Los alcaldes de la 'Ruta de la Placa' se levantan en armas contra la avalancha de las fotovoltaicas

Un total de 93 alcaldes de toda la comunidad andaluza, de todos los colores políticos, incluidos ocho alcaldes del PP, han acudido al Parlamento andaluz para defender una iniciativa legislativa municipal que pide parar y poner orden en el ‘boom’ de las fotovoltaicas que están arrasando, avisan, miles de hectáreas. Paisajes destrozados por las placas solares donde antes había olivos centenarios, advierten.

Los regidores exigen una moratoria para planificar los nuevos parques de renovables. La mayoría son municipios pequeños de la Andalucía Vaciada, con especial incidencia en las sierras de Cádiz, Málaga y Granada, pero también se han sumado otros como Jerez de la Frontera, donde el ayuntamiento denuncia la aprobación “descontrolada” de 40 plantas renovables, o Cádiz. “Representamos al 12% de los ayuntamientos y a un millón de andaluces de todo el territorio”, defendieron los promotores de la iniciativa legislativa municipal.

Andalucía tiene en marcha más de un millar de proyectos (1020) de parques de energías renovables. Ante el plazo tope del pasado 25 de enero, fecha en la que expiraba el periodo para emitir la DIA (declaración de impacto ambiental) para que el Ministerio para la Transición Ecológica diera luz verde a los nuevos proyectos, la Junta de Andalucía pisó el acelerador e informó de que ningún proyecto se quedaba en el cajón, con 500 expedientes más resueltos de forma favorable en tiempo récord y vía exprés que suponen la implantación de 12.000 megavatios de energía en Andalucía y una inversión de 20.000 millones de euros.

“Es absolutamente necesario que se repiense”, advirtió Modesto González Márquez, alcalde de Coria del Río (Sevilla) de Andalucía por Sí, que actuó de portavoz de los alcaldes, que llevan nueve meses en esta pelea.

"Esto es el lejano Oeste"

“Por favor repiénsenlo porque lo que hagamos ahora va a quedar para siempre y va a ser absolutamente irreversible”, advirtió el regidor. Desde la tribuna mostró una foto área de Navazuelos, en Granada, una diminuta pedanía de Guadahortuna (1.836 habitantes), donde se instalará una inmensa planta, tan grande que obligará a recorrer tres kilómetros de renovables para salir del pueblo. O de Guillena (Sevilla, 12.650 habitantes), donde figuran varios proyectos de distintos promotores, que comparten, eso sí, domicilio fiscal. Una trampa que permite a las empresas sortear controles y agilizar trámites. Si la planta es de más de 50 megavatios depende del Estado, si es de menos de la Junta de Andalucía. En Setenil de las Bodegas, declarado uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Cádiz, un tercio de su término municipal será alicatado con renovables.

A la Junta de Andalucía, los alcaldes afectados, además de plataformas integradas en una gran asociación española, le reprochan además que “agachara la cabeza” ante el lobby de renovables y retirara un mapa con zonas prioritarias y protegidas para estas energías, midiendo su impacto medioambiental y la afección por ejemplo a las aves y otras especies protegidas.

Además las asociaciones aseguran que hay otro mapa elaborado por los técnicos de la Junta “escondido en un cajón”, sostiene Marisa Casal, portavoz de la ‘Plataforma MacroRenovablesNo’. “La ruta de la placa”, un trabajo realizado por los detractores de los megaproyectos, muestra el mapa de renovables en Andalucía, y permite a las asociaciones decir que “esto está siendo el lejano Oeste”, avisa Casal, “con proyectos opacos que tienen detrás en su inmensa mayoría fondos de inversión” que dejarán “un problema de chatarra enorme en las próximas décadas, porque estas plantas tienen una vida útil de 20 o 30 años”.

Agricultores en contra

José Blanqué asistía al debate desde la tribuna de invitados. Tiene 63 años, es de Caniles (Granada) y toda la vida la ha pasado en el campo. Se dedica a la agricultura ecológica, olivar, almendro, cereales, leguminosas... Es propietario de sus tierras desde que en 2012 murió su padre y sus dos hijos se inician ahora en la actividad agrícola. O eso quieren porque “estos ladrones nos lo van a quitar todo”. Su guerra es la de otros “80 o 90 vecinos” de la comarca granadina donde están los pueblos de Caniles y Baza, localidad donde se acaba de inaugurar una importante subestación eléctrica, una autovía de alta velocidad para la electricidad que ha atraído grandes proyectos de energías renovables.

Entre ellos, el proyecto al que se opone con todas sus fuerzas Blanqué, el parque Ququima, una megaplanta de 250 megavatios de potencia en 395 hectáreas de cultivos. La promotora es Capital Energy. Le pagaban 1.100 euros por hectárea durante 35 años. Ahora denuncia que le van a expropiar todos sus terrenos de forma forzosa y que su contrato es "papel mojado".

La empresa sostiene otra versión. "Este señor firmó en su día ocho contratos para el arrendamiento de otras tantas parcelas. No opciones sino contratos en firme. Tres de ellos no se van a materializar dado que esas parcelas han quedado fuera del perímetro de la instalación. Los otros cinco sí están dentro. Pero no hay expropiación ahí, sino contratos firmados por él mismo", matiza Capital Energy.

Los vecinos que han acudido a la Cámara andaluza, en pie de guerra, denuncian que el Ministerio de Transición Ecológica ha accedido a declarar ese proyecto de renovables de utilidad pública, lo que permite la expropiación a precio de saldo. La empresa desmiente la versión de los afectados y explica que el temor a la expropiación es irreal porque no existe tal declaración de utilidad pública (DUP). Es un fantasma. Lo que se ha publicado en el BOE es una declaración de impacto ambiental favorable (DIA), con un listado de 151 parcelas donde se hará finalmente el proyecto. Capital Energy defiende que este proyecto ha sido "un paradigma de negociación", el ayuntamiento de Baza ha jugado un papel de mediación con los vecinos para garantizar que solo aquellos que quisieran cedieran sus terrenos y de hecho se redujo respecto al proyecto inicial de 500 a 395 hectáreas.

El fantasma de las expropiaciones

“La ley que regula las expropiaciones es de 1954, preconstitucional, la ley de energías renovables de Andalucía allana el camino para declarar de utilidad pública estos proyectos y también la normativa marco de la Unión Europea permite que esto pueda suceder”, explica Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía. Además la última modificación de la ley andaluza del suelo facilita a los ayuntamientos que puedan dedicar suelo agrícola a las renovables. “Ahora mismo necesita los mismos permisos poner a pastar en una parcela una piara de cabras que decenas de placas fotovoltaicas”, añade Mora. Adelante Andalucía denuncia que hay “coacciones y chantajes” a los propietarios.

Desde Por Andalucía, Inma Nieto, lamentó que Andalucía se “venda” a estos fondos de inversión, que generan cientos de puestos de trabajo mientras se construye la planta, pero poco más. Desde el PSOE, Rafa Márquez, reclamó que se haga un debate sosegado en el Parlamento y se reordene el mapa desde el diálogo contando con los ayuntamientos. También Vox se sumó pero desde una posición diametralmente opuesta, de rechazo a las renovables y negación del cambio climático.

El PP tumbó la medida, que vuelve al punto cero, y su portavoz, Julia Ibáñez, recordó que los socialistas han negado todas las iniciativas de ayuntamientos (54) cuando gobernaban y defendió que el marco jurídico de la Junta de Andalucía es "totalmente garantista".