La bomba de relojería de las pensiones

Las pensiones son para los políticos españoles como una bomba para un artificiero: algo que manejar con enorme delicadeza antes de que se lo lleve todo por delante. En un país con casi 10 millones de beneficiarios (uno de cada cuatro ciudadanos), una población cada vez más envejecida y con creciente esperanza de vida y 130.000 millones de euros anuales de gasto en prestaciones (el 12% del PIB), en teoría las pensiones deberían ser un asunto de Estado, con un amplio consenso entre los principales partidos. De hecho, ese fue el espíritu del llamado Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria creada en 1995 para que las formaciones políticas acordasen medidas para la viabilidad del sistema. Pero el PP acusa al Gobierno de coalición de “romper” dicho Pacto con su reciente reforma, que entró en vigor el pasado abril, y ha asegurado que la derogará si gana las elecciones del 23J. La cita electoral, además, ha dinamitado cualquier posible mejora que pudiera hacerse en su tramitación en las Cortes.

La norma impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se articula sobre cuatro puntos fundamentales: la subida de las bases máximas de cotización (que implica que quienes perciban rentan más altas pagarán más), la introducción a partir de 2025 de una “cuota de solidaridad” para aquellas rentas que superen las bases máximas (actualmente de 4.495 euros mensuales), un “mecanismo de equidad intergeneracional” (recargo del 0,6% de la cotización que recae principalmente en las empresas) y un nuevo método de cálculo de la base que permite escoger entre la fórmula hasta ahora vigente (se tienen en cuenta los últimos 25 años) y otra en la que se podrán excluir los 24 peores meses de los últimos 29 años.

El Gobierno de Pedro Sánchez esgrime que esta reforma garantiza el cobro de las nóminas tanto para las generaciones presentes como para las futuras, mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la tacha de ser “un parche” y advierte de que “no aporta garantías de sostenibilidad”.

A estas medidas se ha añadido la revalorización del 8,5% de las pensiones a partir del año en curso para acompasarlas a la inflación, de modo que, según el Gobierno, los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Feijóo afirmó recientemente que, si llega a La Moncloa, también protegerá el bolsillo de los pensionistas, pero no precisó si para ello se guiará por el IPC u otro indicador.

Feijóo también ha prometido “impulsar la contributividad del sistema”, es decir, que haya proporción entre lo que un trabajador aporta y lo que cobra cuando se jubila. Para ello, el programa del PP rescata una idea que ha explorado en otras ocasiones: una fórmula similar a la llamada “mochila austríaca”, con la que el profesional destina parte de su salario bruto a un fondo que se lleva consigo aunque cambie de empresa y que puede recuperar en caso de despido o jubilación. En los últimos años, el Banco de España ha sugerido este método, que ha sido criticado tanto por los empresarios (por elevar sus costes laborales) como por los sindicatos, que creen que facilitaría los despidos.   

En cualquier caso, lo que sí está claro es que el aumento del número de pensionistas y la revalorización del 8,5% están empujando a unos niveles récord de gasto. Así, en el mes de mayo se rozaron los 12.000 millones de euros, un 10,7% más que el mismo mes del año pasado. El 63% de las pensiones son de jubilación, cuyo importe medio es de 1.375 euros mensuales. Las más altas las cobran vascos, asturianos y madrileños; y las más bajas, gallegos y extremeños.

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Las tendencias demográficas no invitan al optimismo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España registró en 2022 un nuevo máximo de envejecimiento, del 133,5% o, lo que es lo mismo, ya hay 133 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esta cifra supone el mayor crecimiento desde 1999, de 4,4 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que el año pasado se situó en un 129,1%. Es decir, que el país no envejecía tanto desde hace 23 años.

Un informe de la Fundación Internacional de la Artrosis pronostica que España será uno de los países más envejecidos del mundo en 2050. Una de las causas es indudablemente positiva: la esperanza de vida es una de las más altas y no deja de crecer. Pero la otra razón es funesta: la tasa de fecundidad (1,19 hijos por mujer) es de las más bajas del planeta. Según un estudio de las clínicas de fertilidad Ginefiv, las mujeres españolas son las que sufren una mayor diferencia entre los hijos deseados y los que realmente tienen. Entre las razones que aducen destacan la precariedad laboral y la dificultad de conciliar.