El indiscreto ‘ático Zaplana’ en Altea

La seguridad en las comunicaciones y que su nombre no se vea comprometido ha sido una obsesión del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, como revela el sumario del caso Erial. En la ausencia de su nombre en los 'papeles' basa el exjefe del Consell su defensa. "No existe una evidencia directa de que el señor Zaplana participara en las transacciones objeto de investigación o fuera el titular de los activos localizados en el extranjero (...) ni tiene, ni ha tenido, activos o fondos fuera de España", reaccionaban fuentes del entorno del exministro la pasada semana tras conocerse el último informe de los agentes de la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De hecho, formalmente es su amigo de la peña Picarol y presunto testaferro, Joaquín Barceló, el que figura como administrador de las empresas que sirvieron para vehicular el dinero ingresado por los Cotino en Luxemburgo y su regreso a España, según los investigadores del caso Erial.

"Los indicios recopilados evidencian la titularidad velada efectuada por Eduardo Zaplana de estos fondos y bienes [analizados en la causa], incidiendo la carga indiciaria no solo en el gran número de elementos en este sentido, sino también en su extensión temporal y en la diversidad de fuentes de las que manan estos indicios", aseguran los agentes de la UCO de la Guardia Civil en su último informe en referencia a las propiedades en Altea, la Vila-Joiosa y Madrid adquiridas por las empresas de sus presuntos testaferros y de las que se benefició Zaplana, supuestamente.

Ingeniería financiera

Uno de los descuidos detectados por la Guardia Civil en la ingente documentación que requisaron durante los registros de mayo de 2018, cuando estalló y salió a la luz pública el caso Erial, lo cometieron los responsables de la empresa Altea Costa Beach. Al respecto, la Guardia Civil recuerda que "parte de los fondos repatriados procedentes de la mercantil luxemburguesa Imison International (creada por los Cotino), integrados en Medlevante a través de varias ampliaciones de capital, fueron utilizados para la adquisición de dos apartamentos en la localidad de Altea, concretamente en el Puerto Deportivo de Luis Campomames".

En el registro de la casa de Joaquín Barceló, la Guardia Civil encontró "el contrato de fecha 24 de febrero de 2006, rubricado entre las mercantiles Altea Costa Beach SL y Medlevante SL", con un precio de 812.000 euros (700.000 + 16 % IVA) a pagar en dos plazos. Y la factura emitida por Altea Costa Beach, representada por Lázaro Miguel Oller y Robert-Edgard Bataouche, este último también investigado en el caso Erial.

Vinculada a esta promotora está la empresa gestora del puerto deportivo de Altea, Marina Greenwich, cuya sede también fue registrada por orden de los investigadores del caso Erial. Y donde los agentes de la UCO encontraron el documento manuscrito que comete la "indiscreción" de revelar para quién eran los apartamentos adquiridos por Medlevante.

Dos cantidades diferentes