La mayoría del PP en el Senado permitirá a Feijóo condicionar los Presupuestos aunque no gobierne

El pasado domingo, al cierre del escrutinio de las elecciones generales, todas las miradas estaban puestas en el Congreso. La mayoría parlamentaria que arrojaron las urnas -además de echar por tierra casi todas las predicciones- dejó un escenario muy complejo para la gobernabilidad del país. Y, mientras, pasó desapercibida la aplastante victoria del PP en el Senado, donde ha logrado hacerse con la mayoría absoluta. Esta conquista será clave si finalmente prospera una investidura de Pedro Sánchez, ya que los conservadores tendrán el poder de vetar la senda de estabilidad (el déficit y la deuda pública) que presente el futuro Gobierno y condicionar así los Presupuestos Generales del Estado.

En diciembre de 2018, unos meses después de que el líder del PSOE llegase a la Moncloa tras desalojar a Mariano Rajoy, el PP tumbó en el Senado en hasta dos ocasiones la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo socialista. Fue la primera vez que la Cámara alta usó esta prerrogativa que le concede la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en 2012 por el PP. La norma deja claro en el artículo 15.6 que el rechazo del Senado obliga al Gobierno a remitir "un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", siendo esta la única capacidad de veto a una norma que tiene esta institución.

En esta última legislatura, el PSOE presentó una proposición de ley para eliminar este requisito exclusivo. Pero la llegada de la pandemia, primero, y de la guerra de Ucrania, después, llevaron a la Unión Europea a suspender las reglas de gasto y el Ejecutivo se olvidó del asunto. La iniciativa de los socialistas quedó en un cajón hasta que decayó con el adelanto electoral. Ahora, con Bruselas avisando de que habrá nuevas reglas presupuestarias de obligado cumplimiento para los Estados cara a 2025 -el próximo año será de transición-, el PP tendrá en su mano la capacidad de condicionar las cuentas públicas.

El Senado, en manos del PP

Limitar el gasto

La senda de estabilidad presupuestaria fija los objetivos en términos de capacidad o necesidad de financiación y de deuda pública, tanto de la Administración general como de las comunidades, corporaciones locales y de la Seguridad Social. Así, los populares tienen la posibilidad de tumbar la propuesta del Gobierno, obligándole a ajustar los Presupuestos a la cifra aprobada en 2019 o a la acordada por España con la UE. De esta forma, pueden frustrar cualquier plan del Ejecutivo, obligándole a reducir el gasto o a aumentar los ingresos.

No obstante, el veto del PP también afectaría a todas las comunidades, 12 de las cuales están controladas actualmente por los conservadores, ya que la senda de estabilidad también fija los objetivos de déficit de las autonomías y el nivel de deuda que pueden alcanzar. Por esta razón y el interés del propio PP, el Gobierno podría tener más margen para negociar con los conservadores los Presupuestos. Una cosa por la otra.

Leyes y el 155

Este as en la manga del Senado no es el único que tendría el PP si Sánchez sigue de presidente del Gobierno. La mayoría absoluta en la Cámara alta también le da la capacidad de enmendar todas las normas que apruebe el Congreso de los Diputados e incluso vetarlas. Tanto las enmiendas como el veto pueden ser levantados después por la Cámara baja con una mayoría absoluta, lo que obligaría a Sánchez a contar con el 'sí' de sus socios habituales y de Junts, o esperar dos meses para aprobarlo con una mayoría simple. Esta estrategia retrasaría de manera relevante la tramitación legislativa. No obstante, los socialistas ya admiten que esta legislatura no será tan prolija en leyes como la anterior, en la que aprobaron más de 100 normas.

La otra potestad que tiene el Senado es la aprobación del artículo 155 de la Constitución. La Carta Magna concede la autoridad total a la Cámara de representación territorial de autorizar la puesta en marcha de este artículo una vez que haya sido solicitado por el Gobierno. Por ahora se ha activado solo una vez, en el año 2017, cuando el expresident Carles Puigdemont declaró la independencia de Catalunya de manera unilateral tras la celebración de la consulta del 1-O.