El Gobierno retomará el desarrollo de la ley de Memoria con la ilegalización de la fundación Franco

Una gran parte de las medidas contenidas en la ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, están pendientes de desarrollar. Las convocatorias electorales y los meses trascurridos con el Gobierno en funciones frenaron un impulso que ahora el Ejecutivo pretende retomar durante “los primeros meses” del próximo año. La activación de los mecanismos legales para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es una de las prioridades, según fuentes del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El departamento dirigido por Ángel Víctor Torres asumió las competencias en memoria democrática que antes dependían de Presidencia.

El Gobierno ultima también un decreto con el reglamento del denominado Consejo de Memoria Democrática. La creación de este órgano es imprescindible para desarrollar otros aspectos centrales de la ley, ya que tiene entre sus funciones la de informar sobre el proyecto del Plan de Memoria Democrática, sobre el plan plurianual de exhumaciones o la elaboración de las recomendaciones para la reparación de las víctimas. El titular de Política Territorial ya avanzó durante una comparecencia en el Congreso el pasado jueves que a comienzos de 2024 comenzará a funcionar el Banco Estatal de ADN para la identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura. En el mes de septiembre, Justicia adquirió un sistema informático para desarrollar la base de datos para la identificación genética.

La Audiencia Nacional ordena paralizar las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros de forma cautelar

En el decreto anticrisis aprobado a mediados de año, y convalidado ya con el Gobierno en funciones en la Diputación Permanente, se incluyó una reforma de la ley de Fundaciones para ajustar el procedimiento de extinción. A través de un nuevo artículo con el epígrafe "Extinción judicial a instancia del protectorado de fundaciones" se determinaron los supuestos y el papel de este organismo, dependiente del Ministerio de Cultura, para actuar.

La fundación movió ficha modificando sus estatutos para intentar no colisionar con la ley, pero en el Gobierno entienden que hace apología del franquismo y, por tanto, que entraría en los supuestos de extinción. Con todo, se reservan otros mecanismos legales para dar cumplimiento a la ley de Memoria Democrática. Además de la fundación Francisco Franco, se podrían ver afectadas por este cambio en la ley las fundaciones dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar o Juan Yagüe.

El Gobierno deberá reformar, por otra parte, la ley de Asociaciones. La norma de memoria insta a ello con el objeto “de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Esta iniciativa de reforma se incluyó en el plan normativo del pasado año, pero no se materializó por la disolución de las Cortes Generales tras las elecciones municipales y autonómicas.

Simbología franquista

Otras de las prioridades del ministerio pasan por aumentar los recursos, tanto económicos como humanos, a la espera de los Presupuestos de 2024 que todavía no han llegado al Congreso. Con ello se pretende asegurar el despliegue de la norma en aspectos como las exhumaciones, la retirada de simbología franquista en los municipios donde todavía persiste y las medidas en materia educativa y de formación del profesorado.

La restitución o compensación a los partidos políticos de bienes incautados deberá esperar más tiempo. Se trata de unas de las medidas recogidas en la norma con un plazo marcado de medio año desde su entrada en vigor, por las presiones de ERC, pero antes de ello deberá estar en funcionamiento para su consulta el Consejo de Memoria Democrática. Asimismo, para materializar dichas reparaciones es preciso que llevar antes al Consejo de Ministros la creación de una comisión técnica para que, en el plazo de un año, "elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables".

Presión de ERC

La norma recogía expresamente el desarrollo de un decreto con el reglamento sobre la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, el cual fijará un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación". Pese a establecerse para ello un máximo de seis meses desde la publicación en el BOE de la norma, el Gobierno ya no recogió este decreto en el plan anual normativo de 2023.

Los republicanos han vuelto a insistir en su desarrollo tras promover en la Cámara baja una interpelación urgente sobre el desarrollo de la ley. El Gobierno se limitó a poner en valor las reparaciones personales realizadas. Los cálculos que han manejado desde ERC sobre las incautaciones que habría sufrido su organización por parte del régimen franquista llegan hasta los 200 inmuebles por un valor económico cifrado en alrededor de 90 millones de euros.

Otro de los desarrollos normativos pendientes tiene que ver con la resignificación del Valle de los Caídos. Bajo la denominación de Valle de Cuelgamuros se pretende dotar de un nuevo marco jurídico para convertirlo en un lugar de memoria democrática, de carácter civil, destinado “a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. En esta línea, el programa de Gobierno de la coalición se limita a un compromiso, sin fijar plazos ni concretar: “Desarrollaremos la Ley de Memoria Democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria”.