Tensión máxima en la sanidad privada: denuncian ante la CNMC el acuerdo de dos aseguradoras

Máxima tensión en la sanidad privada. La patronal del sector ha acudido "a instancias judiciales y administrativas por la práctica anticompetitiva implementada por Sanitas y Generali España, tras frustrarse los intentos desde hace meses de dialogar, con ambas aseguradoras de salud", informan desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). La patronal ha interpuesto este miércoles una denuncia ante la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el pasado viernes presentó en los juzgados de lo Mercantil de Madrid unas diligencias preliminares previas a la demanda. Generali, por su parte, explica que el acuerdo ha permitido ampliar el número de centros médico-hospitalarios a los que pueden acceder sus clientes en un 43,5%. 

El acuerdo denunciado se suscribió en octubre de 2022 y se aplica desde el 1 de enero de 2023. Las dos compañías pactaron que la gestión de los servicios asistenciales de los asegurados de Generali, y el pago de éstos, acordados previamente entre esa aseguradora y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasan a ser gestionados directamente por Sanitas, "resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos mencionados e imponiendo un nuevo marco no acordado".

Según el dictamen jurídico encargado por ASPE, las aseguradoras "vulneran la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe". A juicio de la patronal, el acuerdo produce distintas consecuencias alejadas del marco normativo: "falseamiento de la libre competencia por actos desleales, por imponer unilateralmente la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali distintas de las pactadas".

Acuerdo ventajoso

Generali, por su parte, ha emitido un comunicado en el que asegura que el acuerdo "permite ofrecer la mejor solución a nuestros clientes. De este modo, gracias a este acuerdo, los clientes se benefician de una oferta ampliada y de calidad" y explica que ha permitido ampliar el número de centros médico-hospitalarios a los que pueden acceder los clientes de Generali en un 43,5%. 

Además, la aseguradora indica que "ha informado con transparencia tanto a los clientes, los principales beneficiados del acuerdo, como a los médicos y centros hospitalarios" y abunda: "Generali actúa siempre con el máximo respeto al ordenamiento jurídico y a la libre competencia, y ejercerá su legítimo derecho en defensa de sus intereses".

Elimina la competencia

La patronal insiste: con su denuncia trata de evitar "nuevos precedentes anticompetitivos y de competencia desleal por parte del sector de aseguramiento de salud" y cita el "perjuicio a los pacientes". El acuerdo, insisten, afecta a los derechos de los asegurados de Generali (más de 150.000), situación que se agrava, se quejan "en los casos de asegurados de avanzada edad debido a las dificultades que puede suponer el cambio de compañía aseguradora para personas que padecen enfermedades crónicas y que requieren mayor uso de los servicios sanitarios o patologías complejas (como por ejemplo, cáncer, diabetes o enfermedades neurológicas)".

Desde el anuncio del acuerdo en octubre de 2022, ASPE señala que "ha solicitado en reiteradas ocasiones, tanto a Sanitas como a Generali, información sobre el acuerdo para poder valorar sus consecuencias sobre los centros médicos y poder abordar una posible negociación". Asimismo, dio traslado a la organización UNESPA de "unas prácticas inapropiadas y contrarias a la normativa vigente".

Pese a haberse producido "contactos posteriores" con ambas compañías, la patronal sanitaria asegura que "se ve obligada a iniciar las acciones jurídicas anunciadas"

El pasado 3 de mayo remitió a las aseguradoras "un escrito exigiendo el cese de su conducta y el cumplimiento de los acuerdos de prestación de servicios suscritos previamente por los centros sanitarios con Generali, dando un plazo de respuesta hasta el 17 de mayo antes de la interposición de acciones legales". Ante ello, indica ASPE, y pese a haberse producido "contactos posteriores" con ambas compañías, la patronal sanitaria "se ve obligada a iniciar las acciones jurídicas anunciadas debido a la imposibilidad manifiesta de revertir la situación actual".

Porque, explican, los centros sanitarios con conciertos suscritos con Sanitas "se están viendo obligados así a asistir a los pacientes de Generali con las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas con Sanitas, no con Generali". La patronal recuerda que la red de Sanitas, se soporta en un 99% en centros concertados, no propios.

Recortar las tarifas

Entre otras consecuencias, el principal efecto que busca este acuerdo de "imposición unilateral", dice la patronal de la sanidad privada es "recortar las tarifas que paga Generali a los centros, hasta un 20% más baratas al absorberse en los acuerdos de Sanitas, con mayor cuota de mercado y capacidad de negociación con los centros sanitarios, haciendo así uso de una posición en el mercado de la que carecería Generali por sí sola".

En la actualidad, la cuota de mercado agregada de ambas compañías supondría el 21,5% del sector de aseguramiento de salud, "lo que supone un marco de imposición a la mayoría de los centros sanitarios de toda España que no pueden permitirse rechazar la prestación del servicio para su propia viabilidad".

Los mutualistas

La denuncia de la patronal de la sanidad privada ante la CNMC, en este caso por el acuerdo Sanitas-Generali, coincide con un momento de convulsión en el sector con los médicos autónomos quejándose, desde hace años, de las tarifas que les pagan las aseguradoras y éstas, a su vez, mostrando su inquietud por una posible quiebra del modelo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Sólo entre Adeslas, ASISA y DKV -las tres principales aseguradoras de MUFACE- llevan unas pérdidas acumuladas de más de 170 millones de euros en el ejercicio del año 2022, el primero del actual concierto. Consideran que es preciso revisar el modelo, infradotado, insisten, tanto en términos absolutos como si se compara con la financiación de la sanidad pública.

Es más, según fuentes de DKV, esta aseguradora ya ha expresado esta misma semana que se está "planteando salir de MUFACE si no se revisa la financiación". La compañía pide un incremento de la prima actual de, al menos, el 40% para renovar el conciertopara la prestación de asistencia sanitaria de las compañías con MUFACE se debe renovar en 2025. El anterior entró en vigor a principios del 2022.

"En el último año la situación se ha deteriorado hasta términos casi insostenibles. Nos estamos planteando no renovar en la próxima renovación", ha asegurado Javier Cubría de Miguel, director general financiero y presidente del Comité Ejecutivo de la compañía. Al tiempo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al consejo general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) que incremente la financiación del concierto sanitario para evitar recortes en la asistencia tal y como desde hace tiempo vienen advirtiendo.