Las CCAA del PP actuarán en bloque para que Sánchez no limite su política fiscal

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con respaldo total de la dirección nacional, se ponen en alerta ante la intención definitiva del Gobierno de Pedro Sánchez de avanzar en una “armonización fiscal” en la próxima legislatura. La idea de PSOE y Sumar pasa por vincular esa homogeneización a la reforma de financiación autonómica, pendiente de actualizarse desde hace años. Lo que pretende el Ministerio de Hacienda es poner freno a la política fiscal de los populares, abanderada especialmente por la Comunidad de Madrid y Andalucía, y que se extenderá a prácticamente todo el territorio. Desde las elecciones de mayo, el PP gobierna en 12 de las 17 autonomías.

El PP advierte que no dará un paso atrás en su capacidad autonómica de bajar impuestos y, como viene defendiendo, mantiene abierta la vía judicial si entienden que se producen injerencias en sus competencias. En los programas electorales de todos los candidatos conservadores, muchos hoy presidentes autonómicos, figuraban como medidas estrella la supresión del Impuesto de Sucesiones en aquellas autonomías antes gobernadas por el PSOE, la eliminación de Patrimonio (muchas lo irán haciendo de forma escalonada) y la reducción de otros, como el IRPF, en los tramos posibles. 

Sánchez quiere frenar la competencia fiscal entre regiones a través de la nueva financiación autonómica

Después de que este diario publicara que el Ejecutivo piensa recuperar la batalla fiscal, fuentes de Génova dejan claro que las comunidades “se defenderán” con Alberto Núñez Feijóo al frente. La investidura fallida del líder popular confirmó lo que se sabía desde la noche del 23J: que no podría gobernar por mucho que hubiera sido la fuerza más votada. 

Pero, con el tiempo, insisten en la dirección nacional, “se verá” lo que el PP lleva meses avisando: que el contrapeso al Gobierno de Sánchez residirá en las comunidades autónomas, que actuarán en bloque y que pretenden jugar un rol muy relevante en estos años.

“No gobernamos España, pero nuestras comunidades van a ser el escaparate de la política del PP. Y no van a dejar que el Gobierno merme su capacidad dentro de las competencias que marca la Constitución”, reiteran en la cúpula conservadora. Algunos gobiernos autonómicos ya alzaron la voz este martes. Isabel Díaz Ayuso, a quien se dirige especialmente el dedo acusador de Moncloa de hacer ‘dumping fiscal’, tachó de “catetada” la pretensión del Ejecutivo. En Génova insistían en que es “el mantra de este Gobierno, culpar al PP de bajar impuestos y tratar de que no lo hagamos más”. Y dan por hecho que lo esconde esa ofensiva es “una subida de tributos más adelante”.

Ayuso, contra la armonización fiscal de Sánchez: “Es un atentado contra la Constitución"

La dirigente madrileña, en todo caso, fue muy clara: limitar la capacidad fiscal de las autonomías es “un atentado a la propia Constitución”. También en la Comunidad Valenciana, la portavoz del Consell y responsable de Hacienda, Ruth Merino, avanzó su oposición a cualquier pretensión de Moncloa en ese sentido: “La competencia fiscal entre las autonomías es sana. No se puede penalizar a quien baja impuestos”, advirtió, recordando que es “una prerrogativa” de los gobiernos autonómicos legislar sobre sus propios tributos. 

La bajada de impuestos es la principal bandera política del PP. Ayuso ha sido muy combativa en los últimos años, pero otros dirigentes como el andaluz Juan Manuel Moreno o el murciano Fernando López Miras llevan tiempo implementando iniciativas fiscales dirigidas a hacer más competitivos a sus territorios. Una dinámica que, en opinión del Gobierno central, lleva a “una espiral en la que no se puede entrar”.

Precisamente, después de que Moreno anunciara el año pasado la eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía, Hacienda respondió que ya “exploraba” un impuesto a las grandes fortunas. Era una propuesta de Podemos que el PSOE metió en el cajón y luego recuperó. Al final terminó llamándose Impuesto de Solidaridad, de carácter temporal, y lo que pretendía, como ha hecho, era neutralizar esa eliminación de Patrimonio en las comunidades. Ayuso y Moreno se pusieron en pie de guerra.

La Generalitat Valenciana rechaza una "armonización fiscal" para reformar la financiación

Todos los barones del PP no tienen una posición exacta. En la bajada de impuestos todos han ido avanzando, aunque no a la misma velocidad. Galicia, por ejemplo, actúa de manera más escalonada. En lo que tampoco hay una postura común es en la reforma del sistema de financiación, ni tampoco en los criterios que deberían regir la próxima etapa. Como es sabido, las comunidades del norte, por ejemplo, que defienden los parámetros de dispersión y envejecimiento, difieren de la propuesta planteada por Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, defensoras del criterio poblacional.

Los populares aseguran que la propuesta debe partir del Ministerio. Y recuerdan que a eso se comprometió también Feijóo en la campaña de las generales si llegaba a gobernar. Pero, remarcan en la dirección nacional, ninguno de esos esquemas puede estar basado en una “armonización forzosa” que limite la capacidad de las autonomías.