Ribera admite el riesgo de España de perder industria por dar menos ayudas para bajar la luz

España lleva meses encabezando la presión a la Comisión Europea para que aplique medidas de calado para frenar la subida del precio de la electricidad. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado con insistencia a Bruselas la adopción de una respuesta común de toda la Unión Europea para amortiguar el impacto de las subidas de la electricidad y el gas en el recibo que pagan familias y empresas, y ha defendido reformas estructurales de calado de los mercados energéticos y de la forma en que se fijan los precios de la luz para evitar su volatilidad y para que dejen de depender tanto de la cotización internacional del gas natural.

La Comisión Europea ha rechazado la adopción de estas medidas estructurales y la reforma de los mercados energéticos, y ha encomendado a cada uno de los países a que adopten medidas para evitar que las subidas de los precios afecten directamente a los consumidores domésticos y a las empresas. La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha denunciado la “desigualdad” entre países que ha provocado esta falta de una estrategia común de la UE frente a la crisis energética.

“La Comisión Europea no quiere tocar la regulación del mercado, y su reacción es pedir que las medidas las pague el contribuyente de cada país”, ha subrayado Ribera durante su intervención en la 19ª Jornada de Energía organizada por IESE y Deloitte. “La capacidad presupuestaria de los estados miembros es muy diferente y la respuesta es muy desigual. Los países que tienen el bolsillo lleno pueden actuar. No puede ser que países con más bolsillo tengan más recursos para cubrir a su industria, generando una diferencia de costes energéticos muy notable y que es difícil cubrir para otros países con menos capacidades".

De hecho, la vicepresidenta del Gobierno ha alertado de que esta desigualdad puede tener como efecto “deslocalizaciones” de industria por la diferencia de precios, admitiendo el riesgo de España en este sentido. Y es que Ribera ha alertado de que países con mayor potencia económica han destinado cantidades mucho mayores para compensar a sus ciudadanos y sus empresas los efectos de la subida de los precios de la luz y el gas.

Según las cifras facilitadas por la vicepresidenta, Alemania ha destinado 36.000 millones de euros y Francia 21.000 millones en el último año, mientras que España se ha quedado apenas en 5.500 millones entre rebajas de impuestos y en diferentes ayudas a la industria para compensar costes energéticos.

"Les daba miedo abrir la caja de Pandora, y ahora la caja de Pandora nos ha estallado en las manos”, ha indicado la vicepresidenta en referencia a los máximos históricos de los precios energéticos y la negativa de Bruselas y de varios países europeos a revisar la regulación comunitaria de los mercados. Desde la UE se ha esgrimido que la convulsa evolución de los mercados energéticos, con precios en máximos históricos, es coyuntural, lo que serviría de argumento para rechazar la adopción de medidas estructurales. "Es verdad que la situación es coyuntural y temporal", ha concedido Ribera, "pero ya va para un año y no se sabe cuánto durará".

El Gobierno español sigue reclamando una reforma de los mercados energéticos y del sistema de fijación de precios para evitar que las subidas del precio del gas natural tenga un impacto directo en el encarecimiento de la electricidad. Ribera ha pedido incluso que a corto plazo una “suspensión excepcional de las reglas” para sacar al gas del sistema de establecimiento de precios de la luz. "Es mejor una regla común que mirar para otro lado cuando se producen incumplimientos por parte de los estados miembros", ha sentenciado.

La petición de la industria

Las grandes industrias españoles hacen frente común para exigir al Gobierno medidas urgentes para combatir los altos precios de la electricidad y el gas, que ponen en riesgo la competitividad y la viabilidad de algunos sectores por el enorme peso de las facturas energéticas en su estructura de costes.

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Las patronales Anfac (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) se unen para reclamar al Ejecutivo la inmediata adopción de medidas adicionales para amortiguar el impacto de la espiral de alzas de los mercados eléctrico y gasista.

Las asociaciones industriales, agrupadas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, piden al Gobierno rebajas de impuestos, más ayudas a las compañías, recortes de los costes que se cargan a las facturas de luz y de gas, reformas estructurales de los mercados energéticos y también se lanzan a pedir una revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares en España.