo autorizaciones en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso a la red. Muchos proyectos estaban a punto de incumplir esos plazos y en la mayoría de los casos la causa era el retraso en la tramitación por parte de las Administraciones. Para salvar esos proyectos el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto la mano y ha retrasado hasta enero de 2023 el cumplimiento de varios de esos hitos.

Falta de recursos en las CCAA

“Es enormemente frustrante ver que las Administraciones Públicas no están dotadas suficientemente para atender el aluvión de solicitudes”, se quejaba la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, esta misma semana. Las comunidades autónomas reconocieron su incapacidad para asumir la avalancha de solicitudes recibidas y fueron los gobiernos regionales los que solicitaron por unanimidad al Gobierno ampliar los plazos en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Energía.

“Hay que resolver las solicitudes bien y pronto. Los retrasos generan angustia al promotor, pero también genera tensión en el territorio donde no se sabe qué pasará”, explicaba Ribera durante su intervención durante la 19ª Jornada de Energía organizada por IESE y Deloitte. “Tuvimos que ampliar los plazos porque las Administraciones Públicas no estaban dando respuesta”.

Contra la especulación

En el sector de las energías limpias proliferó durante años la especulación con los permisos de conexión a la red eléctrica, que se habían convertido ya en un activo con los que las empresas negocio y por los que se pagan cantidades disparatadas en la reventa pese a que REE los concede gratuitamente.

El Gobierno ha alertado de que el crecimiento exponencial de proyectos renovables estaba impulsado en muchos casos por empresas especializadas en las primeras fases de obtención de los permisos de acceso y autorizaciones administrativas, vendiendo los proyectos justo antes de la fase de construcción a empresas energéticas o a fondos de inversión para su construcción y explotación posterior o revendiendo simplemente el permiso de acceso a la red.

En los últimos años, el Gobierno ha tratado de acabar con esa especulación disparando la cuantía de los avales que se exigen para solicitar la conexión a la red y estableciendo la obligación de cumplir con hitos intermedios para asegurarse de que la solicitud la respalda un proyecto real. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica prepara directamente el lanzamiento de subastas de los accesos a la red para nuevos proyectos renovables, en los que pesará criterios económicos, pero también de empleo, sociales y ambientales.

La vicepresidenta Ribera se ha comprometido a lanzar la primera de esas subastas antes del verano, para lo que se ultima una orden ministerial con los criterios específicos para la organización de la puja, que se sacará en audiencia pública y se aprobará en este primer trimestre.  

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