El nuevo plan nuclear del Gobierno encarece en 3.700 millones la factura del apagón de las centrales

El Gobierno ha aprobado por fin el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta para las próximas décadas sobre el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, la gestión de los desechos que dejan y sobre cuánto costará todo esto. Por fin, porque el plan vigente hasta ahora, aprobado hace 17 años, había quedado obsoleto. Y, por fin, porque la aprobación llega con meses de retraso por el adelanto electoral y el parón político posterior.

La versión definitiva de las varias que ha tenido el nuevo PGRR confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total; contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas; y anticipa la futura construcción de un almacén geológico profundo (AGP), aún por diseñar y elegir ubicación, y que en principio estará operativo en 2073 para acoger para siempre lo residuos de alta radiactividad.

Durante los últimos años el Gobierno ha mantenido vivas dos alternativas sobre qué hacer con los residuos de alta radiactividad de las centrales durante el próximo medio siglo: transportarlos y guardarlos todos en un almacén temporal centralizado (ATC) durante unas décadas (que era la opción que se mantuvo durante años con la idea de localizarlo en Villar de Cañas, en Cuenca, ahora por completo descartada) o construir siete almacenes temporales descentralizados en el país (ATD).

La falta de consenso político y social, y dado que ninguna comunidad autónoma finalmente quería acoger un gran cementerio nuclear nacional, han empujado al Gobierno a la opción de los siete almacenes. Una vía que obligará a inversiones mucho mayores, con un sobrecoste de unos 3.720 millones de euros frente a las estimaciones de gasto total que manejaba el Ejecutivo el año pasado en caso de elegir la construcción de un solo almacén centralizado.

Según el nuevo cuadro actualizado de inversiones totales del séptimo PGRR ahora aprobado, el coste de todo el programa de gestión de residuos radiactivos (desde 1985 hasta el año 2100) con la construcción de los siete almacenes ascenderá a casi 28.156 millones de euros. La última versión provisionales del plan hecha pública el año pasado preveía que las inversiones de todo el plan sería 24.436 millones si se construía solo un ATC (3.720 millones menos) y de 26.560 millones con la opción de los siete ATD (1.595 millones menos en poco más de un año por efecto de la inflación y por algunos costes revisados al alza).

La nueva hoja de ruta augura que los que costes que aún quedan por pagar hasta final de este siglo ascenderán a casi 20.220 millones de euros (en una versión previa se anticipaba que la inversión pendiente era de 19.244 millones, casi 1.000 millones menos, pero era una estimación para un periodo de un año menos, así que no es estrictamente comparable).

¿Una subida del 25%?

Bajo el precepto de ‘quién contamina paga’, esas inversiones deberán ser cubiertas con las tasas que pagan las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las propias plantas. Y dado que se contempla un fuerte sobrecoste, el Gobierno aprobará próximamente una subida millonaria de esa prestación no tributaria que pagan las compañías eléctricas propietarias de las centrales: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP.

Las centrales nucleares pagan actualmente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria de 7,98 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad que producen. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.500 millones acumulados.

Los sobrecostes previstos en el futuro PGRR empuja a una subida de esa tasa del 25%, hasta cerca de 10 euros por MWh, según varias fuentes del sector nuclear, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA . Un incremento que elevaría los pagos que realizan cada año las centrales nucleares hasta cerca de los 570 millones de euros, 120 millones más que los abonos actuales. El Ministerio para la Transición Ecológica, que será el encargado de aprobar esa subida de la tasa a las nucleares, no hace comentarios sobre la futura subida.

Estimación creciente de las tasas

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Y en ese protocolo se acordó aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías por la electricidad producida, lo que llevó a que el Ejecutivo subiera la tasa hasta los 7,98 euros por MWh generado que se aplica actualmente. Una tasa que entonces se consideraba suficiente para cubrir los costes de gestionar los desechos nucleares y para construir un almacén temporal centralizado.

Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos en España, elaboró en 2020 un primer borrador de nuevo plan general de residuos radiactivos en que sólo se contemplaba la opción de construir un único ATC y cuya memoria financiera mantenía la tasa en esos 7,98 euros por MWh. En la siguiente versión del plan que elaboró Enresa y se sometió a audiencia pública se incluyeron las dos alternativas: levantar un solo ATC o construir siete almacenes por todo el país, lo que implicaría aplicar una tasa de 8,1 euros por MWh o elevarla a 9,6 euros por MWh, respectivamente.

En otra versión previa del PGRR que ya contemplaba solo la construcción de los siete almacenes se anticipaba que la prestación patrimonial necesaria sería de 9,7 euros por MWh. Todos los años Enresa elabora una actualización de previsiones financieras ligadas al desarrollo de la gestión de los residuos a largo plazo y en su último informe, elaborado el pasado junio, elevó sus estimación de la tasa necesaria hasta los 10,15 euros por MWh, según apuntan fuentes empresariales conocedoras. Las compañías nucleares auguran que el Gobierno finalmente ajustará ligeramente ese importe (por una menor inflación a la estimada cuando se elaboró esa estimación) y aprobará una subida de los pagos hasta el entorno de los 10 euros por MWh.

Mantener las centrales para no subir tasas

Desde el sector nuclear se calcula que una ampliación del plazo de funcionamiento de dos años de cada una de las centrales nucleares serviría para evitar es subida de las tasas, retrasando hasta 2037 el apagón nuclear total en el país. Las estimaciones que manejan las compañías nucleares tienen en cuenta los pagos previstos por la producción eléctrica de cada año de las centrales (cuanto más tiempo funcionen las plantas, más electricidad se producirá y más se aportará al fondo que gestiona Enresa); la cuantía con que la ya cuenta el fondo de Enresa que han ido alimentando durante años las centrales, actualmente unos 7.500 millones de euros; y el descuento del 1,5% de las necesidades de financiación por la rentabilidad obtenida por invertir ese fondo milmillonario.

Con todas estas variables, el sobrecoste contemplado en el futuro plan general de residuos se cubriría si todas las centrales nucleares funcionaran dos años más o si algunas de las centrales prolongaran su vida por encima de ese bienio (cuantas menos centrales ampliaran su funcionamiento, más tiempo sería necesario prorrogarlo), según los cálculos del sector.

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El protocolo firmado por Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y la sociedad pública Enresa contempla clausuras graduales de los siete reactores españoles y establece que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo en 2035. Las compañías nucleares asumen que cambiar esas fechas requeriría pactar un nuevo protocolo para plantear un nuevo camino y nuevos plazos hacia el apagón nuclear.

Cargar el sobrecoste al recibo de luz

Las grandes eléctricas, propietarias de las centrales nucleares españolas, han venido mostrando su rechazo a asumir mayores costes del nuevo PGRR, y critican la posibilidad de que el Gobierno suba la tasa que pagan las compañías para financiar los costes del plan del cierre de las centrales y la gestión de los residuos. Así se recogía las observaciones remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el borrador del PGRR por el Comité de Energía Nuclear (CEN), que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP como dueñas de los reactores ubicados en España, como adelantó este diario.

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Las eléctricas culpan de estos sobrecostes al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construcción de un ATC en Villar de Cañas, en Cuenca, por falta de consenso político e institucional, y por eso se niegan a asumirlos. La propuesta de las grandes eléctricas incluida en su informe de alegaciones es considerar esos importes adicionales como costes del sistema eléctrico y cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores. La prestación patrimonial que pagan las centrales nucleares, en cualquier caso, no es una figura tributaria, sino que se trata de un coste operativo más de las propias plantas (el de asumir los gastos de gestionar los residuos nucleares que generan) y que se articula a través de Enresa.

Las compañías del sector nuclear han venido quejándose en los últimos años de sus problemas de rentabilidad por las cargas fiscales y de prestaciones patrimoniales que asumen las centrales, con un coste de unos 25 euros por MWh de electricidad producido. Entre sus reclamaciones habituales a las Administraciones figura una rebaja de sus obligaciones fiscales, y más recientemente también la aplicación de alguna fórmula que garantice una rentabilidad razonable a las plantas, como los contratos a largo plazo con el propio sistema eléctrico que marquen precios estables (que hace que el sistema compense a las eléctricas si el precio del mercado es menor al pactado y que las nucleares devuelvan el excedente si la cotización está por encima) o mediante un mecanismo de pagos por capacidad, que implicaría que se compensa a las centrales con una retribución específica por estar siempre disponibles y dar estabilidad a la producción eléctrica.