Un posible susto peligra las subidas de las pensiones en 2025

Las pensiones es un tema que preocupa y ocupa a los partidos políticos en estas elecciones generales, ya que los jubilados son una parte importante del electorado y suele ser uno de los grupos de población que más participa.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de hecho, tuvo que matizar sus declaraciones esta misma semana tras afirmar que su partido siempre había elevado las pensiones conforme el índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, el PP no las revalorizó con el IPC en 2012, 2013 y 2017. El PSOE las congeló en 2011.

Lo cierto es que los jubilados pueden sufrir un recorte de las pensiones en 2025 si los números no cuadran en función del crecimiento del PIB. Así figura en la última reforma del sistema de pensiones que se aprobó en marzo por el Congreso de los Diputados y que impulsó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En concreto, la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023 recoge que "el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para corregir el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas".

A partir de marzo de 2025

A partir de marzo de 2025, con una periodicidad trianual, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno un informe con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones hasta 2050. Tres supuestos que contempla la reforma de las pensiones:

• Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB.

• Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es superior al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%.

• Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, la AIReF comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no supere el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y 1,7%.

En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, en el plazo de un mes desde la recepción del informe de la AIReF, el Gobierno solicitará a la AIReF un nuevo informe de impacto de las medidas. En su solicitud, el Gobierno identificará un conjunto amplio de posibles medidas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones estimado por la AIReF, que pasan básicamente por elevar los ingresos, recortar los gastos o ambas cosas.

A partir del informe de la AIRef, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión del Pacto de Toledo para corregir, de forma equilibrada, "el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas".

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En caso de que el Gobierno, como resultado de estas negociaciones, quisiera modificar o adoptar otras medidas relativas al sistema de pensiones distintas de las originalmente evaluadas por la AIReF, el Gobierno solicitará a la AIReF una ampliación del informe de medidas. Este informe ampliado será enviado al Gobierno, a los agentes sociales y al Pacto de Toledo.

Como resultado, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.