Podemos negó a los trabajadores las cuentas del partido para justificar los despidos del ERE

Podemos ocultó a sus trabajadores el estado actualizado de sus cuentas durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que culminó este lunes en la firma de un despido de 73 personas, según avanzó El Periódico de España. Así lo denuncian distintas fuentes conocedoras de las conversaciones, que relatan que la organización no atendió las mútiples peticiones de los trabajadores, a quienes les negaron la documentación económica completa pese a la obligación legal de aportar esta información.

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A principios de mes, el partido de Ione Belarra comunicó a sus trabajadores el inicio de un ERE, tal como avanzó este medio, justificando los despidos en la fuerte caída de ingresos tras los malos resultados electorales del 28M y tras lograr sólo cinco diputados en las generales dentro de Sumar, que obtuvo un total de 31 representantes.

"Imposible de cuantificar"

Estos resultados conllevarán una reducción de las subvenciones públicas y de donaciones por parte de sus cargos que obligaban, argumentaba Podemos, a una "profunda reorganización" de la plantilla. El problema ha llegado en la negociación, donde varios representantes de los trabajadores lamentan que Podemos evitó dar información, impidiendo que estas causas económicas quedaran suficientemente justificadas, como exige el Estatuto de los Trabajadores y el reglamento regulador de los ERE.

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Distintas fuentes de la negociación subrayan que Podemos ha rechazado entregar esta información, que fue remitida únicamente a la autoridad laboral -requisito imprescindible para solicitar formalmente la apertura del ERE-, sin que fuera enviada a los trabajadores.

En las seis reuniones que se han producido entre el partido y los trabajadores los días 14, 18, 21, 23, 25 y 27 de agosto, se solicitaron estas infomaciones y algunos de los participantes llegaron a criticar que Podemos siguiera "sin acreditar fehacientemente las causas económicas y organizativas alegadas en el ERE". Sí se admitían "unos resultados electorales innegables", pero advertían que la pérdida de ingesos precisata tiene un alcance "imposible de cuantificar" debido a "la falta de esta documentación".

Obligación legal

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 51, establece la obligatoriedad de que la empresa traslade a los representantes legales de la plantilla y a la autoridad laboral -la Inspección de Trabajo- "una memoria explicativa de las causas del despido colectivo", además de la "documentación contable y fiscal" que acedite el estado de la organización. Unas obligaciones que Podemos no habría cumplido, según censura una parte de los trabajadores; una circunstancia sobre la que Podemos ha evitado pronunciarse, a consultas de este medio.

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El reglamento que regula los ERE establece que en aquellos motivados por causas económicas la empesa debe entregar "los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación económica negativa" y obliga al empleador a "aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos", debiendo incluir "balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión".

Multa de hasta 225.018 euros

Una "documentación preceptiva", según esta norma, de la que deben disponer los representantes legales de los trabajadores desde antes de que dé comienzo la negociación y que los trabajadores de Podemos dicen no haber recibido. Los documentos facilitados por la formación a los tabajadores, según relatan fuentes de la negociación, fueron negados en algunos casos y estaban incompletos en otros, al no figurar el remanente actual que existe en las cuentas del partido

La Inspección de Trabajo, dependiente del ministerio de Yolanda Díaz, sería la responsable de asegurar que se han cumplido todas las obligaciones legales en el desarrollo del ERE para autorizar o no los despidos, y podrá pedir a la formación explicaciones sobre cómo se ha desarrollado el proceso. Además, Podemos podría haber incurrido en una infracción muy grave (art. 8 de la Ley sobe infracciones y sanciones del Orden Social), que conlleva una sanción de entre 7.501 euros en su grado mínimo hasta un máximo de 225.018 euros por haber incumplido una de las condiciones legales para fomalizar el ERE.