PESE A LAS PRESIONES

El Gobierno rechaza por completo alargar la vida de las nucleares en su nuevo ‘megaplán’ verde

Transición Ecológica descarta incluir en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima una revisión del calendario de cierre de las centrales y fija el apagón en nuclear en 2035.

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

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Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con Enresa, la empresa pública encargada de los residuos radiactivos, un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales nucleares que conducirá al apagón atómico total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 y culminaría con el último el cierre en 2035.

En los últimos meses PP, Vox y Ciudadanos han estado metiendo presión para revisar el calendario de cierre para alargar los plazos en plena crisis energética. Y más recientemente también se ha empezado a sumar el propio sector energético, tanto las grandes compañías de manera tímida -apenas ofreciéndose a dialogar sobre una revisión si el Gobierno lo considera necesario- como las asociaciones profesionales de la industria nuclear.

El Gobierno se sacude las presiones y se muestra firme defendiendo mantener sin cambios las fechas de clausura acordadas. Y el Ministerio para la Transición Ecológica confirma que en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta de con qué tecnologías se producirá la electricidad hasta 2030, no hay posibilidad alguna de que incluya un cambio en el calendario de clausuras hacia el apagón nuclear.

“El Gobierno no se plantea el cambio del calendario ni un aumento de la vida de las centrales nucleares. El Gobierno seguirá con el acuerdo entre las compañías propietarias y Enresa, y así lo verán en la próxima actualización del PNIEC. La respuesta es no”, ha sentenciado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados a preguntas del Partido Popular, que ha defendido la prolongación de la vida útil de los reactores españoles. El Ejecutivo debe remitir a la Comisión Europea una actualización del Plan con objetivos más exigentes para tener aprobada la nueva versión a lo largo de este año.

No hay interés de las eléctricas”

Desde el Gobierno se subraya que ninguna compañía ha transmitido su voluntad de cambiar los plazos y que retrasar el cierre no es una solución para atender las urgencias provocadas por la anterior crisis. “No hay ningún interés de las compañías para alargar la vida útil de las centrales (…) Las empresas no están dispuestas a aumentar su inversión en nucleares, sino que destinan sus inversiones a las energías renovables”, ha indicado la secretaria de Estado.

Desde el sector nuclear sí que se ha venido apuntando que no hay imposibilidades técnicas para que las centrales funcionen más allá de las fechas previstas, pero advirtiendo de que sólo lo harán si se garantiza su viabilidad económica. Esto es, las compañías eléctricas no se oponen a seguir operando sus reactores si se les garantiza la rentabilidad con algún tipo de retribución estable o ingresos fijos, y también con menos impuestos que los que asumen actualmente.


/ Efe

Decisión, en 2024

Desde el sector nuclear también se advierte de que los plazos para decidir si se revisa el calendario de cierres de las centrales no son ilimitados y si se quiere retrasar las primeras clausuras la decisión no puede demorarse. Y es que para posponer los primeras clausuras, singularmente la de Almaraz I en 2027, hay que tomar una decisión este año o el próximo como muy tarde. Las nucleares ponen así deberes al actual Ejecutivo (que debe revisar este año el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con la previsión de tecnologías de producción que se usarán hasta 2030) o al próximo Gobierno que salga de las elecciones previstas para fin de año.

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Desde la patronal Foro Nuclear, desde las compañías propietarias de las centrales y también desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el regulador que vela por la seguridad de las centrales en el país, se subraya que el proceso previo de planificación de inversiones y recursos necesarios y el procedimiento de estudio y de preparación para la prolongación del permiso de explotación de cada central nuclear requiere un plazo de unos tres años. Así que evitar el primer cierre de un reactor previsto para 2027 exige adoptar una decisión el próximo año a más tardar.

El CSN, Enresa y las propias compañías eléctricas trabajan con el calendario de cierre pactado con el Gobierno como la hoja de ruta de plazos de operación y de planificación. El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado en 2019 con las grandes eléctricas contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.