La Audiencia procesa al gerundense Santi Fuentes, jefe de Arbistar 2.0, por una presunta estafa en criptomonedas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un acto de proceso contra el inversor gerundense Santi Fuentes, acusado de liderar la plataforma Arbistar 2.0, por un presunto delito de estafa a través de una estructura piramidal de criptomonedas. Fuentes, junto con otros siete miembros de la empresa, se encuentra a un paso de ser juzgado por supuestamente estafar unos 92 millones de euros además de 32.000 inversores de diferentes países. El presunto fraude es una de unas dimensiones mayúsculas y se ha calificado el caso como una de las mayores estafas con criptomonedes de la historia, incluso con ramificaciones internacionales.

Fuentes y el resto de procesados tienen que afrontar de momento una fianza de 123 millones de euros para poder cubrir las posibles indemnizaciones a los perjudicados que se deriven. La sociedad de Fuentes operaba desde Tenerife y prometía rentabilidades a los inversores de entre el 8 y el 15% mensuales. El caso se destapó el septiembre del año 2020 y enseguida el juzgado de Arona (Tenerife) se inhibió a favor de la Audiencia Nacional viendo su dimensión. El que ya se divisaba como una posible estafa de dimensiones espectaculares ha seguido su instrucción y se ha acabado determinando que Arbistar comercializaba el uso de determinados programas de inversión conocidos como Community Box. Se venían con la promesa que siempre se ganaba y las rentabilidades eran muy superiores a la que ofrecía el mercado.

Todo era humo

El caramelo inversor era muy atractivo, pero según ha determinado el juez Calama en su escrito, la empresa, en realidad «vendía humo». Según el escrito, este supuesto software de inteligencia artificial que generaba algoritmos «nunca existió» y, por lo tanto, concluye que Fuentes y sus socios únicamente «vendían humo y el negocio era una simple simulación».

El juez instructor determina de manera contundente que la trama que lideraba el gerundense tenía evidentemente un ánimo de lucro e hizo creer a las víctimas que disponían de una estructura empresarial sólida y con capacidad de generar elevadas rentabilidades con el dinero que se ponían en sus manos. También se llega a afirmar que esta confianza hacia Arbistar hizo actuar en los estafados de manera cegada atraídos por las elevadas inversiones promesas. Igualmente, se habla de la existencia de un «plan amigo» que consistía al ofrecer más ganancias a los inversores que aportaran más socios.

Se actuaba mediante una estructura piramidal y si se aportaban más socios se podía llegar al que se había bautizado como «el selecto club del millón de euros». Se hacían actos públicos en salas de grandes hoteles y palacios de congresos para dar una mayor credibilidad y atraer el máximo número de socios. Todo ello ha acabado con esta actuación judicial que ha determinado que habría 32.000 perjudicados y un fraude superior a los 90 millones de euros.

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Los tentáculos de la organización son internacionales y no únicamente hay afectados dentro del territorio español sino que durante la instrucción del caso se ha podido determinar que la posible estafa ha traspasado fronteras y habría víctimas en Panamá, Chile, Argentina, Cuba, México, Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, entre otros.

Si los procesados no depositan en breve los 123 millones que reclama el juez para hacer frente a las indemnizaciones se procederá al embargo de sus bienes. De momento, desde el juzgado de Arona ya se procedió a embargar a los diferentes acusados coches de lujo -Tesla, Porsche, Audi, Mercedes-un chalé en Bulgaria, cuentas corrientes, tarjetas, dinero y criptomonedes.