El Gobierno activa la tramitación de los Presupuestos con el apoyo implícito de todos sus socios

Hacienda cuenta con que los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán prorrogarse. Al menos, hasta bien entrado el mes de enero. Un calendario ya de por sí optimista, debido al obligado retraso en la tramitación de las cuentas públicas por estar el Gobierno en funciones y a la capacidad del PP para ralentizar su aprobación en el Senado. Frente a ello, el departamento que seguirá dirigiendo María Jesús Montero ya había avanzado en los trabajos para su elaboración desde el pasado mes de agosto. Gracias a esta previsión, fuentes de su equipo aseguran que están listos para llevar el techo de gasto al Consejo de Ministros “en los próximos días”. El paso clave para la elaboración de los Presupuestos.

En lo que apenas se entretendrá el Gobierno es en las negociaciones con su socio de coalición, Sumar, y los partidos del bloque de investidura. Aunque en los documentos de los diferentes pactos de investidura no se explicita que el acuerdo se extiende a los Presupuestos del próximo año, fuentes tanto del PSOE como de ERC y Junts confirman que el voto a las nuevas formó parte de las conversaciones que desembocaron en la investidura de Pedro Sánchez.

Desde EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria también consideran que estas primeras Cuentas de la legislatura contarán con sus votos si no sucede nada extraordinario. Eso sí, estas formaciones coinciden en avisar de que primero quieren negociar algunos asuntos. Una buena parte de las medidas pactadas por estos grupos están vinculadas al proyecto de Presupuestos para 2024. En Moncloa se aspira así a aprobar los PGE del próximo año repitiendo la mayoría absoluta de la investidura, que alcanzó los 179 escaños.

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Otra cuestión serán los sucesivos proyectos presupuestos durante la legislatura, puesto que estos proyectos claves para garantizar la gobernabilidad sí dependerán, como se han encargado de recordar los socios, de los avances en los compromisos pactados. Desde Ferraz y la Moncloa, con todo, insisten en referirse a “una legislatura de cuatro años”, aun reconociendo la complejidad de la nueva aritmética parlamentaria. El propio Pedro Sánchez reconocía de forma implícita las dificultades al destacar el peso de los “perfiles políticos” elegidos para su nuevo gabinete y su capacidad para “gestionar, pero también de llegar a acuerdos y explicarlos públicamente". En esta tarea serán puntales del Gobierno la titular de Hacienda, que asciende a vicepresidenta cuarta, y el de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, que suma las competencias del ministerio de Justicia.

Un margen escaso

El bloque de la investidura solo permite el margen de la abstención de uno de los socios. Un heterogéneo bloque de nacionalistas e independentistas, tanto de izquierdas como de derechas, con partidos que compiten electoralmente entre sí, como han demostrado Junts y ERC en las negociaciones de investidura. Si bien las primeras Cuentas, que todos los socios consideran que saldrán adelante, se pueden prorrogar, el Ejecutivo deberá seguir haciendo equilibrios para aprobar las medidas pendientes del plan de recuperación. Si no lo hace en tiempo y forma, según lo comprometido con Bruselas, los fondos de la UE dejarán de fluir. Un equilibrismo que se hará más difícil a medida que se acerquen las elecciones catalanas, previstas para principios de 2025.

Las prisas del Gobierno tienen que ver también con poner en marcha su “agenda social”. Cambiar el foco de la polémica ley de amnistía a las cuestiones que más afectan de lleno al bolsillo de la ciudadanía. Sánchez ya tiene preparadas en cartera medidas como la gratuidad del transporte público a los jóvenes y desempleados, así como la prórroga de la rebaja del IVA en determinados alimentos, tal y como anunció en su debate de investidura. Otras de las prioridades que se quieren comenzar a visibilizar, en un contexto de tensión por la amnistía, son las que tienen que ver con la subida por ley del salario mínimo interprofesional, ampliar la cartera de servicios de Atención Primaria o aumentar los permisos retribuidos por nacimiento.

Veto del Senado

El trabajo avanzado desde Hacienda lleva a insistir al equipo de Montero en que arrancarán la tramitación con la aprobación del techo de gasto “cuanto antes”. El acuerdo para fijar el límite de gasto no financiero del Estado en las actuales cuentas, aprobadas en tiempo y forma, se aprobó a principios de julio de 2022. El primer Consejo de Ministros con el nuevo Gobierno se pasará del martes, su día habitual, a mañana miércoles, dado que hoy juran o prometen sus cargos ante el Rey, en el palacio de la Zarzuela, los 22 ministros nombrados por Sánchez.

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En el Gobierno no se plantean una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria de forma preventiva para sortear el rechazo del Senado. Si bien, se reservan los instrumentos legales o mecanismos a su alcance para eludir el veto de los populares en la Cámara alta. En el caso de la reforma legal se alargarían todavía más los plazos. “Esperaremos, y si los tumban ya veremos cómo actuamos”, explican sin descartar ninguna alternativa, con la mirada puesta también Bruselas.

En 2020, cuando arrancó la legislatura, ya se planteó una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para dejar al Senado sin capacidad de veto, pero finalmente la iniciativa quedó en el cajón. La estrategia de los populares en el Senado quedó patente la pasada semana con la aprobación del cambio en el reglamento. El objetivo no es otro que dilatar los plazos de la ley amnistía a los encausados del ‘procés’.