Visita de la presidenta del TEDH
Pumpido destaca las pocas condenas españolas en Europa, pero asegura que marcan el camino a seguir
El convenio de Derechos Humanos "es el que mayor flujo intepretativo que ha tenido en la Constitución española, ha declarado Pumpido
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha aprovechado la primera visita de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, para declarar que las condenas a España que se producen son pocas, pero, en cualquier caso, no se reciben como tales, sino como "un avance, un camino que se marca, la vía que se debe seguir".
Ello es así porque el convenio de Derechos Humanos "es el que mayor flujo intepretativo que ha tenido en la Constitución española. Prácticamente no hay una sentencia del tribunal de garantías que no incorpore como cita el convenio", afirmó Conde-Pumpido para presentar a O'Leary, que durante su intervención dejó claro que no trataría con sus anfitriones nada relativo a las demandas pendientes de resolución.
No lo mencionó pero en la mente de todos cruzó las relativas a la sentencia del 'procés', en las que hace un par de semanas se supo que el TEDH daba de plazo a España hasta enero para presentar las alegaciones que le ha solicitado el tribunal europeo y en las que tendrá gran repercusión la promulgación de una ley de amnistía que se negocia con Junts y ERC para conseguir la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.
Incluso hay quien ha visto en esa vía, como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), una "trampa" o una forma de "blanquear" la represión del Estado con Cataluña al evitar una condena por parte del tribunal con sede en Estrasburgo.
Bloqueos políticos
Sobre lo que sí se pronunció fue sobre la demanda presentada por siete jueces españoles por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que se constató una violación del artículo 6 del Convenio. O'Leary aseguró que sin querer "ser inoportuna" quería manifestar que "cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces, los tribunales nacionales y europeos pueden tener que intervenir en defensa tanto de la independencia como del buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho".
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