Cambio climático

Las aseguradoras reclaman que el Consorcio de Compensación amplíe la cobertura por riesgos climáticos extraordinarios

El ente público estaría cubriendo cerca del 30% de estos sucesos ambientales, mientras que las aseguradoras afrontan el 70% restante

Paisaje de sequía en España

Paisaje de sequía en España / Efe

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El sector asegurador mira con incertidumbre al futuro, que promete una meteorología cambiante e inestable y repleta de fenómenos atmosféricos. En este sentido, Mapfre ha alazado la voz en la defensa de los intereses privados del conjunto del mercado. El presidente de la compañía, Antonio Huertas, apuntó en la última junta general de accionistas hacia un órgano público: el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). "Hemos trasladado a muchas compañías la petición de hablar con el Consorcio", afirmó. Y destacó "la necesidad urgente de transformarlo", para adaptarlo a las nuevas condiciones climáticas que sufre el país. Porque, a su entender, la cobertura que ofrece ante fenómenos meteorológicos extraordinarios, no es suficiente. Y esto acaba perjudicando tanto a las compañías como al asegurado, según Huertas. En la misma línea, aunque con matices, se manifiesta Unespa, asociación que agrupa a las aseguradoras españolas y que actúa a modo de patronal. Las fuentes consultadas por 'activos' puntualizan que no pretenden una transformación profunda del Consorcio, sino "revisar el concepto" de riesgo extraordinario, para ampliar su cobertura.

El Consorcio se encarga de cubrir ciertos riesgos menos frecuentes, los conocidos como fenómenos naturales extraordinarios: inundaciones, tempestades o terremotos. Esta cobertura se consigue a través de un recargo que se aplica prácticamente a todas las pólizas de los asegurados. Sin embargo, el sector se encuentra con que, a la práctica, el CCS cubre solo aproximadamente un 30% de media sobre los desperfectos producidos por estos fenómenos. Las aseguradoras tienen que hacerse cargo del 70% restante y el asegurado "tiene que pagar dos veces el recargo", sostuvo el presidente ante los accionistas. En problema, según las fuentes consultadas, estaría en la propia definición de fenómeno natural extraordinario.

En este sentido, Linea Directa también se ha mostrado a favor de "redefinir" las coberturas actuales del CCS "y su aplicación, ampliando los riesgos cubiertos por el organismo", explica la compañía en declaraciones a 'activos'. Porque, a pesar de considerarlo "un ejemplo internacional de colaboración público-privada", Linea Directa reafirma solo cubre un 30% de los daños producidos por estos eventos. "El objetivo de todos debe ser evitar cualquier brecha de aseguramiento", frente a un incremento de los fenómenos atmosféricos adversos, "cada vez más recurrentes y de mayor impacto". En 2023, las compañías abordaron 19 borrascas, el doble que en 2022, cuando se produjeron ocho, y 2021, con un total de nueve. Son los datos con los que trabaja esta aseguradora, que ha sido la única de las consultadas que ha accedido a posicionarse sobre el tema.

Unespa vertebra

La petición que Mapfre ha hecho pública se materializa a través de Unespa. Su último informe, publicado en 2022, analiza esta situación. En 2017, el CCS se hizo cargo de poco más del 20% de las prestaciones climáticas. Ese año las aseguradoras pagaron 661.884.398 euros por ellas. En 2018 la cobertura del organismo tampoco llegó al 30%. 2019 fue un año complicado a nivel meteorológico, con tres fenómenos importantes: el temporal Dana, el huracán Pablo y la borrasca Elsa. Entonces, el Consorcio se hizo cargo casi del 50% de los daños. Pero en 2020, con la pandemia, volvió a bajar su cobertura, que no llegó al 30%. Las aseguradoras pagaron 970.392.605 euros. Y en 2021, eñ último año del que se tienen datos, el cargo del CCS fue cercano al 30%.

Unespa ha argumentado que el sector asegurador hace frente en los últimos años a un incremento de eventos climáticos "cada vez más severos, más frecuentes y que afectan cada vez a extensiones de terreno más amplias". Se refiere a lluvias torrenciales, fuertes vientos, inundaciones, sequía, pedrisco o nevadas. Para asegurar la protección frente a estos fenómenos, "se debe potenciar la colaboración" con el Consorcio, insiste, en la línea de las aseguradoras. "Esto debería ser un objetivo de todos", apunta.

Repensar el sistema

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La existencia del CCS "es un ejemplo a seguir -considera Unespa- pero se puede perfeccionar". Concretamente, la asociación aboga por "repensar el sistema de cobertura frente a fenómenos meteorológicos en España para adaptar la definición de riesgo extraordinario a la realidad actual". Para que los daños ocasionados por los efectos climáticos no ordinarios queden cubiertos por la entidad pública, y los "ordinarios, normales o habituales", queden bajo cobertura privada. Y es que ni Dana, en 2019 y 2023, ni la tormenta Gloria de 2020 ni la tormenta de nieve Filomena de 2021 quedaron cubiertos por el CCS.

El Consorcio es una entidad empresarial pública española, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Cuando los bienes de un asegurado sufren daños con motivo de un fenómeno natural, el cliente recibe una indemnización, ya sea por parte del CCS o de la aseguradora. Quién se haga cargo dependerá de la naturaleza del siniestro; es decir, si se considera un riesgo extraordinario o no. La cobertura que ofrece el CCS es la misma que la póliza de seguros que el asegurado ha contratado con su aseguradora.