CORONAVIRUS

Los empresarios temen que la concesión de bajas laborales sin PCR aliente la "picaresca" entre los trabajadores

  • Organizaciones empresariales como Hostelería Madrid alertan de la falta de garantías del actual sistema de concesión de bajas laborales y la dificultad para que los trabajadores reciban el alta

  • Desde la CEOE de Aragón, último territorio en implantarlo, proponen medidas complementarias para que exista una certificación sanitaria de los contagios efectivos que cierre la puerta al fraude laboral

Los empresarios temen que la concesión de bajas laborales sin PCR aliente la "picaresca" entre los trabajadores

EFE

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La concesión 'telemática' de las bajas laborales por coronavirus ya instaurada en Madrid, Cataluña y Aragón despierta recelos entre los empresarios. Este sistema, impuesto en algunas regiones para paliar el colapso de la atención primaria ante el aumento de casos en la sexta ola, marcada por la alta transmisión de la variante ómicron, abre la puerta a que cualquier trabajador pueda pedir la baja con una simple comunicación tras haberse realizado un test de antígeno con resultado positivo.

El último lugar en implantarse esta medida ha sido Aragón, que este lunes anunció el nuevo sistema de tramitación de bajas que entrará en vigor hoy, por el que no es necesario hacerse un PCR en el centro de salud para confirmar el positivo del test de autodiagnóstico. Para iniciar el procedimiento, basta con llamar a un número de teléfono para comunicar el resultado y, en caso de requerir la baja laboral, se realiza una petición para obtener una cita telefónica donde, en último lugar, se pide la identificación necesaria para realizar la baja efectiva, sin que haya mediado el sistema sanitario para certificar el contagio, y fiando la validez del resultado a la buena fe del solicitante.

Desde la CEOE Aragón, su director general, Jesús Arnau, señala que esta medida se ha lanzado "sin los medios adecuados", al tiempo en que alerta sobre las posibles bajas fraudulentas que puedan darse. "Esta medida da opción a determinadas picarescas", apunta. A su juicio, esta falta de garantías "da pie a que se puedan tomar determinadas decisiones de fraude y a que personas que no sean del todo profesionales se aprovechen de la situación".

Aunque Arnau confía en que "no sean casos mayoritarios", sí alerta del daño potencial que podría tener, "sobre todo en empresas del sector servicios que dependen de las ventas de bienes al consumo, más en Navidad, y a quienes les puede penalizar mucho el tener a una parte de la plantilla de baja". "Para muchas empresas es muy peligroso".

Arnau se muestra sensible con la difícil situación sanitaria y defiende que "la salud es lo primero", pero añade que "se podían haber aplicado medidas complementarias". "Entendemos que el servicio público de salud y atención primaria están desboradados y esto es importante", comienza el responsable de la CEOE aragonesa, que sin embargo pide alternativas para ofrecer una certificación sanitaria de que los contagios son reales.

"El servicio privado puede proporcionar una serie de medios profesionales al sistema sanitario y ahí tenemos dos líneas importantísimas: una son los medios de las mutuas y otro el sector farmacéutico. En ambos hay profesionales que podrían realizar los test, porque es importante que el test lo realice un profesional sanitario para poderlo validar efectivamente a la hora de tramitar una baja y que un sanitario certifique que es positivo". 

En Madrid, el sistema de autodiagnóstico se validó la semana pasada como medio para pedir una baja laboral. Así, el pasado 30 de diciembre la Consejería de Sanidad emitió un comunicado en el que anunciaba la apertura de un teléfono específico para comunicar los positivos en test de antígenos realizados en domicilio. Después de esa llamada, se envía al usuario un SMS para empezar a gestionar la baja laboral, sin que se haya comprobado la veracidad del contagio.

Esta situación, al igual que en Aragón, despierta suspicacias en la Comunidad de Madrid. "No hay ninguna garantía", censura José Carlos Ramón, secretario ejecutivo de Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER). El empresario advierte de que "si no hay constancia fehaciente [de los contagios] es normal que exista la duda" sobre la baja laboral.

Señala, además, que esta medida, podría "afectar a todo el tejido económico", puesto que todas las empresas serían susceptibles de sufrir este tipo de situaciones de fraude: "Cualquier persona puede proceder de esa manera". Ramón apunta directamente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a quien responsabiliza de las consecuencias de esta medida a nivel económico: "Habrá que pedirle explicaciones", adelanta, que censura que se expidan documentos de baja sin certificado sanitario.

"PLANTILLAS ARRASADAS" Y SIN ALTA

En la patronal Hostelería de Madrid también detectan casos dudosos entre los trabajadores que se dicen enfermos ("tras el test de antígenos, nadie pasa por ningún centro de salud ni tienen certificación médica; ahí hay una casuística que... todo lo que te puedas imaginar"), pero apuntan a que sus problemas de "inseguridad jurídica” tienen más que ver con las altas: frente a la inmediatez del autotest para la baja, explica José Antonio Aparicio, presidente de esta patronal, no hay suficientes médicos para acreditar que un empleado ya está bien para volver al trabajo. “Al problema de las plantillas arrasadas, porque la gente se está marchando a casa en masa, se le suma que no sabemos cuándo va a volver, no hay seguridad de cuánto duran esas bajas”, lamenta.

Aparicio confirma que están conversando ya con la Consejería de Sanidad madrileña para encontrar soluciones: “Queremos que haya algún medio por el que, si la cuarentena está establecida en siete días, alguien pueda certificar al empleado telefónicamente al séptimo día, sí o sí, si está en condiciones de volver al trabajo o no”. Su aspiración es que se automatice el sistema: “Una comunicación de alta por SMS sería perfecta: con ella, podríamos hacer inmediatamente los trámites correspondientes con la Seguridad Social”.

Y es que a los problemas de personal se les suman los burocráticos, asegura Aparicio: “Hay veces que recibimos el parte de baja y de alta a la vez, por ejemplo; y a 31 de diciembre hemos tenido que elaborar las nóminas sin saber la situación real de muchos de nuestros trabajadores: al llegar el corte de final de año, hay casos en los que no teníamos ni una baja ni un alta certificada de personas que están teóricamente en casa con un test de antígenos positivo. Esperamos que en enero haya una moratoria de la Seguridad Social para rehacer en su caso las situaciones que haya que corregir”, añade.

Entretanto, en el sector se preparan con resignación para las próximas semanas: “Afrontamos un enero con carencias importantes de personal: al problema endémico de mano de obra en la hostelería le sumamos unas plantillas muy diezmadas por el covid. Atenderemos a los clientes con lo que tenemos, porque no está previsto contratar más: enero y febrero son meses malos, se vuelve a contratar desde marzo”, resume.

Cataluña también estableció la pasada semana un sistema para 'oficializar' los test de autodiagnóstico, y desde el lunes las notificaciones se pueden hacer también a través de una red de 1.300 farmacias que, vía telefónica o email, reciben la comunicación del positivo tras el test hecho en casa, también sin ninguna confirmación. El ciudadano deberá comunicar su DNI o número CIP, teléfono de contacto y la marca del test de antígenos, sin necesidad de aportar ninguna imagen del positivo: basta con la palabra.

"Funciona a partir de confianza", admitió este lunes Gemma Craywinckel, directora del Servicio Catalán de Salud, durante la presentación del nuevo protocolo, que recordó que el Departamento de Salud da validez a un positivo por test de automuestra notificado por teléfono o por otras vías telemáticas sin necesidad de que los ambulatorios lo corroboren con una segunda prueba, precisamente para reducir la saturación.

Los datos confirman una oleada de bajas: 240.000

La Seguridad Social ha facilitado datos de bajas laborales atribuibles al covid, tanto por contagio como por aislamiento, y aunque están todavía incompletos (sólo llegan hasta el 23 de diciembre) evidencian una nueva ola del virus que se acentúa a final de año: de las 34.111 bajas covid registradas en octubre, la cifra más baja de la pandemia, se pasa a 75.861 en noviembre y a 240.011 en los primeros 23 días de diciembre.

El propio ministerio de José Luis Escrivá destaca que "comparado con otras olas, el número de procesos es por el momento inferior" (el pasado julio las bajas llegaron a 402.203, y en enero de 2021 a 636.260, el mes con más bajas de toda la crisis). También subraya que se aprecia "un importante descenso paulatino de la duración media de los procesos, debido a que, por el proceso de vacunación, la mayoría de los casos son menos graves". En efecto, desde los casi 40 días que duraban las bajas al inicio de la pandemia las cifras se han ido reduciendo hasta los 12,6 días de noviembre. En diciembre, el dato es de 9,96 días, pero el ministerio aclara que esa duración media "está condicionada por la no finalización de muchos procesos iniciados este mes", así que no se pueden tomar al pie de la letra, "aunque la tendencia de los meses anteriores apunta a una nueva reducción".

Los datos, insiste Seguridad Social, "son provisionales y por lo tanto susceptibles de ser revisados".

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