Las empresas repercutirán al consumidor los sobrecostes del impuesto al plástico por el vacío legal

Queda un mes para la entrada en vigor del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizable y la cadena de valor aún no está preparada para su aparición. "Hay incertidumbre porque hay muchas dudas técnicas", esgrime el director general de la Asociación Española de Industriales de Plástico (ANAIP), Luis Cediel. El principal problema se sustenta en la falta de desarrollo reglamentario que concretice cuestiones básicas del impuesto, como quién será el contribuyente del mismo o cómo se declararán las mercancías en aduanas. Como consecuencia, los costes de gestión administrativa aumentan, y para afrontarlos, las empresas repercutirán el impuesto a los consumidores. "Es un impuesto tan complicado que será inviable y muy difícil de controlar", asegura Belén Palao, miembro del Grupo de Expertos Indirectos de AEDAF.

"La ley prevé que los productores repercutan a sus clientes el importe del impuesto y en las fases subsiguientes de distribución la propia norma también prevé que, a petición del adquiriente, se pueda indicar de forma separada la factura o el certificado", explica Alberto García Valera, ex director general de Tributos de EY. Y si el mercado lo soporta, se tendrá que repercutir a las distintas fases, así como a los consumidores finales. Desde FIAB declinan contestar "por una cuestión de competencia", puesto que "la estrategia a seguir dependerá de cada empresa".

Por su parte, Cediel lo confirma: "Serán los sobrecostes de las empresas para adaptar sus procesos administrativos, para el registro y las certificaciones". Se estima que los costes administrativos ascenderán a 700 millones de euros para la actualización de sus sistemas informáticos, e incluso en muchas ocasiones de redefinición de los procesos logísticos, mientras que el Ministerio de Hacienda espera recaudar unos 725 millones anuales. "Al final es un componente más del precio del producto", señala Palao.

El impuesto al plástico obliga a pagar 0,45 euros por kilo de plástico no reutilizable, aunque el precio de venta de productos con este material es de 0,8 euros por kilo. En la norma se obliga certificar el origen y la cantidad de plástico no reciclado de cada adquisición o importación, con independencia del país de residencia del proveedor y su voluntad de proporcionar esta información. Sin embargo, durante el primer año de su implantación los fabricantes podrán realizar una autodeclaración en la que incluyan cuánto material reciclado ha utilizado en sus productos.

"Nos preocupa el material que entrará por las aduanas", apunta Cediel. Aún se desconoce cómo se declararán las mercancías en las aduanas y cómo se adaptarán las mismas para las futuras importaciones. De ahí nace la inquietud de las empresas por la falta de control y certificación de los productos, y por este motivo, temen que el impuesto afecte a la competencia. "Es un impuesto de muy largo alcance porque además afecta a todo tipo de envases", subraya Palao.

Imposibilidad de atrasar el impuesto

Solo España contempla la aprobación de un impuesto de estas características en Europa, ya que Italia ha retrasado el suyo hasta 2024 y Portugal lo implementa en dos fases. FIAB recuerda el caso italiano y pone de manifiesto la complejidad técnica del impuesto para buscar otro momento para su puesta en marcha. "Dado el momento de gran inestabilidad en el que nos encontramos, es vital que el Gobierno retrase la entrada en vigor de este impuesto", aseguran. Asociaciones de la cadena de valor, como ASEDAS, ANGED, AECOC, ASAJA, COAG o EsPlásticos enviaron una carta a distintos ministerios hace meses con el mismo motivo para que el impuesto no repercuta en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor.

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A pesar de su esfuerzo, "no hay posibilidad alguna de que se retrase este impuesto", asegura Palao, puesto que la tasa necesitaría de aprobación parlamentaria y forma parte de los compromisos acordados entre el Gobierno y la Comisión Europea para recibir los fondos pertenecientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Y otros países, como Alemania o Estados Unidos, están aplicando medidas similares para incentivar la economía circular. "No nos parece lo más sensato ser los primeros en establecer este impuesto, dado que tenemos mejores porcentajes de reciclado que otros estados y, además, seremos los últimos de Europa en recuperar los niveles económicos precovid", manifiesta García Valero. De ahí que la petición de AEDAF no sea cambiar la fecha de su entrada en vigor, sino que su modificación con carácter de urgencia antes del 31 de diciembre de este año.