Ángel Muñoz Marín: "Nunca nos fijamos en cómo está un trabajador sobre el andamio, falta cultura preventiva"

Los accidentes mortales ocurridos en el centro de trabajo fueron en 2022 un total de 679, un centenar más que el año anterior, mientras que los accidentes graves sumaron 3.801, según los datos más recientes del Ministerio de Trabajo. A la luz de estas cifras, El PERIÓDICO DE ESPAÑA entrevista a Ángel Javier Muñoz Marín, veterano fiscal especializado en derecho social y siniestralidad laboral que el pasado 27 de marzo tomo posesión como fiscal de sala de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sustituye a Félix Pantoja, que dejó el cargo tras jubilarse a el pasado diciembre y, en la senda iniciada por su predecesor, reclama un cambio del Estatuto Fiscal para que su departamento pueda perseguir más conductas delictivas, ampliando sus competencias a todas aquellas que el Código Penal incluye bajo el epígrafe de delitos contra los trabajadores.

Este departamento antes se llamaba de Siniestralidad Laboral. Ahora usted es el nuevo fiscal de sala de Seguridad y Salud en el trabajo. ¿Qué significa este cambio nominativo?

El anterior nombre era incluso siniestro, pero el nuevo abarca lo que realmente hacemos. Hablar de siniestralidad sin más señala solo algo concreto, pero aquí queremos velar por la seguridad de los trabajadores. La idea es ampliar las competencias y funciones de la unidad, abarcar la persecución de más delitos y no centrarnos solo en los accidentes de trabajo. También el acoso laboral, que no es más que violencia en el trabajo.

¿Qué normativa debería cambiar para que puedan ampliar esas competencias?

Para hacerlo, debería haber una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. 

"Nos gustaría poder abordar el acoso laboral, que es violencia en el trabajo" 

¿Cómo encara su nuevo puesto?

Personalmente, estoy muy feliz porque llevo en la materia 17 años, más 8 en la jurisdicción social, es decir, toda mi carrera ha estado dedicada al mundo del trabajo y los trabajadores. Para mí es un reconocimiento personal muy importante.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

Debemos hacer lo posible para que los accidentes laborales disminuyan, puesto que en este último año han repuntado. En cuanto a los procedimientos, el eje fundamental ahora mismo es el de unificar criterios jurídicos, intentar acortar los plazos de instrucción y de enjuiciamiento, además de dar a las víctimas las indemnizaciones y visibilidad que merecen.

¿Cree que las víctimas de la siniestralidad son las grandes olvidadas de la justicia?

Sí. Las propias víctimas dicen que nadie se acuerda de ellas. Vemos las noticias sobre accidentes de seguridad vial y violencia de género pero sobre accidentes laborales son noticias locales, muy breves. Para remediarlo hay que hacer ver a la sociedad que los accidentes laborales existen, y que salir a trabajar no debe implicar no volver a casa, o volver en malas condiciones. Hay gente que no vuelve y eso es muy duro. Las familias se rompen porque al fin y al cabo, cuando uno fallece, ese sustento económico de la familia falta, y si hay que esperar cinco o seis años para que esas personas cobren esas indemnizaciones, esos años son durísimos. 

Existe entonces cierto silencio social...

Sí. Es necesario agilizar las indemnizaciones a las víctimas, que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda hacerse provisionalmente cargo mientras se tramita el procedimiento. Se trata de una propuesta que en su día trasladamos al Ministerio de Trabajo, y nos dijeron que lo estaba valorando Hacienda, con el fin de evitar que tengan que esperar cinco años solo con las prestaciones por capacidad, mientras se sustenta la vía penal.

Se tarda una media de cinco años en obtener sentencia. ¿Cuál es la razón?

Aunque la mayoría se sustancia en tres o cuatro años, otros procedimientos pueden llegar a extenderse durante más de una década, lo que es inadmisible. La razón es su complejidad, como cuando un edificio colapsa y se cae cuando lo están construyendo o rehabilitando, porque las pericias son muy complicadas. Pueden tardar meses, y cuando hay muchas partes se complica la instrucción.

¿Cuántas condenas se dictan anualmente en España en este campo y por qué delitos?

A lo largo de 2021, la última estadística disponible, se presentaron 542 escritos de acusación y se dictaron 255 sentencias condenatorias y 65 absolutorias. Las causas más numerosas son en construcción (caídas y atrapamientos) y luego el sector servicios, que por el volumen de trabajadores sale un número de accidentes muy alto, y detrás industria y los accidentes agrícolas.

Lo que observamos es que en muchos accidentes se repite el mismo modus operandi. Por ejemplo, ocurre mucho cuando un trabajador sube a cambiar las planchas que cubren el tejado, que no se pueden pisar porque son frágiles, pero lo hacen y caen. Sigue pasando, a pesar de que las medidas para evitarlo son sencillas. Es como un 'déjà vu' empiezas a leer las líneas de los documentos que te presentan y ya sabes lo que va a pasar, y lo mismo en el caso de los atrapamientos en máquinas, se suelen repetir.

¿Cómo se puede seguir avanzando en prevención de riesgos laborales?

La realidad es que cuando llegamos los fiscales ya es tarde. Todos los expertos coinciden en que la ley de prevención del 95 hay que cambiarla. Fue muy buena, pero han pasado ya muchísimos años. Hay nuevas situaciones que debe abordar el legislador, como la edad. Si queremos ampliar la jubilación por encima de los 65 habrá que ver qué incidencia tiene en los trabajadores a partir de esa edad desde el punto de vista de los riesgos laborales. No es lo mismo trabajar en construcción o en un despacho.

"Si queremos ampliar la jubilación por encima de los 65 habrá que ver qué incidencia tiene en los trabajadores desde el punto de vista de los riesgos laborales"

Lo único que puede mejorar la situación es que la sociedad tenga cultura preventiva. La tenemos en seguridad vial, donde vamos aprendiendo. Si vemos que alguien se salta un semáforo en rojo, sabemos que está mal. En cambio, ni nos fijamos en cómo está un trabajador subido a un andamio. Esto se soluciona en los colegios, que asimilen desde pequeños que la prevención de riesgos es importante, porque en el futuro serán empresarios o empresarias, trabajadores y trabajadoras.

Por tipo de empresas, sigue habiendo más siniestralidad en las Pymes ¿Por qué?

Por una diferencia en la inversión. En empresas muy pequeñas, de un autónomo con dos o tres trabajadores, el dueño de la empresa se pone muchas veces en la misma situación de riesgo que sus operarios, por falta de cultura preventiva y medios. Las grandes empresas suelen invertir más, aunque también tienen accidentes.

¿Cree que sería necesario un pacto por la seguridad en el Trabajo?

Siempre lo hemos dicho. Se han puesto muy de moda las leyes integrales, que lo que tienen de bueno es que son transversales. En todos los sectores jurídicos, sanitarios, económicos o sociales que afectan a una materia se legisla. Y aquí nadie se ha planteado hacer una ley integral sobre seguridad y salud en el trabajo, que sería fundamental. Con ello cuidarías, por una parte, la cultura preventiva, a las víctimas, aspectos socio-sanitarios y acceso a psicólogos. Como se hizo con violencia de género, se precisaría un pacto de estado que lleve a una ley integral en la que todos los operadores se pongan de acuerdo. Para conseguirlo tendrían que hablar, Gobierno, empresarios, sindicatos y que contaran con nosotros.

"Aquí nadie se ha planteado hacer una ley integral sobre seguridad y salud en el trabajo que sería fundamental"

¿Qué más reclama?

Además de reformar la Ley de Prevención, habría que reforzar la plantilla destinada a labores de inspección de trabajo. También sería muy positiva la creación de secciones de policía judicial especializadas. Se trata de asuntos que pueden impulsarse en el seno del convenio firmado por los ministerios de Justicia, Interior, Trabajo, el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía, para coordinarse en la investigación de accidentes laborales.