Las nucleares calculan que mantener dos años más cada central evitaría la gran subida de tasas del Gobierno

El Gobierno aprobará próximamente el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta sobre cómo ejecutar la gestión de los desechos nucleares y el desmantelamiento de las centrales y sobre cuánto costará todo ello durante todo este siglo. La versión final del nuevo PGRR contempla la construcción de siete almacenes diferentes en España para guardar los residuos radiactivos, uno en cada una de las centrales nucleares del país, y allí se quedarán durante décadas tras los cierres de las plantas previstos entre 2027 y 2035.

Durante los últimos años el Gobierno se planteaba dos alternativas sobre qué hacer con los residuos de alta radiactividad de las centrales: guardarlos todos en un único almacén temporal centralizado (ATC), que era la opción que se mantuvo durante años con la idea de localizarlo en Villar de Cañas, en Cuenca, o construir siete almacenes temporales descentralizados en el país (ATD). El Gobierno se ha decantado esta última opción, que requiere unas inversiones mucho mayores. La alternativa de construir siete cementerios implica cerca de 2.000 millones de euros más de inversión, hasta los 19.244 millones hasta el año 2100.

El sobrecoste previsto obligará a aplicar una subida millonaria a las tasas que pagan las centrales nucleares a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para financiar la gestión de sus desechos nucleares y el desmantelamiento de las propias plantas. Las compañías nucleares dan por hecho que, con las mayores inversiones previstas, el Gobierno acabará aplicándoles una subida de la esta prestación patrimonial no tributaria de en torno a un 25%, elevándola desde los 7,98 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producido por las centrales hasta cerca de los 10 euros por MWh, según confirman varias fuentes del sector y adelantó este diario.

En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.500 millones acumulados. Con la subida de la tasa que prevén las compañías, los pagos que realizan cada año las centrales se elevarían hasta cerca de los 570 millones, 120 millones más que actualmente.

Las grandes eléctricas, propietarias de las centrales nucleares españolas, han venido mostrando su rechazo a asumir mayores costes a los previstos en anteriores versiones del futuro PGRR, porque culpan de estos sobrecostes a decisiones políticas y al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construir un ATC en Villar de Cañas por falta de consenso institucional. Desde el sector nuclear se calcula que una ampliación del plazo de funcionamiento de dos años de cada una de las centrales nucleares serviría para evitar es subida de las tasas, retrasando hasta 2037 el apagón nuclear total en el país.

Más años en marcha

Las estimaciones que manejan las compañías nucleares tienen en cuenta los pagos previstos por la producción eléctrica de cada año de las centrales (cuanto más tiempo funcionen las plantas, más electricidad se producirá y más se aportará al fondo que gestiona Enresa); la cuantía con que la ya cuenta el fondo de Enresa que han ido alimentando durante años las centrales, actualmente unos 7.500 millones de euros; y el descuento del 1,5% de las necesidades de financiación por la rentabilidad obtenida por invertir ese fondo milmillonario.

Con todas estas variables, el sobrecoste contemplado en el futuro plan general de residuos se cubriría si todas las centrales nucleares funcionaran dos años más o si algunas de las centrales prolongaran su vida por encima de ese bienio (cuantas menos centrales ampliaran su funcionamiento, más tiempo sería necesario prorrogarlo), según los cálculos del sector a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El protocolo firmado por Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y la sociedad pública Enresa contempla clausuras graduales de los siete reactores españoles y establece que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo en 2035. Las compañías nucleares asumen que cambiar esas fechas requeriría pactar un nuevo protocolo para plantear un nuevo camino y nuevos plazos hacia el apagón nuclear.

La subida estimada de las tasas

El pacto entre Gobierno y grandes eléctricas de 2019 establecía también aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías por la electricidad producida, lo que llevó a que el Ejecutivo subiera la tasa hasta los 7,98 euros por MWh generado que se aplica actualmente. Una tasa que entonces se consideraba suficiente para cubrir los costes de gestionar los desechos nucleares y para construir un almacén temporal centralizado.

Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos en España, elaboró en 2020 un primer borrador de nuevo plan general de residuos radiactivos en que sólo se contemplaba la opción de construir un único ATC y cuya memoria financiera mantenía la tasa en esos 7,98 euros por MWh. En la siguiente versión del plan que elaboró Enresa y se sometió a audiencia pública se incluyeron las dos alternativas: levantar un solo ATC o construir siete almacenes por todo el país, lo que implicaría aplicar una tasa de 8,1 euros por MWh o elevarla a 9,6 euros por MWh, respectivamente.

En la última versión del PGRR conocida sólo se contemplaba ya la construcción de los siete almacenes y se anticipaba que la prestación patrimonial necesaria sería de 9,7 euros por MWh. Todos los años Enresa elabora una actualización de previsiones financieras ligadas al desarrollo de la gestión de los residuos a largo plazo y en su último informe, elaborado el pasado junio, elevó su estimación de la tasa necesaria hasta los 10,15 euros por MWh, según apuntan fuentes empresariales conocedoras. Las compañías nucleares auguran que el Gobierno finalmente ajustará ligeramente ese importe (por una menor inflación a la estimada cuando se elaboró esa estimación) y aprobará una subida de los pagos hasta el entorno de los 10 euros por MWh.

Fuentes oficiales de Enresa consultadas por este diario subrayan que las reuniones permanentes que mantienen con los titulares de las centrales versan sobre asuntos técnicos y sobre los costes generales del PGRR y sobre las inversiones que debe afrontar cada una de las plantas, pero no se aborda el importe de la tasa. En cualquier caso, las estimaciones financieras que elabora Enresa no son vinculantes y la decisión sobre la cuantía de la prestación que se aplica las centrales nucleares es competencia exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica, que también prefiere guardar silencio y no hacer comentarios sobre cuándo aprobará el nuevo PGRR ni sobre la futura subida.

Los sobrecostes, ¿al recibo de la luz?

Las compañías nucleares culpan de los sobrecostes al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construcción de un ATC en Villar de Cañas, en Cuenca, por falta de consenso político e institucional, y por eso se niegan a asumirlos. Así se recogía las observaciones remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el borrador del PGRR por el Comité de Energía Nuclear (CEN), que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP como dueñas de los reactores ubicados en España, como adelantó este diario.

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La propuesta de las grandes eléctricas incluida en su informe de alegaciones pasaba por considerar esos importes adicionales como costes del sistema eléctrico y cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores. La prestación patrimonial que pagan las centrales nucleares, en cualquier caso, no es una figura tributaria, sino que se trata de un coste operativo más de las propias plantas (el de asumir los gastos de gestionar los residuos nucleares que generan) y que se articula a través de Enresa.

Las compañías del sector nuclear han venido quejándose en los últimos años de sus problemas de rentabilidad por las cargas fiscales y de prestaciones patrimoniales que asumen las centrales, con un coste de unos 25 euros por MWh de electricidad producido. Entre sus reclamaciones habituales a las Administraciones figura una rebaja de sus obligaciones fiscales, y más recientemente también la aplicación de alguna fórmula que garantice una rentabilidad razonable a las plantas, como los contratos a largo plazo con el propio sistema eléctrico que marquen precios estables (que hace que el sistema compense a las eléctricas si el precio del mercado es menor al pactado y que las nucleares devuelvan el excedente si la cotización está por encima) o mediante un mecanismo de pagos por capacidad, que implicaría que se compensa a las centrales con una retribución específica por estar siempre disponibles y dar estabilidad a la producción eléctrica.