PÓLIZAS DE SALUD

Guerra abierta en la sanidad privada entre la patronal, las aseguradoras y los médicos

Tras las quejas de los médicos autónomos por los baremos que les pagan las compañías y la críticas por las listas de espera en las consultas privadas, la Alianza de la Sanidad Privada Española arremete ahora contra dos compañías aseguradoras por la firma de un acuerdo que ven "contrario a la buena fe"

Un médico mide la tensión a un paciente en la consulta.

Un médico mide la tensión a un paciente en la consulta. / L. O.

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Marejada en la sanidad privada: por un lado, los médicos autónomos llevan mucho tiempo quejándose de los bajos baremos que, por consulta, les pagan las aseguradoras y, por otro, el sector admite que ya hay lista de espera en varias especialidades, que achaca al desbordamiento de la sanidad pública. Pero, además, un dictamen jurídico encargado por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera ahora que un acuerdo firmado entre dos compañías, Sanitas y Generali -firmado en octubre de 2022 y efectivo desde enero de 2023-, es "contrario a la buena fe" añadiendo un nuevo conflicto a un sector cada día más convulsionado.

En España, hay 10,3 millones de asegurados -sin incluir los más de 1,7 millones de mutualistas- que, como la sanidad privada resalta en cuanto tiene ocasión, contribuyen al ahorro del sistema público. Sus estimaciones indican que el ahorro generado por el seguro está entre los 1.674 euros al año (si es un paciente exclusivamente de la privada) y los 599 euros anuales (si el paciente realiza un uso mixto, es decir consume recursos públicos y privados). Son datos del informe 'Sanidad Privada, Aportando Valor 2023', que hace apenas unos días presentó la Fundación IDIS.

Una radiografía que, según destacaba en su presentación el presidente de la entidad, el doctor Juan Abarca, evidencia el peso de un sector -el 56% de los hospitales y el 31% de las camas en España son privados- que ya cubre las lagunas de la sanidad pública, defienden. Tanto es así que ya se admite que la gente compra seguros de salud porque no puede acceder al sistema público y eso ha provocado que las listas de espera hayan llegado también a las consultas privadas.

El 'boom' de los seguros de salud


Es precisamente ese auge en la compra de seguros de salud lo que ha provocado un nuevo choque entre las aseguradoras, los médicos y la patronal. ASPE -con una representación superior al 80% de los centros hospitalarios en España- ha arremetido contra el acuerdo suscrito entre Sanitas y Generali que acordaron que la gestión de los servicios asistenciales, y el pago de éstos, pactados previamente entre Generali y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasarían a ser gestionados por Sanitas resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos.

Sanitas defiende que "el acuerdo cumple con la legalidad en términos de competencia" y se ha informado con transparencia

Esta última compañía, a su vez, describe que se trata de un acuerdo "de reaseguro de prestación de servicios" por el que los asegurados de Generali "se benefician ahora de los servicios médicos que presta Sanitas con sus propios médicos y hospitales y su amplio cuadro médico", que se ha aumentado en un 43,4%. "El acuerdo cumple con la legalidad en términos de competencia y se ha informado con transparencia tanto a los clientes, los principales beneficiados de este acuerdo como a los médicos y centros hospitalarios", señala Sanitas.

Defensa de la Competencia

Pero ASPE continúa: estima "ilegal" el contrato ya que, piensa, "es susceptible de vulnerar la normativa sobre defensa de la competencia y de competencia desleal". El dictamen jurídico encargado por ASPE, desarrollado por el despacho Lener, considera que el pacto entre la aseguradoras vulnera la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia porque los centros sanitarios "se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas para atender a los asegurados de Sanitas".

El principal de los efectos de esta estrategia es que permite recortar a Generali un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros, asegura ASPE

Entre otras consecuencias, ASPE cree que el principal de los efectos de esta estrategia es que permite recortar a Generali un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas, que hace así "abuso de una posición de dominio" en la negociación, de la que carecería Generali. 

"Estrategia de silencio"

La patronal y los distintos proveedores sanitarios pidieron a ambas aseguradoras -en diciembre de 2022- las condiciones específicas del acuerdo, pero, critican desde ASPE, las dos compañías "han ocultado las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe".

Protesta de los médicos de la sanidad privada.

Protesta de médicos de la sanidad privada. / EPE

"Repercute no sólo en la gestión de los centros sanitarios, sino que también existen consecuencias para los pacientes. Por ejemplo, han visto cómo quedan fuera de su cuadro médico aquellos centros que tenían acuerdo con su aseguradora Generali, pero no con Sanitas", indica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Carlos Rus, presidente de ASPE.

Carlos Rus asegura que los centros que sí tienen acuerdo con Sanitas "no tienen forma de facturar" según las condiciones que tenían pactadas para la atención a los asegurados de Generali. "Esta situación, además, se está agravando, pudiendo llegar a resultar caótica, con facturas acumuladas, cambios de cuadro para los asegurados de Generali...", advierte el presidente de la patronal.

Los médicos afectados

"Se han decidido porque ya tenemos en marcha la demanda de una plataforma de médicos afectados de cerca de 200", indica por su parte a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, sobre este paso dado por la patronal, el doctor Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (UNIPROMEL). En una asamblea, celebrada el pasado marzo, en el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), esta asociación, que representa a los médicos de la sanidad privada, anunciaba el nacimiento del Instituto para la Representación (IRE), para defender sus derechos y la creación de un cuadro médico que trabajará con independencia de las compañías. De facto, supone una ruptura con las aseguradoras.

Según UNIPROMEL, esta decisión podría dar lugar o bien a la aplicación de condiciones económicas inferiores a las que aplica Generali para la atención a sus clientes, o incluso a la expulsión unilateral del cuadro de esta aseguradora de los médicos que no tengan contrato con Sanitas. Es ahí donde los facultativos han decidido crear una plataforma de afectados, explican desde esta asociación.