Moncloa reúne a familiares de enterrados en el Valle de los Caídos para informarles de los trabajos

Cerca de 40 familiares de personas enterradas en el Valle de los Caídos en 1959 y algunos de sus representantes legales han participado este lunes en una reunión en el Ministerio de Presidencia. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, los había convoado con el fin de informarles de la marcha de los trabajos en las criptas de la basílica de Cuelgamuros, donde un equipo de forenses y expertos de policía científica llevan algo más de un mes rescatando restos y sometiéndolos a análisis de identificación.

Durante la cita, a los asistentes se les ha proyectado un informe en powerpoint para contarles el desarrollo de la búsqueda de cuerpos y su exhumación. Los trabajos, según la información oficial aportada, se están encontrando con dificultades para los casos de cajas de restos situadas en los niveles inferiores de los distintos amontonamientos. Las cajas de abajo, por su vejez y humedad, se derrumban bajo el peso de las de arriba.

Los forenses han entrado ya en el nivel 2 de la cripta del Santo Sepulcro, donde se encuentran los restos de los republicanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. El caso de estos dos cenetistas fusilados en Calatayud al inicio de la Guerra Civil es clave, pues en torno al derecho de sus familias gira la sentencia de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial que desde 2016 reconoce el derecho a un digno enterramiento de los sepultados contra la voluntad de sus parientes en el Valle de los Caídos.

Derecho a la memoria

El abogado de los Lapeña que consiguió aquel fallo judicial, Eduardo Ranz, ha solicitado este lunes que conste en el acta de la reunión una petición del derecho que corresponde a los muertos y sus familias de una memoria perpetua. En términos jurídicos y administrativos, el ad perpetuam memoriam implica que se cambie la partida de defunción de aquellos asesinados en la guerra y la postguerra para que figure la causa real de su muerte. En el caso de los hermanos Lapeña, figurará entre las causas que rodearon a su muerte el hecho de que militaban en el sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

Identificados cuatro de los cuerpos que se trata de exhumar en el Valle de los Caídos

Moncloa no ha querido informar acerca de ningún detalle de una reunion que califican sus portavoces de "a puerta cerrada". La razón es evitar que, estando ya vigente la campaña electoral, ninguna formación pueda arrojar al Gobierno la acusación de hacer electoralismo con las víctimas del franquismo y sus reclamaciones en materia de Memoria.

Al encuentro han acudido representantes familiares de diversos puntos del país, si bien no ha habido presencia de las 132 familias implicadas en la reclamación de restos del Valle de los Caídos. El calor de estos días y lo prolongado del viaje son dos factores desaconsejables para reclamantes que, en numerosos casos, superan los 80 años de edad. Sí han acudido, además de familiares de republicanos, también parientes de soldados del bando franquista cuyos cuerpos fueron llevados bajo la Cruz de los Caídos sin aviso ni petición a padres o herederos.

Había también cuestiones concretas que llevar a Moncloa, como la de Fausto Canales, el abulense pionero en la reclamación de exhumaciones particulares en el recinto monumental, que hace unos días recibió la noticia de que habían hallado los restos de su padre, Valerico, ugetista de Pajares de Adaja (Ávila) asesinado en la localidad vecina de Aldeaseca en agosto de 1936.

Canales estaba a falta de conocer la fecha concreta en que el Gobierno, una vez realizada la comprobación de ADN de los restos, le va a devolver el cuerpo de su antecesor para que pueda enterrarlo en un monolito que las familias de los republicanos fusilados han preparado en el cementerio de su pueblo. La ceremonia de reinhumación está prevista para el próximo 20 de agosto.

El secretario de Estado de Memoria Democrática se ha comprometido a mantener informados a los familiares, y para ello se enviarán escritos periódicamente con datos sobre la marcha de los trabajos, para los que Moncloa ha reunido un equipo de expertos con forenses del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de las unidades científicas de la Policía Nacional.