Ribón: "Las protestas en justicia son fruto del abandono, todo tiene un tope"

Eugenio Ribón accedió el pasado mes de diciembre al decanato del Iluste Colegio de la Abogacía de Madrid, el más grande de Europa, tras unas reñidas elecciones que superó con una diferencia de votos del más del 20 por ciento respecto del resto de candidatos. 

Desde su llegada al cargo, donde acaba de cumplir 100 días, este gaditano nacido en 1974 y experto en derecho del Consumo, con 22 años de experiencia en el turno de oficio, ha tenido que lidiar con una situación especialmente excepcional, una tormenta perfecta de protestas en los juzgados y tribunales que comenzó a finales de enero con huelga de letrados de la administración de justicia, paros de los funcionarios desde el pasado 17 de abril y amenaza de que a ellos puedan unirse en unos días los jueces y fiscales. El impacto en la labor diaria de los abogados y abogadas es especialmente relevante, según reconoce al ser entrevistado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

¿Qué ha ocurrido para que diferentes operadores jurídicos decidan hacer huelga justo en este momento? ¿Cree que hay motivaciones políticas en todo lo que está ocurriendo?

No obedece tanto a una confrontación de carácter político, sino que es la herencia y el fruto de lo que se ha ido cosechando con el abandono continuado de la Administración de Justicia por parte de los distintos gobiernos Al final todo tiene un tope y ha coincidido en este momento como podría haberlo hecho dentro de seis meses, hace cuatro o dentro de nueve meses. Tan responsable es el gobierno que tenemos como los otros anteriores, que no han sabido atajar una solución con altura de miras y con un sentido de estado en lo que se refiere a uno de los pilares básicos del estado que es la justicia.

La subida de salarios a los letrados, que ahora reclaman otros colectivos, parece haber sido el detonante.

Estaba claro que desde el momento en el que se produce esa reivindicación por parte de los letrados de la administración de justicia y no se ataja con prontitud por parte Ejecutivo lo esperado era que tuvieramos una reacción en cadena, que ha venido primero por los funcionarios de justicia, se han ido sumando jueces y fiscales. Y a eso hay que añadirle el descontento y el malestar histórico de la abogacía y en particular el de la abogacía de oficio.

¿Es Llop una interlocutora válida para tratar de acabar con el conflicto? ¿Debería dimitir como han pedido recientemente los funcionarios de justicia?

Estando en el momento en el que estamos de mandato, atisbando ya el final de la legislatura, lo deseable es la continuidad, cualquier cambio que signifique que tenga que llegar otra persona a tomar las riendas, a establecer su propio gabinete, en eso se van semanas e incluso meses, significa una dilación del proceso. 

Lo deseable es que la ministra tome las riendas que no ha sido capaz de tomar en el conflicto de los letrados que se prolongó de modo indeseable entre otras cosas por esa falta de interlocución en el Ministerio. Siempre hay dos responsbles, pero lo cierto es que el Ministerio ha estado más desaparecido de lo que debía. Debería haber tomado la iniciativa y seguramente con una actuación temprana no se hubiera prolongado durante tanto tiempo, pues ello ha llevado a una dilación de los procesos más fundamentales para la ciudadanía, porque no son números. El tener una pensión de alimentos, un despido, el ver a un hijo o un proceso penal son cuestiones esenciales.

"Lo deseable es que la ministra tome las riendas que no ha sido capaz de tomar en el conflicto de los letrados, que se prolongó de modo indeseable entre otras cosas por esa falta de interlocución".

¿Cuál debería ser ahora la respuesta de este departamento?

La del Ministerio no debe ser una respuesta de sofocar un fuego inmediato sino de establecer un plan de contingencia a medio y largo plazo. Y eso pasa necesariamente por una actuación ministerial, pero también por el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, para que no sea un tema recurrente en próximas legislaturas. Necesariamente hay que abordar mejoras de carácter presupuestario, pero además la judicatura arrastra unos índices de sobrecarga laboral muy por encima de las que establecen las recomendaciones de todos los organismos europeos. También es cierto que existe precariedad de medios pese a la inversión tecnológica que se está desarrollando y es cierto que la abogacía tampoco está suficientemente representada.

Por otro lado, basta acudir a los diferentes proyectos de elaboración de normativa para ver con sorpresa que cuentan con asesoramiento de fiscalía, de judictura, docentes universitarios, y que el principal operador jurídico, que es la abogacía en número y en cercanía a la ciudadanía queda a extramuros de esos procesos de regulatorios.

Entiendo que habla de un pacto de Estado en el que también debería estar representada la Abogacía

Por supuesto. La abogacía al fin y al cabo es la primera en percibir las patologías que tiene la ciudadanía, es la primera también que puede detectar de un modo precoz los déficits de la norma, y en ese sentido no se puede excluir a quien es el principal interlocutor entre el poder judicial y la ciudadanía que somos los abogados.

¿Cómo está afectando la actual situación a sus clientes?

Para los clientes es un drama. Junto al conflicto jurídico que suele conllevar cualquier tipo de procedimiento judicial también hay un padecidimiento psíquico y emocional. Los problemas que tiene una persona en temas de familia o laboral, es de lo que más le quita el sueño. Por eso cualquier dilación, que en muchos casos significa aplazamientos de seis o hasta nueve meses, esa pena de banquillo'a la que se condena a la ciudadanía como consecuencia de esa falta de diálogo entre el Ministerio y los respectivos operadores que reivindican cualquier tipo de mejora redunda en un menoscabo trascendental para la ciudadanía.

¿Y desde el punto de vista de la abogacía?

Hay impactos diversos. El profesional tiene un impacto económico. De hecho ya hemos comenzado a ver distintos expedientes de regulación de empleo en no pocos despachos como consecuencia de la huelga de letrados de la administracion de justicia. Muchas veces el cobro de honorarios va ligado a la consecución o desarrollo de determinadas fases procesales. Es decir, se cobra un porcentaje en el momento de la encomienda del caso y otro tanto en el momento de la audiencia previa o del señalamiento y otro tanto al celebrar el procedimento. Es una práctica muy habitual y si no se produce el señalamiento y no se resuelve el caso, ello significa en un parón en la facturación que se traduce en colapso de los despachos.

¿Qué se puede hacer desde el colegio? ¿Se puede mediar de algún modo?

La Ley de Colegios profesionales establece en su articulado que uno de los objetivos del colegio es servir los intereses de los consumidores y usuarios, que son nuestros clientes. En ese sentido, cualquier intervención que pueda realizar el colegio, la desarrollará.

En el caso de los letrados de la administración de justicia se nos pidió intervenir y estuvimos reunidos con todos los grupos parlamentarios, entendiendo que tenían una corresponsabilidad dentro de su función de control parlamentario. Si la ministra no actúa, los demás grupos parlamentarios tienen la obligación de exhortarle a la ministra una solución. Tambien hemos recibido al comité de huelga de los funcionarios y siempre que nos soliciten estamos proclives a esa intervención. Pero para que la mediación tenga éxito tiene que ser aceptada por las dos partes.

"Si la ministra no actúa, los demás grupos parlamentarios tienen la obligación de exhortarle a la ministra una solución".

Saliendo del tema de las huelgas, la reunión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con la Asociacion de Fiscales, de tendencia conservadora, y las cosas que allí se dijeron respecto al Gobierno han causado un gran revuelo. ¿Qué opinión le merece dicho encuentro?

Yo creo que este tipo de reuniones son habituales y a mí no me escandaliza en absoluto, tanto por unos como por otros. Forman parte del diálogo institucional que se establece con representantes de la Fiscalía en este caso. Veo natural y saludable que haya ese contacto.

¿Qué es lo que necesita de forma más urgente la Justicia en España para dejar de ser como se dice desde diversos ámbitos la "cenicienta" de la Administración?

La justicia es un enfermo grave de uno de los tres poderes del Estado, y eso significa que tenemos que hacer una reflexión profunda cuando tenemos a uno de los tres pilares del Estado con una enfermedad grave, lo que precisa medios extraordinarios. Y eso es lo que no se acaba de ver. Se necesita ese pacto de Estado capaz de articular un criterio coincidente con todos los grupos políticos para darle estabilidad. Se necesitan determinadas reformas de carácter organizativo que consigan una justicia más ágil y más próxima al ciudadano. No deja de ser también una paradoja que en un momento en el que este Gobierno ha impulsado importantísimas reformas normativas nos encontremos con esta gravedad del enfermo.

"Tenemos que hacer una reflexión profunda cuando tenemos a uno de los tres pilares del Estado con una enfermedad grave, lo que precisa medios extraordinarios".

¿Qué se puede aportar desde los colegios profesionales para mejorar la justicia?

La visión más práctica de la realidad social que a veces no son capaces de ver desde el arco parlamentario. Entre otras razones porque no tienen la proximidad con la sociedad civil que tiene el colegio de la abogacía y tampoco la especialidad que se tiene desde el ámbito jurídico.