Moncloa corrige a Ribera tras señalar a García Castellón por imputar terrorismo a Puigdemont y el PP la reprobará

En plena tramitación parlamentaria de la ley de amnistía (el martes se votarán las enmiendas parciales que PSOE y Junts siguen negociando) el reciente auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que insiste en el presunto delito de terrorismo que afectaría a Carles Puigdemont en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', ha enfrentado con mucha dureza al Gobierno y al PP. Todo a raíz de unas declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en las que la ministra de Transición Ecológica afirmó que el magistrado demuestra una "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles".

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", llegó a decir Ribera en una entrevista en TVE.

Ribera acusa a Imaz (Repsol) de "negacionismo" y "retardismo" en su discurso sobre la transición energética

No habían pasado ni tres horas cuando desde Moncloa se lanzaron a corregirla. Fuentes gubernamentales recalcaron rápidamente que el Ejecutivo siempre defenderá el trabajo de los jueces y magistrados "sin injerencias", insistiendo en que el respeto a las sentencias judiciales es total, incluso aunque no las compartan en ocasiones. Querían apagar el incendio provocado.

En Moncloa aseguraban que "el debate jurídico" derivado del recurso presentado por el fiscal que el juez García Castellón rechazó, insistiendo en que veía afianzados los indicios de delitos de terrorismo en el caso de Carles Puigdemont, Marta Rovira (ERC) y otros diez miembros de los CDR "se resolvería por los órganos judiciales" y el Gobierno "por supuesto" respetará la decisión que se adopte.

También la ministra de Defensa, Margarita Robles, contradijo las palabras de la vicepresidenta tercera pidiendo "respeto total y absoluto para los jueces". El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lleva semanas tratando de rebajar la tensión con el Poder Judicial y, de hecho, esta misma semana trasladó un mensaje de tranquilidad a las asociaciones judiciales. Ahora que las aguas habían vuelto a su cauce, al menos durante un tiempo, las palabras de la ministra de Transición Ecológica amenazan con devolver la confrontación a la primera linea. Para evitarlo, fuentes de Moncloa matizaron muy rápido a Ribera.

Quien sí se posicionó con la vicepresidenta fue el ministro Óscar Puente, azote de la oposición desde que entró en el Consejo de Ministros. El titular de Transportes rechazó desde Valladolid que las declaraciones de su compañera de supusieran un ataque al poder judicial o una acusación de prevaricación hacia el magistrado. Y, de hecho, aseguró que el Gobierno respeta el Poder Judicial a pesar de "determinadas decisiones temporales que llaman la atención".

Reprobación en el Senado

Poco después de las polémicas palabras el PP tildó de “gravedad extrema” que una vicepresidenta del Gobierno “insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones” y aseguran que Ribera “ha puesto voz a los que dicen que en España hay lawfare”. Para el partido de Alberto Núñez Feijóo el Ejecutivo “recita el argumentario independentista” aunque eso esté suponiendo “desprestigiar” el sistema democrático. “Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts”, aseguran en Génova.

De hecho, el PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para reprobar a la titular de Transición Ecológica, a la que venían criticando en las últimas horas por enfrentarse al consejero delegado de Repsol por su discurso en el foro de Davos, donde se reúnen las élites económicas a nivel mundial. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lanzó contra Ribera en un acto que tenía en el municipio de Coslada, al asegurar que "trata a la Justicia española como si fuera una república bananera" y eso tiene consecuencias como "expulsar la inversión" de las empresas ante el auge de la inseguridad jurídica.

La vicepresidenta aseguró que aunque es "importante" respetar la separación de poderes, "eso no impide ver" que hay personas que ostentan representación institucional del Poder Judicial "que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección" y en un momento "particularmente oportuno" frente a lo que por lo demás "suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial". En el PP, además, muestran su enfado al recordar que los socialistas “no cuestionaban la imparcialidad de este juez cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen”.

Ribera, que fue rápidamente matizada por fuentes de Moncloa, quiso poner el foco sobre el magistrado de la Audiencia Nacional que, en su opinión, "siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas", pidiendo también que "motive y explique" su pronunciamiento. Preguntada directamente por si consideraba que se estaba produciendo un caso de 'lawfare', es decir una persecución judicial atendiendo motivos políticos, Ribera afirmó que resulta "capital" comprender que no solo importa el ejercicio del Poder Judicial, sino "las formas y las motivaciones". "Pero también esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante", volvió a recalcar.