Un año del impuesto al plástico: deslocalizaciones a Portugal y traslado íntegro de costes al consumidor

A escasos días de que termine el 2023, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables ha cumplido su cometido recaudatorio. El Gobierno ha conseguido embolsarse 499 millones de euros en 10 meses, según el último informe de la Agencia Tributaria, la cifra fijada como objetivo mínimo por el Ejecutivo para todo el ejercicio. Y de seguir al mismo ritmo, podrían superar la previsión estimada de 690 millones de euros en su primer año de implantación. Las empresas afectadas, procedentes de la distribución alimentaria, de la automoción y de la fabricación de envases, entre otros, no ven el anuncio con los mismos ojos. El impacto del impuesto ha supuesto una caída del volumen de negocio, un incremento de costes derivado de la burocracia y, en muchos casos, la quiebra. Es por eso que algunas firmas españolas han preferido cruzar la frontera y trasladar su negocio a Portugal o a Francia para hacer frente al pago de las facturas.

“Se están conociendo deslocalizaciones a Portugal o a Francia y también están sucediendo algunas suspensiones de pago que normalmente acaban en quiebras”, resume Luis Cediel, director general de la Asociación Española de Industriales Plásticos (ANAIP). El tejido empresarial español, compuesto principalmente de pymes, no es capaz de afrontar el incremento disparado de costes que ha implicado la implementación de este impuesto que grava cada kilogramo de plástico no reutilizable con 45 céntimos desde el 1 de enero de 2023. Pese a que todavía se desconoce la cantidad exacta de pérdidas, ocho de cada diez empresas encuestadas por Anaip aseguran que su volumen de negocio y el número de pedidos han disminuido como consecuencia de la nueva exigencia impositiva.

Algunas cifras sí se conocen. Por ejemplo, el impacto directo de este impuesto en los supermercados es de unos 30 millones de euros al año. “Es un coste añadido muy importante que afecta especialmente a los productos de alimentación”, explica Ignacio García, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), que agrupa firmas como Mercadona o Lidl. Cabe recordar que la tasa entró en vigor al mismo tiempo que la reducción del IVA de los alimentos básicos por el incremento progresivo del precio de la cesta de la compra por el conflicto en Ucrania. “Al ser el único país de Europa que lo ha establecido, esto ha supuesto una resta de competitividad para nuestras empresas, especialmente en un año muy exigente ya para las empresas que han tenido que soportar grandes cargas debido a la coyuntura económica global”, expresan desde FIAB.

Si se suman los costes de modificar los sistemas informáticos, contratar y formar al personal, conseguir nuevas certificaciones y desarrollar nuevos procedimientos de control, entre otros ajustes, la adaptación de las empresas implicadas al impuesto ha supuesto un gasto mínimo de 10.000 euros por empresa. Para algunos, el impacto económico ha sido mayor: la factura de la nueva tasa ascendió hasta los 10.000 y 50.000 euros para el 37% y para el 30% superó los 50.000 euros, lo que ha conllevado “dificultades relacionadas con la financiación”. En muchos casos, también han surgido dificultades en la gestión de su tesorería, puesto que existe un periodo de tiempo en el que las pequeñas empresas deben soportar un aumento de deuda si el pago de las facturas se demoran durante meses. En el peor de los casos, si tienen impagados, añaden el coste del impuesto al del producto.

Debido al aumento de costes, las empresas que trabajaban con plástico no reutilizado se han visto abocadas a trasladar el impuesto al consumidor, que también lo ha notado en su bolsillo a la hora de acudir a un supermercado. “El impuesto sobre los productos de alimentación es en parte culpable de la subida del IPC”, asegura García, aunque todavía no existe un cálculo preciso de este aumento. En otros sectores es más claro el traslado del coste. En la hostelería, las empresas que ofrecen el servicio ‘take away’ ya incluyen el precio de los envases en la compra de manera específica y justificada por este impuesto en base a la Ley de residuos 7/2022. Sin embargo, esto puede confundir al usuario, puesto que da la impresión de que el resto de envases no tienen coste por repercutirlo en la venta del producto directamente.

Dudas legales y medioambientales

Un año después de la implantación del impuesto al plástico no reutilizable, aún quedan muchos flecos por solucionar. Desde la Dirección General de Tributos se ha respondido ya a 264 consultas vinculantes presentadas por todo tipo de empresas, “y ni con ese volumen de respuestas se ha conseguido aclarar o resolver toda la casuística del impuesto”, explica Cediel. Desde el sector exigen que el impuesto sea finalista y que se forme a las empresas, dada la dificultad y los pocos recursos de los que disponen muchas de ellas por su tamaño.

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También hay problemas a la hora de disponer de plástico reciclado, requisito indispensable para no pagar el impuesto. Desde su entrada en vigor, es necesario certificar la cantidad de plástico reciclado que presenta el envase a partir de la información facilitada por el proveedor, una carga administrativa muy alta que se complica si el proveedor procede de países que no están familiarizados con el impuesto. “Los sectores afectados creemos que el impuesto no ha tenido una finalidad medioambiental, sino recaudatoria”, asegura García.

Desde el punto de vista medioambiental, todavía no está claro si la sustitución de un envase no reutilizable por otro producto con un material que sí se recicle se traduce en un menor consumo de plástico. “Este impuesto no es la manera de concienciar a la población sobre la generación de residuos, ni de conseguir modificar los hábitos y costumbres de los consumidores”, critican desde ANAIP, sino que utilizar en muchos casos otros materiales que son menos sostenibles y que suponen un problema para el medioambiente si no se gestionan adecuadamente al final de su vida útil.