Inspectores, a la caza de clínicas piratas que hacen pruebas covid fraudulentas

Tras dos años de pandemia, con la incidencia del coronavirus descendiendo día tras días y millones de pruebas diagnósticas realizadas -en la sanidad pública y, también, en los laboratorios privados-, los fraudes en torno a la realización de PCR o test de antígenos se siguen sucediendo. Esta misma semana, el Departamento de Salud de

Cataluña

y la Guardia Urbana de Barcelona comunicaban el cierre de cuatro laboratorios sin licencia. Salvo en Madrid, donde sí informan de la suspensión puntual de actividad a un centro médico por irregularidades, el resto de comunidades dicen no tener cuantificadas este tipo de actuaciones que, indican desde las asociaciones de consumidores, a ellos tampoco les llegan en forma de reclamación.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha realizado un tanteo entre las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas para conocer de qué datos disponen sobre denuncias o inspecciones en locales por realizar este tipo de prácticas. La mayoría ha respondido que no tienen estadísticas disponibles, lo que no implica que los fraudes no se produzcan. Es decir, que sólo

Cataluña

ha hecho los deberes al menos en cuanto, junto a la Guardia Urbana de Barcelona, hacer recuento de establecimientos privados que engañan a quienes acuden a realizarse una prueba covid pensando que están en manos de profesionales.

En Cataluña, la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria (DGORS) del Departamento de Salud y agentes de la Guardia Urbana de

Barcelona

actúan de forma conjunta. Además del cierre de los citados cuatro locales, también se ordenó el cese de actividad diagnóstica, en dos establecimientos más. Durante el dispositivo, la Guardia Urbana interpuso, también, 21 denuncias en los locales, la mayoría por no tener la documentación necesaria; medidas de protección contra incendios; condiciones higiénicas y por no ajustarse a la licencia en la actividad que estaban desarrollando o porque, directamente, no disponían de ella. En uno de ellos se han iniciado diligencias penales por un delito de intrusismo laboral, informan desde el Departamento de Salud.

Un protocolo conjunto

Las inspecciones realizadas en esta comunidad forman parte del protocolo conjunto que se puso en marcha en Barcelona el pasado mes de enero entre ambas administraciones para detectar clínicas y locales que puedan estar realizando pruebas PCR y de antígenos sin la licencia. Esta colaboración ha permitido cerrar y cesar la actividad diagnóstica en ocho locales que ofrecían pruebas sin tener licencia.

La Guardia Urbana de Barcelona siempre está vigilante: por ejemplo en locales donde hay colas de gente frente y no está clara su actividad.

En el caso de la Guardia Urbana de Barcelona -donde hay casi 90 establecimientos homologados por la Generalitat para realizar pruebas diagnósticas- los agentes notifican la detección de algún indicio sobre la apertura de estos locales donde se pueden realizar pruebas diagnósticas sin tener licencia, ya sea por colas de gente frente a establecimientos donde no queda clara cuál es su actividad, o para observar entradas y salidas de personas de otros que no estén acreditados. También se realizan inspecciones por denuncias ciudadanas o monitorizan las redes sociales en busca de engaños.

Clínicas fantasma

En

Madrid

, la Consejería de Sanidad informa a este diario que, de forma puntual, la Dirección General de Ordenación e Inspección ha suspendido de actividad a un centro de reconocimientos médicos porque una persona no sanitaria tomaba muestras y entregaba los resultados firmados por una médico que no estaba físicamente en el local. En esta misma comunidad, según ha tenido conocimiento EL PERÓDICO DE ESPAÑA, la Oficina de Atención al Consumidor también ha estado pendiente de reclamaciones de usuarios sobre determinadas páginas que se ofertan en Internet y donde se venden, previo pago, todo tipo de pruebas diagnósticas que se realizan en diferentes clínicas de Madrid. La mayoría ofertan también la emisión del certificado covid digital de la UE válido para viajar.

Entre sus irregularidades, que los clientes creen que se realizarán la prueba en una clínica determinada cuando en ocasiones, a veces pocas horas antes de la cita programada, se les comunica que ya no le harán la PCR en ese local, sino en otro de la ciudad que van cambiando de manera sucesiva. Es decir, las páginas web -que se presentan como si se tratara de un centro médico- actúan como intermediarios de esas pequeñas clínicas y van colocando las citas en los locales donde más les conviene.

Según ha podido saber este diario, ante diferentes reclamaciones de los usuarios, que pedían que se les devolviera su dinero por los constantes cambios de ubicación de los locales, la Oficina de Atención al Consumidor ha tomado cartas en el asunto y ha actuado en favor del cliente obligando a esas clínicas a la devolución del importe pagado, hasta 85 euros en el caso de las PCR.

En colaboración con la policía

En Murcia, la Consejería de Salud rescata para este diario el caso, sucedido a finales de 2020, de dos centros médicos privados ubicados en las localidades de Torre Pacheco y Pozo Estrecho (Cartagena), fueron clausurados por orden de la Dirección General de Salud Pública, tras detectar que ofertaban supuestos servicios de pruebas PCR a sus clientes, cuando en realidad las que llevaban a cabo eran de antígenos y serológicas, recuerdan desde la Consejería de Sanidad.

Desde Aragón dicen que el trabajo de los inspectores de la Consejería se ciñe a las clínicas que sí cuentan con licencia.

En los dos centros, aparecieron informes relativos a determinaciones de pruebas sin tener la correspondiente autorización ni constar los contratos con laboratorios autorizados por la Consejería de Salud ni las correspondientes comunicaciones de los resultados de dichas pruebas.

Desde comunidades como Aragón, indican que el trabajo de los inspectores de la Consejería se ciñe a aquellas clínicas que sí cuentan con licencia. "Si no la tienen, no estarán en los registros", indican a este diario. Es decir, no serían legales y ya se estaría cometiendo otro tipo de delito que competería a la policía. "No ha habido casos", aseguran desde Extremadura y, en la misma línea, se pronuncia Castilla-La Mancha.

Los consumidores, indefensos

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha preguntado a diferentes asociaciones de consumidores sobre los datos de los que disponen relativos a reclamaciones por fraudes en este tipo. Ni la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ni FACUA-Consumidores en Acción manejan estadísticas. "No tenemos contabilizado el número", indican desde FACUA que sí muestra su "gran preocupación" por la ausencia de controles por parte de las autoridades sanitarias, "lo que favorece estas irregularidades" aunque, como se ha dicho, no aportan datos de qué actuaciones irregulares les constan.

"A eso hay que sumarle la negativa del Ministerio de Sanidad de fijar precios máximos para las PCR, que tampoco han querido regular las comunidades autónomas. Y por supuesto, unido al colapso de la sanidad pública fruto de recortes, mala gestión y concesiones a la privada, que está obligando a mucha gente a pagarse las pruebas", añaden desde la misma organización.