El Gobierno reclama a ERC y Junts que no insistan en el referéndum porque es un proyecto “fracasado”

En plena precampaña catalana, con las elecciones fijadas el próximo 12 de mayo tras el adelanto aprobado por el president Pere Aragonès, el Gobierno endurece el tono contra el independentismo catalán. Por un lado, reclama a ERC y Junts que no insistan en el referéndum porque se trata de una fórmula “fracasada”. Por otro, avisa de su intención de actuar contra todas las iniciativas "divisivas" y recurrir aquellas que tengan que ver con la autodeterminación, como hizo este mismo martes contra la iniciativa legislativa popular (ILP) admitida a trámite en febrero por el Parlament para declarar la independencia. 

Frente a las tesis de las formaciones soberanistas, que consideran que la amnistía, recién aprobada por el Congreso, es una etapa más hacia un destino que incluye una votación vinculante sobre la separación de Catalunya, el Ejecutivo insiste en que la medida de gracia es en sí misma una meta sin nuevos capítulos: el final del procés. Pero el desenlace tendrá mucho que ver con lo que ocurra en los cercanos comicios autonómicos, donde el candidato del PSC, Salvador Illa, parte en primera posición, según las encuestas, y cuenta con posibilidades de llegar al Palau de la Generalitat si el independentismo no logra reeditar su actual mayoría parlamentaria. 

"Ya estamos hablando del referéndum con el PSOE", aseguró el pasado domingo, en una entrevista en EL PERIÓDICO, la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desmintió este martes tajantemente la afirmación. Las conversaciones con los republicanos y posconvergentes, explicó el ministro, no giran en ningún caso en torno a una consulta de este tipo, porque a su juicio generan “conflicto y enfrentamiento”, como se comprobó en 2017. Bolaños incluso mostró su perplejidad ante el hecho de que ERC y Junts continúen insistiendo en el referéndum.

“Estamos en campaña electoral en Catalunya y vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas, como esta. Nuestra apuesta por el acuerdo, el diálogo, las mayorías transversales es una política clara. Fórmulas antiguas, que llevaron a fracasos colectivos y generaron conflicto y enfrentamiento, no conducen a ninguna parte. A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas. Nosotros apostamos por grandes mayorías transversales”, dijo el ministro desde el palacio de la Moncloa. 

El recurso ante el TC

Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros aprobó el recurso contra la ILP del Parlament para declarar la independencia de forma unilateral, que hace un mes pasó el primer filtro con los votos de Junts y la CUP y la abstención de ERC. El PSC llevó la semana pasada esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional. Ahora el Gobierno ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Según Bolaños, para reclamar la suspensión “inmediata” de su tramitación, algo que puede pedir el Ejecutivo pero no los grupos parlamentarios. 

El Gobierno se suma al PSC y recurre ante el Constitucional la iniciativa del Parlament para declarar la independencia

A diferencia de las proposiciones de ley del Parlament, las ILP no decaen cuando se convocan elecciones, como ocurre en este caso con el adelanto de Aragonès. Pero su tramitación sí se encuentra suspendida de facto y solo continuará durante la próxima legislatura, con la nueva Cámara catalana que salga de los comicios del 12 de mayo. 

Según Bolaños, el recurso al TC es “absolutamente coherente” con el discurso del Gobierno de evitar en lo posible la “judicialización” de la política.  “Este recurso protege la Constitución y las instituciones de Catalunya. Protege el diálogo. Ni el Gobierno ni el PSC apuestan por la independencia. No queremos ninguna política aislacionista de Catalunya -argumentó el ministro-. Lo que queremos es todo lo contrario: que Catalunya sea parte esencial de España y de la Unión Europea. Este recurso va en esa línea. Frente a cualquier tramitación de ley divisiva, que fracture la sociedad, la defensa del autogobierno y el Estatut son la mejor garantía para la convivencia”. La impugnación, en este sentido, tiene una doble base, según la referencia del Consejo de Ministros: la ILP admitida por el Parlament vulnera varios artículos de la Constitución y va más allá del "marco competencial" de Catalunya.