Retos del Tribunal Constitucional

Las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional que precedieron a la renovación de cuatro de sus miembros supusieron un quebranto en la confianza de una institución llamada a velar por el cumplimiento y la adecuada interpretación de la Constitución. La más grave fue una interferencia sin precedentes en la labor del poder legislativo, al impedir preventivamente la votación de una reforma legal en el Senado. El hecho de que se adoptaran por una mayoría de seis a cinco, que se correspondía exactamente con el tinte ideológico de los partidos que en su día habían nominado a los miembros del Tribunal, contribuyó a aumentar su desprestigio. Especialmente, porque el freno a la tramitación de una ley en la Cámara Alta, a petición del PP, se interpretó en amplias capas de la sociedad como una injerencia más del poder judicial en la batalla política. La decisión venía a sumarse al incumplimiento por parte de los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial del nombramiento de dos magistrados para el Constitucional y al bloqueo de la renovación del propio órgano de gobierno de los jueces por parte de los populares, una obstrucción que dura cuatro años.

Los cuatro nuevos miembros del TC, que prometieron o juraron su cargo ante el Rey el 31 de diciembre, tomaron posesión de sus cargos este lunes. Aunque aún está pendiente el nombramiento por el Senado de otro magistrado y la disputada elección de su presidente, la nueva estabilidad que estrena el Constitucional debería ser aprovechada por todos sus miembros, independientemente de su procedencia ideológica, para reflexionar sobre las medidas necesarias para recuperar el prestigio. Si se quiere preservar su independencia y su eficacia, no deberían caber dudas sobre la neutralidad política de un organismo que, si se respetara a sí mismo, no permitiría el desdoro que supone que se ponga en cuestión su crédito y su legitimidad en cada una de sus resoluciones.

No deberían existir dudas sobre la neutralidad del TC si se quiere preservar su independencia

Dado que la actividad del TC puede llevarle a anular leyes aprobadas por una mayoría elegida democráticamente y hacerlo en nombre de una Constitución revalidada hace más de dos décadas –que se impone a una mayoría legislativa conformada recientemente–, sería bueno que sus miembros rompieran el círculo vicioso en el que están enredados y demostraran capacidad para trascender sus preferencias partidistas y para decidir en función de criterios jurídicos. Eso facilitaría, por ejemplo, que algunas sentencias sobre asuntos trascendentales se adoptaran por unanimidad permitiendo que la institución recobrara parte de la credibilidad perdida.

Si ello fuera acompañado de una redacción más inteligible y persuasiva de sus resoluciones, mejoraría la confianza de la sociedad en la institución. No es esta una tarea fácil cuando lo que está sobre su mesa son los recursos de la oposición a prácticamente todas las leyes impulsadas por el Gobierno, pero hacerlo ayudaría a rebajar el grado de polarización política.

De momento, se mantiene la incógnita sobre la futura presidencia del tribunal, dado que los siete magistrados del sector progresista no lograron ayer un acuerdo para fijar un único candidato.