Cómo afectaría a la economía que no haya Presupuestos en 2024

Los acontecimientos políticos que están sucediendo tras el fallido intento de aprobación de la Ley de Amnistía y la convocatoria de elecciones en Cataluña para el día 12 de mayo dificultan la tramitación y aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 y, por tanto, se prorrogarán los Presupuestos de 2023. La consecuencia práctica de prorrogar los presupuestos es que la cifra de gasto global del Estado no se puede incrementar. Sólo se puede mover dinero entre las diferentes partidas. 

En este sentido, para atender los compromisos de gasto que ha hecho el Gobierno en las últimas semanas o que le vienen impuestos por las circunstancias de mercado como el incremento de sueldos de los empleados públicos, la subida del pago de intereses de la deuda o la subida de las pensiones, entre otros, el Gobierno tiene que decidir de qué partidas echar mano para poder satisfacer el incremento de gasto comprometido. De todas las partidas de gasto de los PGE, las que tienen una mayor probabilidad de sufrir recortes son las inversiones públicas y las transferencias de capital, aunque esta última en menor medida por los compromisos asumidos por España con la Comisión Europea a la hora de ejecutar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Cuando hablamos de inversiones públicas tenemos, por un lado, las clásicas como son las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, etc, donde los PGE 2023 asignaron 3.058 millones de euros) o la I+D+i (por ejemplo, para la digitalización por una cuantía de 776 millones), pero también está una de las grandes inversiones del Presupuesto de 2023 que es en Defensa: más de 7.000 millones de euros para cumplir en un horizonte corto de tiempo con el objetivo del 2% del PIB de gasto militar que fija la OTAN. El total previsto para 2023 en inversiones reales era de 14.032 millones de euros.

Y en el caso de las transferencias de capital (37.202 millones de euros presupuestados), un aspecto fundamental es la aplicación de los fondos europeos que se están instrumentando mediante convocatorias públicas. También en esta partida se encuentran las ayudas a las empresas derivadas de circunstancias excepcionales como la inflación o la guerra en Ucrania. Concretamente, se ven afectados elementos como las ayudas a la inversión, ayudas para la creación de nuevos puestos de trabajo, innovación, internacionalización (exportación, inversión en el exterior, atracción de capitales…) o digitalización, entre otras.

Tomando los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes a la ejecución presupuestaria del mes de noviembre pasado, los capítulos de inversiones y transferencias de capital están comprometidos en un 46,7% y 53,7%, respectivamente. En cambio, las partidas cuyo gasto va a subir seguro como el capítulo de gastos de personal (sueldos de los empleados públicos), transferencias corrientes (de donde sale el gasto en pensiones, prestaciones por desempleo, una buena parte de la financiación autonómica y otras) o gastos financieros (los intereses de la deuda) están ejecutados en un 84,8%, un 88% y un 91,4% respectivamente. 

Tres grandes partidas de gasto

Dado que falta un mes por contabilizar (diciembre), estas tres grandes partidas de gasto que suponen más del 75% del presupuesto de gasto no financiero de 2023 habrán quedado completamente ejecutadas y sin margen de ahorro para 2024. Con lo cual, el Gobierno se enfrenta a dos problemas diferentes. Por un lado, una cuestión contable como es buscar partidas de las que mover fondos para destinarlos a otras. Y, por otro lado, confiar en que la recaudación fiscal siga aumentando para cumplir el objetivo de reducir el déficit público en 2024 al 3% del PIB y, con ello, cumplir con el recuperado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero también tiene que emplearse a fondo para no perder ni un céntimo de los pagos calendarizados con la Comisión Europea de los fondos de recuperación y, con ello, evitar que se ralenticen las convocatorias destinadas a los beneficiarios finales que son las empresas. 

Además, el Gobierno se ha impuesto una restricción como es que no emitirá más de 55.000 millones de euros de deuda pública neta en 2024, tal como anunció el Tesoro a principios de año. Esto impide que el Gobierno decida endeudarse de una manera "generosa" para intentar no restar demasiados recursos tanto a inversión como a ejecución de los fondos y otras ayudas a las empresas. Por el momento, en menos de dos meses, el Tesoro ha ejecutado el 23,6% de las emisiones a medio y largo plazo planificadas para 2024 (40.846 millones de euros).

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Partiendo de la ejecución a noviembre, el margen de presupuesto no gastado en inversión pública y transferencias de capital es bastante reducido, concretamente 24.713 millones de euros. Teniendo en cuenta las cuestiones que han señalado organismos como Fedea o el Banco de España con respecto a la baja ejecución de los fondos europeos, si además se tiene que disponer de créditos asignados a transferencias de capital, estaremos trasladando gasto productivo de medio y largo plazo por gasto corriente.

El gasto corriente a corto plazo sirve para impulsar el PIB (el dato del 2,5% de cierre de 2023 está muy influenciado por el consumo público, especialmente por su principal componente como es el capítulo de gastos de personal), pero a medio plazo no tiene efecto alguno. Sin embargo, las inversiones, sean directamente públicas o a través de mecanismos público-privados como los fondos europeos, sí son generadoras de crecimiento a largo plazo.