El empadronamiento de migrantes, una cuestión que escapa de la competencia de la UE

Las instituciones europeas tienen poco que decir sobre el empadronamiento de inmigrantes, una cuestión que recae bajo la competencia de los Estados miembros y posteriormente de los ayuntamientos que son la instancia administrativa responsable de hacer operativo el reconocimiento de los derechos y deberes de los inmigrantes y de impulsar su integración en la sociedad local.

Según fuentes europeas consultadas por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, ninguna cláusula del nuevo pacto de asilo e inmigración, que ultiman Consejo y Parlamento Europeo tras el acuerdo político cerrado después de meses de negociaciones a finales de diciembre pasado, modifica el hecho de que sea una competencia nacional.

Ninguna cláusula del nuevo pacto de asilo e inmigración modifica que el padrón sea una competencia nacional

El nuevo pacto de asilo e inmigración, acordado por los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo a finales del año pasado y todavía por aprobar formalmente, está destinado a gestionar y normalizar la inmigración a largo plazo, brindando certeza, claridad y condiciones dignas a las personas que llegan a la Unión Europea, pero no regula la política de empadronamiento. 

Por ejemplo, establece reglas uniformes para la identificación de los inmigrantes de terceros países que llegan a las fronteras exteriores de la UE para garantizar un control efectivo, refuerza la base de datos Eurodac para mejorar la información sobre los movimientos de inmigrantes irregulares dentro de la UE y establece nuevas reglas sobre procedimientos de asilo y respuesta en caso de crisis migratorias provocadas por llegadas masivas (como las que se han vivido en las islas Canarias), para que los países afectados reciban la solidaridad del resto de países europeos o evitar la instrumentalización. Es decir, se centra en ofrecer un enfoque común respecto a la gestión de la política migratoria pero no entra en regular la respuesta que deben dar las autoridades locales. 

Un estudio encargado por la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo hace año y medio reconoce que el acceso de los inmigrantes en situación irregular a derechos sociales y su protección ha generado polémicas en numerosos Estados miembro en el pasado. Es el caso de la disposición llamada "cama, baño y pan" que amenazó en su momento con romper la coalición de gobierno en los Países Bajos por la polémica que suscitó entre el Gobierno central y los ayuntamientos, los encargados de gestionar su aplicación.